La sequía y la falta de fertilizantes, a consecuencia de la invasión de Ucrania, merman la producción andaluza de cereales en un 23 por ciento
Pese a la mejora de los precios en los mercados internacionales, las mermas de producción a causa de la sequía y de la menor disponibilidad de fertilizantes limitarán los ingresos de los agricultores en la que ya ha sido calificada como la campaña más cara de la historia
Con Andalucía inmersa en la campaña de recolección de cereales de invierno, ASAJA-Sevilla ha celebrado esta semana en la Cooperativa Agropecuaria Industrial (CAPI) de Écija, su XXXVII Edición de la Jornada de Cultivos Herbáceos que, con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur y en el marco del Proyecto LIFE Agromitiga, ha permitido informar a los más de 200 agricultores asistentes de la situación actual y las perspectivas de mercado de los cereales y oleaginosas, así como de los desafíos y oportunidades para los cultivos herbáceos que se derivarán de la nueva arquitectura medioambiental de la PAC a partir de 2023.
La reducción de la producción, el fuerte incremento del precio de los insumosy la volatilidad de los mercados marcan la recolección de los cereales de invierno en una campaña que sin duda puede calificarse como la campaña más cara de la historia.
Así lo puso de manifiesto en su intervención, el responsable de la sectorial de cereales y oleaginosas de ASAJA-Sevilla, Fernando Rodríguez, que ofreció el análisis de superficies y producciones en la campaña actual, que se ha visto muy afectada por las bajas pluviometrías y los altos costes de producción.
La falta de agua en los meses de enero y febrero, las malas hierbas y las altas temperaturas alcanzadas en mayo han provocado un descenso del 23% en los rendimientos, que han sido medio-bajos, a lo que hay que sumar que los costes de producción se han disparado: hasta un 120% el gasóleo agrícola y un 180% la energía eléctrica, además de las semillas (+20%), los abonos (+150%) o el agua (+33%)
Los rendimientos han sido de media de 2.500 kg/ha en trigo duro y 2.000 kg/ha en trigos blandos. Así las cosas y pese al aumento de superficie, la cosecha de trigo duro en la provincia de Sevilla será de 175.600 toneladas (217.000 en 2021) y de 432.480 en Andalucía (491.000 en 2021). En trigo blando ASAJA-Sevilla estima una cosecha para la provincia de 162.000 toneladas (214.437 en 2021), y de 333.000 para Andalucía (388.000 en 2021).
El contexto actual, como explicó Rodríguez, vendrá marcado por el descenso del consumo interno, que será de 34 millones de toneladas (bajará 2 millones con carácter interanual por el descenso de la cabaña ganadera) y la necesidad de importación de 17-18 millones de toneladas. Los precios se prevén sostenidos a corto plazo, con tendencia a subir. ASAJA-Sevilla recomienda vender a través de cooperativas para conseguir mejores precios, ya que el mercado está muy tensionado.
Se espera un incremento de la producción de girasol
Respecto al cultivo de girasol, del que la provincia de Sevilla es productora líder a nivel regional, la superficie aumentará un 30% en la provincia de Sevilla (de 99.335 ha en 2021 a 129.554 ha en 2022) y un 21% en Andalucía (193.982 ha en 2021 y 246.372 ha en 2022), empujada por las buenas cotizaciones derivadas de la coyuntura actual, la alta demanda por el conflicto bélico y los menores costes de producción y necesidades hídricas que presenta respecto a otros cultivos.
Los servicios técnicos de ASAJA-Sevilla estiman una producción de esta oleaginosa de 142.509 toneladas para Sevilla (129.058 en 2021) y de 271.000 en Andalucía (270.627 en 2021). Aun así, la producción será insuficiente para abastecer el consumo interno (1,3 millones de toneladas para transformación industrial y 900.000 toneladas para piensos). Por ello, se necesitará importar 400.000 toneladas de semillas y 250.000 toneladas de tortas y harinas. En cuanto a los precios están resultando interesantes, con contratos a 850 €/tonelada.
Por su parte, el director gerente de Cocereales, Arturo Hidalgo, analizó el mercado, el contexto internacional y las perspectivas de futuro e hizo hincapié en la enorme volatilidad del mercado, con continuos dientes de sierra, derivado de múltiples factores, como la subida del coste de los fletes (somos grandes importadores), la meteorología y, especialmente, la intervención de la guerra en la configuración de los precios.
Hidalgo destacó el comienzo de la campaña con precios históricamente altos, una ventana que en caso del trigo duro será duradera, pues al menos hasta septiembre no llegará a los mercados el grano de Canadá, el primer productor de trigo duro del mundo, que este año está además comprometido por una climatología hasta ahora adversa. En el caso del trigo blando, esta ventana no está tan clara, pues en todo el complejo forrajero-harinero inciden a futuro más tendencias bajistas que alcistas. En el caso del girasol, la situación alcista ha provocado la destrucción de la demanda derivada de los inasumibles precios alcanzados.
