COAG comparece ante la Comisión de Hacienda del Parlamento para valorar el proyecto de Presupuestos 2017
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda del Parlamento para valorar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2017. Este año alcanzan los 33.239,509 M€ M€, lo que supone un 6,3% más que en 2016. La consignación presupuestaria para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se sitúa en 1.924.981.068 €, lo que supone un importante descenso cercano al 10% (9,87%).
Esta caída pone de manifiesto la extraordinaria dependencia que la política agraria andaluza tiene respecto a los fondos europeos, ya que la pérdida de presupuesto está directamente relacionada con el drástico recorte de fondos comunitarios que ha sufrido Andalucía, como consecuencia de la aplicación en España de la PAC, según el diseño del Ministerio de Agricultura, que provoca pérdidas de casi 100 millones por año sólo en el capítulo de pagos directos.
A la reducción de fondos de ayudas directas y asociadas hay que sumar una merma de 279 M€ para el período 2015/20 en los fondos de Desarrollo Rural. En esta materia es exigible a la Junta de Andalucía la máxima diligencia en la gestión de los fondos que evite la pérdida de un solo euro de dinero comunitario por falta de ejecución presupuestaria, como ha ocurrido en el periodo anterior, en el que se han dejado de ejecutar 154,7 M€ de FEADER, cuando Andalucía solo aporta el 14,4 % adicional a esa cantidad, con lo que se ha dejado de invertir 177 M€.
Los repartos injustos que hacen que nuestra Comunidad pierda recursos de la PAC o presupuestos para sus Políticas de Desarrollo Rural, así como la ineficiente ejecución presupuestaria se traducen en pérdidas de eficiencia, de relevo generacional, de modernización y de renta de nuestros agricultores y ganaderos, aspectos que deben ser las claves de la política agraria andaluza.
En ese sentido, desde COAG Andalucía siempre hemos defendido el mantenimiento de los presupuestos generados históricamente por cada región según su realidad productiva, de la misma forma que la UE respeta los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Igualmente, hemos pedido un modelo más justo de ayudas asociadas, la limitación de los pagos por beneficiario (topes) para una distribución más justa de las ayudas públicas de la PAC y un mayor apoyo a un modelo prioritario. Además, defendemos un pago redistributivo para apoyar las primera hectáreas de la explotación, como han implantado Francia, Alemania y otros países más en la UE para favorecer la generación de empleo y afianzar su modelo profesional.
Al margen de la PAC, Andalucía tiene competencias propias que afectan directamente al desarrollo del sector agrario y agroindustrial. En estos momentos se está iniciando la tramitación de una Ley de Agricultura que debe establecer los criterios generales y las orientaciones básicas en el ejercicio de esas competencias, a fin de que el sector agrario desarrolle todo su potencial productivo y generador de empleo, para lo que debe estar acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria.
Para nuestra organización esta Ley debe configurar un marco de simplificación administrativa y de seguridad jurídica que agilice la ejecución presupuestaria de las medidas dirigidas al sector agrario, un sector económico que en muchas ocasiones está sometido a una multiplicidad de trámites que se reiteran y que constituyen verdaderas trabas para el ejercicio de la actividad.
En el ámbito de la nueva Ley deben ocupar un lugar primordial las cuestiones de mercado, también de competencia exclusiva de nuestra comunidad, toda vez que la mayor parte de la renta de los agricultores y ganaderos procede de la venta de sus producciones. En este sentido, la Ley debe contribuir a eliminar las asimetrías entre sus diferentes eslabones y contribuir a garantizar la debida transparencia en todos ellos.
El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha recordado que el sector agrario ha sido clave en el crecimiento económico de Andalucía, pues es el sector que más ha crecido (un 5,5%) y es el principal responsable del superávit cercano a los 1.500 millones de euros de la balanza comercial andaluza (la balanza agroalimentaria tiene un superávit de más de 5.000 millones, que contribuyen así a compensar el dato general).
Por eso, COAG plantea que los presupuestos tienen que reflejar una apuesta decidida por el sector agrario como pilar estratégico para el fomento económico y la creación de empleo en Andalucía. En este sentido, la política agraria andaluza debe profundizar en políticas propias para favorecer la eficiencia energética, mantener la apuesta por la modernización y el relevo generacional y el equilibrio de las relaciones comerciales.
Esta organización agraria considera que las políticas públicas deben favorecer que el sector gane en eficiencia y mejore su rentabilidad, lo que pasa por reducir los costes. Para ello, esta organización agraria propone, entre otras cosas, apostar por las energías renovables y aplicarlas tanto a la producción como a la transformación, acabar con el oligopolio de los fertilizantes y potenciar el I+D+i para incrementar la transferencia efectiva de conocimiento del laboratorio al campo. Estratégicos son, asimismo, la modernización de estructuras productivas y el relevo generacional. COAG pide que se mantenga la apuesta de la Consejería de Agricultura por ellos, como claves para el futuro de la actividad agraria en Andalucía.
Otra de las medidas que COAG ha planteado es la necesidad de establecer unas relaciones comerciales justas, más equilibradas, en la cadena alimentaria, en un contexto comunitario de progresiva desregulación y eliminación de mecanismos de mercado. Hacer sostenible la cadena agroalimentaria constituye una oportunidad para el desarrollo tecnológico, la creación de empleo y riqueza que genera el sector primario, la industria agroalimentaria a él asociada y la distribución de los alimentos para abastecer a los consumidores. Todo ello puede contribuir a un cambio de modelo productivo que permita un mayor desarrollo de Andalucía.
Las prácticas abusivas o desleales como la venta a pérdidas, el empleo de productos de primera necesidad como reclamo, la inadecuada identificación de la calidad o el origen de los productos agroalimentarios dan al traste con la apuesta andaluza por la excelencia de nuestras producciones. En este sentido, COAG Andalucía pide voluntad política para incrementar la coordinación entre consumo, comercio, sanidad y agricultura, competencias propias, para garantizar la transparencia y velar por la rigurosa aplicación de la normativa vigente en cuanto a calidad y origen de los productos alimentarios.
COAG Andalucía subraya el carácter estratégico de la actividad agraria, ya que los agricultores y ganaderos producen alimentos para la población, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento, al tiempo que hacen posible la distribución de la población en el territorio, manteniendo el paisaje, la cultura y muchos otros bienes públicos. Por todas estas razones, es fundamental asegurar el mantenimiento de la actividad agraria en torno a un modelo de agricultura social que pivota sobre el profesional agrario.