Es Andalucía: «El gran consumo crece un 13,9% mientras cae la renta de los agricultores y suben los insumos»
Según la consultora Kantar Wordpanel el mercado de gran consumo sigue creciendo a doble dígito, en lo que llevamos de año, un 13,7% más respecto al mismo periodo de 2019, y prevé cerrar el año 2020 con un crecimiento del 14,7%. Es decir, un considerable incremento del crecimiento si lo comparamos con periodos anteriores en los que estaba en torno al 1%. Para el próximo año 2021, espera que el mercado de gran consumo alcance un crecimiento de alrededor del 9,4% respecto de 2019.
Las causas que motivan este comportamiento, según el análisis de esta consultora, se debe al factor miedo, los confinamientos parciales, el teletrabajo, y la campaña de Navidad, siendo el canal online y los supermercados regionales los grandes beneficiarios de esta situación.
Dentro del gran consumo, destaca el sector bebidas con mejor previsión de crecimiento al cierre de año, mientras que la categoría de frescos y alimentación envasada presentará una buena tendencia, aunque más moderada.
Sin embargo, según los datos que ofrece Insight View, el 19% de las empresas industriales dedicadas al procesado y conservación de frutas y hortalizas se encuentran en un nivel máximo o elevado de impago. De hecho, destaca que, del análisis de las cuentas agregadas de estas empresas, se observan márgenes muy ajustados, ligeramente por encima del 2%, lo que incrementa las tensiones sufridas por la cadena de valor en el riesgo de crédito de estas empresas, que tienen pequeño tamaño (un 79% tienen menos de 10 empleados) y baja competitividad, a la vez que compiten con grandes grupos industriales y venden su producción a grandes empresas de la distribución. La cuestión es que, el 23% de las industrias transformadoras y el 20% de las empresas de servicio de este sector hortofrutícola se concentran en Andalucía.
Todo esto contribuye de manera alarmante, a incrementar la brecha de precios entre productores y consumidores, que en el mes de julio alcanzó un 47% más que en el mes de febrero. Un hecho que lo constata es el Índice de Precios en Origen y Destino del mes de septiembre, en el que el precio en destino de la patata supera en más de once veces al de origen, el de las aceitunas verdes más de siete veces y media, y más de seis veces para el ajo, la cebolla o la uva de mesa.
Pero, además, a esta crisis de precios en origen cada vez más generalizada en todos los sectores y especialmente en el lácteo, vino, aceite, o las hortícolas, hay que sumar el incremento de los costes de los insumos agrícolas, que según los últimos datos del Ministerio de Agricultura ascendió hasta los 24.101 millones de euros, un 3,2%, y a la vez, el descenso de la renta agraria en un 8,4% hasta los 26.234 millones de euros.
Por esta razón, que en una ley de Cadena Alimentaria indique que los precios deben estar por encima de los costes es reconocer que nuestros productos tienen un valor y debe pagarse. Pero además implícitamente, es la confirmación de que, precisamente esto no se hace, no al menos en todos los casos.
Por tanto, a priori, la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria ha llegado con buenas intenciones tras el contundente proceso de movilizaciones emprendido por todo el sector agrario unido, como nunca antes, por la situación de ruina derivada de unos precios hundidos en origen, una situación que continúa acrecentándose.
Sin embargo, nadie en principio, estará en contra de unos precios mínimos en origen que garantice a los agricultores y ganaderos cubrir costes, remunerar su actividad y obtener un beneficio digno por llevar a cabo su actividad profesional, generar empleo, sacar sus familias adelante y mantener unos pueblos vivos.
Pero, esta reivindicación recogida en la Ley de Cadena se encuentra cada vez más diluida, ya que fijar precios mínimos (que defendemos y hemos defendido desde ES Andalucía), es desde el punto de vista jurídico, difícilmente compatible con un mercado de libre competencia como el de la Unión Europea.
En este sentido se ha mostrado la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC) que el pasado 22 de septiembre remitió un informe al MAPA pidiendo mayor precisión sobre los costes de producción en los precios de los contratos agroalimentarios del anteproyecto de Ley de Cadena Alimentaria. A lo que debemos unir las dificultades en esta cuestión del país galo para sacar adelante una iniciativa que originalmente generó grandes expectativas, o también, la presión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para mantener el sector productor exento de intervenciones.
Por tanto, en un contexto de recortes de la PAC, el panorama no pinta bien para el sostenimiento de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos, ni para el mantenimiento de unos sistemas sostenibles, ni el impulso socioeconómico de nuestros municipios, ni la fijación de población rural o el relevo generacional de la actividad.
En este sentido, urge más que nunca exigir a nuestros representantes mantener una intensa actividad política, tanto en la mesa de negociación con el MAPA como en los grupos de trabajos para la elaboración de los planes estratégicos de la futura PAC, para ampliar y concretar otros muchos aspectos que reequilibren, de manera definitiva, la cadena de valor.
Apremia sentarse a dialogar y consensuar estrategias alternativas y profundizar entre otros aspectos, en: el fomento del asociacionismo y el impulso de la vertebración del sector productor; una verdadera promoción de canales cortos, el comercio online o el delivery desde el campo al consumidor, y una autentica digitalización rural; una verdadera persecución de las ventas a pérdidas y la detección de prácticas comerciales desleales, así como el establecimiento de instrumentos que aporten mayor información y transparencia a los mercados; un control efectivo de las cuotas de entrada de terceros países y reciprocidad en la producción y elaboración de los productos importados; una estrategia de control que incremente el uso real de contratos agrarios; una estrategia a corto y largo plazo de campañas de promoción en terceros países al alcance de todos los productores; elaboración de campañas de información y sensibilización a los consumidores de las bondades de nuestros productos y la responsabilidad social en sus compras; el impulso real de la innovación; y un sinfín de medidas concretas y pragmáticas que alivie de una vez, la enorme asfixia económica de nuestros productores.
La Organización de entidades de la Economía social Agroalimentaria de Andalucía ES Andalucía vela por los intereses de sus asociados. Desde ES Andalucía, mantenemos un dialogo constante con las instituciones para promover iniciativas encaminadas a la mejora social, laboral y económica de sus asociados, además de ofrecer asesoramiento sobre novedades en los distintos sectores agroalimentarios.
Fuente: ES Andalucía