Carmen Ortiz advierte del perjuicio que inflige el Gobierno a Andalucía al derivarle la sanción europea por las ayudas en zonas de pastos
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha advertido en comisión parlamentaria del «perjuicio económico» que va a provocar la decisión del Gobierno central de derivar a las comunidades autónomas la sanción de 262,8 millones de euros que le impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos. El acuerdo de trasladar su pago, adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, afecta a once regiones. En el caso de Andalucía, la Junta tendría que hacer frente a la devolución de 63,7 millones de euros.
La sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso. El Ejecutivo central descarga en las comunidades la responsabilidad por este error, referido a las campañas entre 2009 y 2013, y pretende descontarles los importes en un plazo de dos meses si se niegan a asumirla.
Para Carmen Ortiz, esta determinación “va a traer graves consecuencias para los contribuyentes andaluces», ya que podría acarrear el bloqueo de los envíos de fondos con la consiguiente imposibilidad de abonar 1.400 millones de euros de ayudas directas a más de 260.000 agricultores y 90 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Además, ha explicado que entraña el riesgo «de que la devolución de esta cantidad tenga que hacerse a costa de tocar partidas tan sensibles y prioritarias como son la educación, la sanidad o los servicios sociales».
Por este motivo, ha explicado la consejera, «vamos a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, además de solicitar la suspensión cautelar de la ejecución del procedimiento». Esta iniciativa cuenta con el respaldo unánime de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias. La representante del Gobierno andaluz ha insistido en que esta corrección financiera que exige la Unión Europea es «consecuencia de haber aplicado una normativa básica nacional que, según la Comisión, no es adecuada, por lo que debe ser asumida por la Administración General del Estado».