La Junta reitera que el sector agroalimentario “está obligado” a impulsar la bioeconomía para aprovechar todos los recursos
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido en que “el sector agroalimentario y el mundo rural están obligados a dar respuesta al reto de la transición hacia la bioeconomía y la economía circular”, ya que generan al año más de 15 millones de toneladas de residuos que hay que saber reaprovechar. Para facilitar esta tarea, el departamento que dirige está aportando herramientas, que van desde la Estrategia Andaluza de Bioeconomía a la Ley de Agricultura, pasando por la labor investigadora y formativa que está impulsando el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa).
El objetivo de estas medidas, ha recordado, es la optimización de la gestión de restos vegetales, subproductos y residuos agrarios y agroalimentarios, así como la reducción, valorización y aprovechamiento de la biomasa de origen agrario. A ello se une el uso energético, para la alimentación animal o como parte de otros procesos productivos de esta biomasa.
En la inauguración del curso ‘Bioeconomía como nuevo paradigma de desarrollo sostenible’, organizado por la Universidad de Almería (UAL), Sánchez Haro ha recordado que las principales fuentes de recursos biomásicos en Andalucía están en el sector agrario y pesquero, y su industria de transformación y comercialización, que en conjunto generan más de 15 millones de toneladas de estos residuos. El sector agrario, por lo pronto, produce al año ocho millones de toneladas, el 40% de las cuales tiene su origen en el olivar y en los cultivos protegidos bajo invernaderos.
Precisamente para los hortícolas bajo plástico la Consejería de Agricultura tiene en ejecución una ‘Estrategia para la gestión de los restos vegetales’ que incluye, entre otras actuaciones, una ayuda agroambiental (con 8,9 millones de euros de presupuesto y 1.000 beneficiarios) para el uso de rafia biodegradable para procurar recursos biomásicos de mejor calidad. Asimismo, desde la Junta se está financiando la adquisición de trituradoras de restos por los agricultores, mientras que el Ifapa ha incorporado en su programa formativo y de transferencia tecnológica un módulo de formación y dos jornadas técnicas sobre subproductos y gestión.
Por su parte, la agroindustria de Andalucía, constituida por 7.000 empresas, también es capaz de generar 6,8 millones de toneladas anuales de recursos biomásicos. A esto se añade que los productos residuales forestales alcanzan las 300.000 toneladas “y también son fuentes de biomasa, con diversas posibilidades y aplicaciones en el ámbito de la bioeconomía, los descartes de la pesca y el cultivo de algas”.
Nuevos modelos de negocio
Para seguir avanzando en esta línea, el consejero ha admitido que, “en cuanto a la industrialización de los productos, es necesario generar modelos de negocio para las industrias agroalimentarias andaluzas y promover los mercados destino para los bioproductos”. Todo este proceso hacia la creación de nuevos modelos productivos, ha apostillado, “debe estar sustentado en un sistema de I+D+i+F en el que las universidades tienen un papel fundamental como agentes generadores de conocimiento y desarrollo tecnológico”.
“Queda mucho que hacer”, ha reconocido Sánchez Haro, de ahí que se facilite esta transición con una herramienta como la Estrategia Andaluza de Bioeconomía, “que es el planteamiento estratégico que tiene la Junta de Andalucía para impulsar, desarrollar y expandir este modelo económico”. A esto se une la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, actualmente a debate en el Parlamento de Andalucía, que incluye entre sus disposiciones el manejo adecuado de los recursos biomásicos del sector agrario y su industria, para facilitar así este tránsito hacia la bioeconomía.
El titular andaluz de Agricultura ha recordado que, como actuación previa, en la Consejería se ha contado con la experiencia del proyecto ‘Andalucía. Región demostrativa en química sostenible en Europa’. A esto se une la participación, en algunos casos liderando las iniciativas, en cuatro proyectos internacionales de innovación, el primero de los cuales (Reinwaste Interreg) persigue la reducción de los residuos inorgánicos en la agricultura y la industria alimentaria, mientras que el segundo (ICT-Biochain H2020) busca el desarrollo de centros de innovación digital para examinar las oportunidades de las nuevas tecnologías disruptivas en las cadenas de suministro de biomasa.
El tercero de estos proyectos (Power4BIO H2020) impulsa el fortalecimiento de las regiones de la Unión Europea en las decisiones para el uso de la biomasa y la transición hacia la bioeconomía. Por último, la iniciativa Symbi Interreg apuesta por aumentar las simbiosis industriales en el ámbito de la economía circular.
Prioridad estratégica
Sánchez Haro ha resaltado que el compromiso de la Junta no queda ahí, ya que la bioeconomía ha constituido, además, “una prioridad estratégica en la aplicación de las políticas de impulso de la innovación, la creación y puesta en funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agrario”. Hasta la fecha han contado con 10,8 millones de euros, unas ayudas que en los próximos meses se completarán con un presupuesto adicional de 16 millones de euros.
Por último, el consejero ha subrayado el papel fundamental que está jugando el Ifapa, que ha incorporado entre sus actuaciones la bioeconomía como nuevo reto científico. Asimismo, ha impulsado proyectos de investigación en cultivos energéticos y biomasa con plantaciones leñosas de rotación corta y está participando en muchos de los proyectos internacionales de innovación que se están ejecutando en esta nueva disciplina.
Agricultura refuerza su compromiso con el “deber moral” de evitar el “intolerable” desperdicio de alimentos
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz con el “deber moral” de evitar el desperdicio de alimentos. Lo ha hecho en el marco de una visita, en Roquetas de Mar, al Banco de Alimentos de Almería para, como ha expuesto, estrechar los lazos de una colaboración “solidaria” y avanzar “juntos” hacia el modelo sostenible de la economía circular y la bioeconomía.
Sánchez Haro ha apuntado que la buena gestión de los excedentes alimentarios, con el consumo humano como “objetivo primero”, es una de las prioridades marcadas por la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, ya en trámite parlamentario. El texto apuesta por la recuperación de esos productos para que, desde las superficies comerciales y el resto de operadores, lleguen hasta entidades sin ánimo de lucro para su redistribución; o bien, para su destino al compostaje o a otro uso que suponga una reutilización. Todo ello sin olvidar, ha añadido el consejero, el reto de la reducción de desechos en los procesos de transformación.
La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía también fomenta otras iniciativas como el uso de los productos locales y regionales y de temporada en los servicios de restauración y en los comedores colectivos. De igual modo, la norma pone el foco en la promoción de los canales cortos y la venta directa como una “oportunidad”.
Desde la óptica de Rodrigo Sánchez, en definitiva, es importante que “todos caminemos en esa línea”, desde las Administraciones, las organizaciones humanitarias, la industria agroalimentaria y la sociedad en general, para combatir una realidad que define como “muy preocupante”. El consejero ha aludido con ello a la situación “intolerable” de que un tercio de los alimentos a nivel mundial, en torno a 1.300 millones de toneladas al año, acabe desechado. En España se desperdician 7,7 millones de toneladas cada ejercicio. De ellas, 6,2 millones, el 80%, se genera fuera de los hogares.
Alianza con los Bancos de Alimentos
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural colabora con los Bancos de Alimentos a través de las ayudas a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), que, bajo el paraguas de los programas operativos y las medidas excepcionales de gestión de crisis por el veto ruso, retiran parte de su cosecha para su distribución gratuita. Así, en 2017, se repartieron 4.738.593 kilogramos de productos por un importe de 3.591.277 euros.