Fernández-Pacheco destaca la Ley de Economía Circular de Andalucía como “respuesta responsable al cambio climático”

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández- Pacheco, ha comparecido hoy a petición propia en el Parlamento de Andalucía donde ha expuesto los ejes de actuación del Gobierno andaluz para el desarrollo de la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía, una herramienta legislativa pionera en el territorio nacional y parte del arco mediterráneo y que ha valorado como “la respuesta responsable ante el desafío al que se enfrenta Andalucía: el cambio climático”.

En esta línea, el consejero ha destacado que el nuevo modelo circular se sustenta en dos ejes; por un lado, en el desarrollo de una regulación normativa para dotar de marco legal a empresas e instituciones; y, por otro, en un paquete de medidas, actuaciones e inversiones para hacer efectivo el modelo circular.

De esta forma, Fernández-Pacheco ha anunciado que el nuevo Reglamento de Residuos y Fomento de la Economía Circular -un instrumento normativo que cumple el triple objetivo de actualizar la regulación en materia de residuos, cumplir con la normativa europea y estatal y desarrollar reglamentariamente la Ley de Economía Circular de Andalucía-, se encuentra en fase de redacción tras culminar la fase de consultas públicas previas.

De igual manera, el consejero ha anunciado que en los Presupuestos de 2024 se prevé una asignación para la puesta en marcha de la Oficina de Economía Circular y que, además, ya se ha iniciado la tramitación para su creación, así como la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para dotarla de personal.

• Anuncia que la Oficina de Economía Circular se pondrá en marcha próximamente e informa de que el Reglamento de Residuos está en proceso de redacción tras culminar la fase de consultas públicas

Más de 164 millones para impulsar el modelo circular

Por otro lado, el consejero ha destacado el plan de inversiones económicas que su Departamento ha movilizado al destinar más 164 millones de euros para hacer efectivo el modelo circular en Andalucía. De este modo, se han destinado más de 110 millones en ayudas a entidades locales para la mejora de la gestión de los residuos y biorresiduos de los ayuntamientos y entidades locales para garantizar el cumplimiento de los objetivos comunitarios.

Del mismo modo, ha puesto en valor la inversión de 48,4 millones para la construcción de puntos limpios en todas las provincias, sellado de vertederos y estaciones de transferencias de residuos, además del Proyecto Piloto de la Sierra de Cádiz y la Planta de Compostaje de Villamartín; así como otros 5,5 millones destinados al Plan de Puntos Limpios (Plan PLA).

Alianza con los ayuntamientos y las empresas

En este sentido, ha incidido en el esfuerzo de la Junta de Andalucía en materia de asesoramiento e inversión, tanto con los ayuntamientos como con las empresas andaluzas para la consecución de una Andalucía circular.

Asimismo, ha recordado las bonificaciones fiscales que favorecen a empresas o entidades registradas en el Sistema Andaluz de Compensaciones (SACE) o la reducción de hasta el 50% en los umbrales exigidos de inversión y empleo generado para aquellos proyectos que sean declarados de interés estratégico a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos (UPN), según los criterios específicos establecidos en el Capítulo V de la Ley de Economía Circular.

“Nos adelantarnos a los efectos del cambio climático, buscando no solo contrarrestar los efectos negativos, sino convirtiendo el desafío en una oportunidad, y ahí es donde entran nuevos nichos de negocio y creación de empleo verde en sectores de nueva irrupción”, ha subrayado.

Andalucía, referente en economía circular

Fernández-Pacheco ha mostrado su satisfacción porque las políticas andaluzas de economía circular son referente a nivel europeo. Así, el Comité Europeo de las Regiones ha reconocido oficialmente a Andalucía un total de 9 actuaciones ambientales como buenas prácticas, que han entrado a formar parte del mapa del Pacto Verde Europeo.

Además, Andalucía liderará y coordinará durante los dos próximos años el Grupo de Trabajo contra el Cambio Climático de las Regiones Periféricas y Marítimas, una red de cooperación intergubernamental que agrupa a más de 150 regiones, principalmente europeas.

De igual forma, el consejero ha destacado la creación del Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía, que se ubicará en Huelva, y que se constituirá como un punto de encuentro entre diferentes sectores y donde se investigará en materia circular y de gestión de residuos.

Por otro lado, ha recordado que la aplicación del principio de autosuficiencia a residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía introducido en la nueva ley “es un paso importante, puesto que se prohíbe que se sigan almacenando residuos peligrosos procedentes de fuera de nuestra tierra en cualquiera de los vertederos del territorio andaluz.

Gestión circular del agua

La Ley de Economía Circular posiciona a Andalucía como referente en el tratamiento de los residuos, pero también en el ciclo integral del agua. De este modo, la norma dedica un título especial a la gestión circular del agua para fomentar el uso del agua reciclada, donde se introducen medidas de uso racional y sostenible del agua, y la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas en las redes de distribución, así como iniciativas que contribuyan a la innovación en el rediseño y desarrollo de los procesos industriales que fomenten la reutilización.

“En la tierra más seca de Europa, la aplicación de criterios de circularidad del agua para su gestión es clave para afrontar el futuro con garantías”, ha detallado el consejero, quien ha destacado el impulso del Gobierno andaluz a las aguas regeneradas y a la eficiencia en el consumo como pilares fundamentales para paliar el déficit hídrico y ha incidido en que “Andalucía también es pionera en circularidad del agua, un modelo que pretendemos ampliar por todo el territorio con la cooperación entre administraciones y de la mano del sector privado”.

En este sentido, la norma prevé que las nuevas viviendas y edificios públicos deberán regirse por criterios de eficiencia y ahorro de agua; serán ecoeficientes y garantizarán el confort térmico y la reducción del consumo energético. Al igual que las nuevas urbanizaciones que deberán apostar por pavimentos permeables y medidas de recuperación y reutilización de aguas pluviales y el uso de tanques de tormenta, ha concluido.

Fuente: Consejería de Sostenibilidad