El Ministerio de Agricultura convoca ayudas por más 33 millones de euros para impulsar la integración asociativa de cooperativas

Estas ayudas contribuyen a la integración de los primeros eslabones de la cadena alimentaria con el fin de reforzar su posición negociadora

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica, hoy, la convocatoria de ayudas para la integración de entidades asociativas prioritarias (EAP), a través de inversiones, materiales o inmateriales, en el campo de la transformación, comercialización o desarrollo de productos agroalimentarios. Se trata de la primera convocatoria que se realiza en el marco del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) y cuenta con una dotación de 33,3 millones de euros para proyectos que se ejecuten entre 2025 y 2026.

El plan estratégico nacional de la PAC prevé otras dos futuras convocatorias por el mismo importe, lo que supondrá una inversión total de 100 millones de euros dirigida al objetivo de favorecer la integración de entidades asociativas, aumentar la dimensión económica de las explotaciones y reducir la atomización del sector.

La financiación de estas ayudas corresponde en un 43 % al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 57 % al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las solicitudes se pueden presentar, en un plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación en el BOE y los proyectos susceptibles de subvención podrán ejecutarse hasta el 1 de septiembre de 2026. El importe máximo de las ayudas será de cinco millones de euros y cubrirá el 65 % en el caso de las entidades asociativas prioritarias y el 50 % en el caso de entidades mercantiles participadas por una EAP.

IMPULSO A LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA

De este modo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación potencia la creación de estructuras empresariales agroalimentarias de economía social más competitivas, mejor redimensionadas, modernas e internacionalizadas. La finalidad es mejorar los procesos de transformación y comercialización de productos agroalimentarios que efectúan las 21 entidades asociativas prioritarias constituidas en España y sus sociedades participantes.

Además, es una política que contribuye al fomento de la integración de los primeros eslabones de la cadena alimentaria, con el fin de reforzar su posición negociadora en las relaciones comerciales.

El propósito de las medidas de apoyo es fortalecer el papel de las cooperativas agroalimentarias, dotándolas de mayor capacidad para concentrar la oferta. Estas ayudas se alinean con la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) en su objetivo de dar respuesta a los desafíos de abastecimiento estratégico y de los sistemas agroalimentarios sostenibles.

Dentro de las inversiones para la transformación, comercialización o desarrollo de productos agroalimentarios, destacan las orientadas a la reducción del desperdicio alimentario, a la introducción de tecnologías digitales en las empresas, a la disminución de las emisiones de GEI, a la mejor gestión de los recursos hídricos en la industria y al aprovechamiento de subproductos, tratamiento y valorización.

21 ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS EN ESPAÑA

La puesta en marcha de estas ayudas da continuidad al antiguo Plan Nacional de Desarrollo Rural (2014-2022) que contó con una excelente acogida y supuso la concesión de cerca de 250 millones de euros para 269 proyectos.

En 2023, el ministerio culminó una reforma del marco normativo sobre estas entidades con el fin de impulsar proyectos de ámbito supraautonómico. España cuenta actualmente con 21 Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas oficialmente, que agrupan a 129.037 socios y generan una facturación conjunta superior a los 8.500 millones de euros, incluyendo sus empresas participadas.

Hay disponible más información sobre estas ayudas en este enlace.

El Gobierno aprueba una nueva norma de calidad para modernizar el sector de los aceites vegetales comestibles en España

La nueva norma permite la producción de aceites de cualquier fruto o semilla de uso comestible autorizado, cuando hasta ahora estaba limitada a solo ocho

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la norma de calidad de los aceites vegetales, que actualiza la vigente reglamentación técnico-sanitaria sobre estas grasas comestibles, en vigor desde 1983. Esta esperada revisión responde a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad actual del sector y a las nuevas demandas de los consumidores, tras más de 40 años sin cambios significativos.

Así, la nueva norma abre el reconocimiento de aceites vegetales a nuevas materias primas, que hasta ahora estaban limitados solo a ocho refinadas (soja, girasol, cacahuete, algodón, germen de maíz, colza, cártamo y pepita de uva), lo que generaba una clara desventaja competitiva para la industria española frente a productos elaborados en otros países de la Unión Europea (UE).

La nueva norma permite la producción en España de aceites elaborados a partir de cualquier fruto o semilla autorizada para uso alimentario en la UE, como el aguacate o la nuez.

Además, por primera vez se permite la elaboración y comercialización de aceites vegetales obtenidos mediante procedimientos mecánicos (aceites de presión), que conservan mejor el aroma y sabor natural del fruto o semilla.

  • Las etiquetas deberán identificar claramente si se trata de aceites de presión, que se permiten por primera vez, o refinados

La norma preserva el uso de la denominación virgen o virgen extra para los aceites de oliva, tal como establece la norma de calidad de éstos, vigente desde el año 2021. También se impide la mezcla de los aceites vegetales con los aceites de oliva.

En cuanto a criterios de etiquetado, los productos deberán identificarse claramente como “aceites de presión” o “aceites refinados” y, en el caso de las mezclas se deberá indicar si alguno de los componentes ha sido refinado. Se podrán incluir menciones voluntarias como alto oleico o medio oleico cuando proceda.

  • Los términos virgen y virgen extra se mantendrán exclusivamente para el aceite de oliva y quedan prohibidas las mezclas con éste

La norma introduce nuevos parámetros y métodos de análisis para evitar fraudes, garantizar la autenticidad del producto y proteger al consumidor.

El nuevo texto legislativo ha sido desarrollado con un alto grado de consenso entre las autoridades competentes de las comunidades autónomas y los representantes del sector, y representa un importante avance hacia una industria más moderna, competitiva y transparente.

Fuente: Ministerio de Agricultura