UPA Andalucía reclama una planificación hidrológica valiente, más social y realista para garantizar el futuro agrario y del medio rural
En sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del cuarto ciclo hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la organización exige más infraestructuras, modernización, reutilización de aguas regeneradas y una gestión del agua justa y equilibrada
Amplio paquete de medidas. UPA Andalucía presenta alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del cuarto ciclo de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del regadío, reforzar la seguridad hídrica y asegurar el futuro económico y social del medio rural andaluz, porque la planificación hidrológica será decisiva en los próximos años para afrontar los efectos del cambio climático, mantener la actividad agraria y garantizar la cohesión territorial en una cuenca especialmente vulnerable a los periodos de sequía y a los fenómenos meteorológicos extremos.
El vicesecretario general de Desarrollo Rural y Agua de UPA Andalucía, Roque García, que ha presentado las alegaciones ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir junto a la responsable jurídica de la Organización, Pilar Prieto, explica: “El regadío no es el problema; es parte de la solución para sostener el empleo, fijar población y garantizar la producción de alimentos en el medio rural. Necesitamos una planificación hidrológica realista, con inversiones, infraestructuras y criterios sociales en el reparto del agua que permitan compatibilizar la protección ambiental con la actividad agraria”; y subraya que el regadío representa un modelo productivo sostenible, rentable, generador de empleo y estratégico para la economía andaluza, además de ser una herramienta fundamental para amortiguar los efectos presentes y futuros del cambio climático.
Entre las principales alegaciones que hemos presentado destaca la necesidad de garantizar la satisfacción de las demandas de uso agrario, impulsar nuevas infraestructuras hídricas y culminar el proceso de modernización de regadíos, teniendo en cuenta que la eficiencia del riego en muchas zonas de la cuenca ya supera el 80%. En este sentido, reclamamos una apuesta decidida por la construcción y mejora de balsas laterales, microembalses y obras de regulación, así como la puesta en marcha o actualización de infraestructuras estratégicas como la presa de San Calixto, la Cerrada de la Puerta o el recrecimiento del embalse del Agrio. “Si queremos hablar de ahorro y eficiencia hídrica, debemos seguir modernizando regadíos y adaptar las concesiones a las necesidades reales mediante una revisión justa y técnica de los títulos concesionales”, explica Roque García.
También rechazamos frontalmente los mercados del agua y defendemos el fortalecimiento de bancos públicos del agua gestionados bajo criterios sociales y de interés general. Del mismo modo, reclama que los posibles trasvases se aborden desde la cohesión y el equilibrio territorial, garantizando la solidaridad entre territorios y sectores. Otro de los ejes fundamentales de las alegaciones es el impulso a la reutilización de aguas regeneradas, porque consideramos imprescindible que todas las estaciones depuradoras puedan destinar agua regenerada al regadío, evitando además el impacto ambiental derivado del vertido de nitratos y fosfatos a cauces y embalses. “Las aguas regeneradas deben convertirse en un recurso estratégico para la agricultura y para la sostenibilidad ambiental de la cuenca”, sostiene Roque García. Asimismo, demandamos la construcción, puesta en marcha y actualización de desaladoras, así como un sistema tarifario más justo y adaptado a la realidad del regadío. Entre sus propuestas figura una tarificación volumétrica que incentive el ahorro real de agua, junto a una diferenciación tarifaria y un sistema eléctrico específico para regadío que favorezca las energías renovables y el autoconsumo.
En materia ambiental, es clave revisar la implantación de los caudales ecológicos para adecuarlos a la realidad hidrológica de cada tramo de río y a las características específicas de la cuenca del Guadalquivir. Además, la organización reclama que el coste de dichos caudales sea asumido por toda la sociedad y no únicamente por los agricultores y regantes.
“Los agricultores no pueden soportar en solitario el peso económico y social de las exigencias ambientales. La protección del medio ambiente debe ser una responsabilidad colectiva”, defiende Roque García. También pedimos acelerar los procesos de regularización y ordenación de aguas subterráneas y resolver expedientes históricos pendientes en la cuenca, entre ellos la regularización del Guadajoz, las 8.500 hectáreas de Jaén o diferentes zonas regables que llevan años pendientes de resolución administrativa. En paralelo, desde UPA Andalucía insistimos en la necesidad de reforzar la gobernanza del agua, incrementando la participación de los usuarios en los órganos de decisión y dotando a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de más medios personales y técnicos que permitan agilizar expedientes y mejorar la gestión. Al respeto, Roque García concluye: “El agua necesita planificación, inversión y diálogo permanente con quienes viven y trabajan en el territorio. Sin agricultores no hay medio rural, y sin agua no hay agricultura”.
Fuente: UPA Andalucía