Por su parte, el economista y analista de mercados agrarios del Centro de Investigación Conjunta (IRC) de la Comisión Europea, Ignacio Pérez, abordó el impacto en los mercados agrarios de la agresión de Rusia a Ucrania y recordó que “ya antes de la guerra los precios de la energía y de los fertilizantes habían alcanzado máximos históricos, sin embargo, los precios de los cereales y oleaginosas sí han subido a raíz de la guerra por la falta de estos productos”. Según su análisis “esta crisis de precios se veía venir por el repunte de la demanda tras el COVID y ha sido exacerbada por la guerra en Ucrania”.
Pérez repasó algunos de los cambios generados en los mercados a raíz del conflicto bélico, como la suspensión temporal de los barbechos, una medida que permitía incorporar a la producción hasta 4 millones de hectáreas en toda Europa; sin embargo, el incremento final de superficie se ha quedado en 1,6 millones de hectáreas.
La nueva PAC
Respecto a la nueva PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, hizo un repaso del calendario y de los tres asuntos de esta reforma que más preocupan a los agricultores y ganaderos sevillanos y andaluces. Sobre el más destacado, el de la reducción de las regiones productivas, Serra aclaró que se trata de “un asunto muy perjudicial para Andalucía y que gracias a estos cuatro años de unidad de acción entre todo el sector y la Consejería, hemos logrado que se quede en 20 regiones y no en 6, como se pretendía en un principio y que hubiera supuesto prácticamente una tasa plana; aun así esta reducción de 50 regiones a 20 será muy perjudicial, especialmente para provincia de Sevilla y su campiña”.
“Otro asunto que nos preocupa son los ecoesquemas, labores de carácter medioambiental -en principio voluntarias- que supondrán perder el 23% de las ayudas de no ser puestas en práctica, pero que, aun aplicándolas, tampoco permitirán recuperar totalmente ese 23%.
Los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla y la propia Consejería de Agricultura cifran en 260 millones de euros las pérdidas que sufrirán los agricultores y ganaderos sevillanos si estos dos aspectos de la reforma no se corrigen.
Estas pérdidas se pueden ver agravadas si en la definición de agricultor activo no se contemplan las peculiaridades de las sociedades y las comunidades de bienes, probablemente las explotaciones más profesionalizadas y dimensionadas de la comunidad y unas de las que más empleo generan. Aunque, tal como adelantó Ricardo Serra, parece que ya se están produciendo avances para integrar a estas figuras asociativas.
Tras esta introducción, el coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla, Antonio Caro, informó con más detalle en su ponencia sobre las nuevas ayudas y todas las obligaciones medioambientales (ecoregímenes y condicionalidad reforzada) de la nueva PAC, que con el nuevo modelo de gobernanza dejará cada vez más margen a cada Estado miembro y por tanto, la nueva PAC, que será más verde y con más requisitos para los agricultores, no vendrá tan marcada desde Bruselas.
La agricultura de conservación es una gran aliada para cumplir con los requisitos de la nueva PAC. Por ello, en el encuentro se informó también a los agricultores sobre las buenas prácticas agrícolas frente al cambio climático que desarrolla el proyecto LIFE Agromitiga, un proyecto europeo para la conservación del suelo con el que se persigue evitar la erosión y degradación de la tierray hacer más rentables los cultivos.
Como ha explicado Emilio J. González, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, este proyecto, coordinado por la Asociación Española de Agricultura de Conservación–Suelos Vivos, cuenta con la participación de ASAJA-Sevilla, la Universidad de Córdoba, la Consejería de Agricultura, el IFAPA y la Federación Europea de Agricultura de Conservación, y trabaja para el desarrollo de estrategias de mitigación del cambio climático a través de una agricultura inteligente en el uso del carbono. Para ello se practica la agricultura de conservación, basada en la mínima alteración mecánica del suelo (mediante la siembra directa), la cobertura vegetal permanente y la diversificación y rotación de cultivos.
Soluciones para los agricultores
Durante el encuentro también se ofrecieron otras novedades a los agricultores, como la posibilidad de hacer rentable el secuestro de carbono en sus cultivos. Tal como expuso el ingeniero agrónomo de Agoro Carbon Alliance-Europe, Felipe Cortines, esta empresa de sostenibilidad creada y respaldada por multinacional Yara para acelerar la descarbonización de la agricultura global, ofrece a los agricultores participar en el Programa de Créditos Agoro, un nuevo modelo de negocio para los agricultores, que proporcionará ingresos adicionales a través de créditos de carbono de alto valor, certificados, y con un soporte agronómico apoyado en la ciencia.
Como explicó Cortines, “AGORO ofrece trabajar juntos para que la agricultura forme parte de la solución a nuestro reto colectivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y para que el cultivo de carbono sea una nueva fuente de ingresos que contribuya a sostener las explotaciones agrarias”. Cortines indicó que “el potencial de mitigación de carbono en los cultivos herbáceos y leñosos es de 52 millones de toneladas”. Los agricultores que quieran sumarse a este proyecto deben adoptar la agricultura de conservación. La propuesta de AGORO es pagar a los agricultores por el carbono secuestrado sin necesidad de contratar servicios adicionales, por lo que no hay costes financieros para el agricultor, al que, además, se le asegura un precio mínimo para que no asuma riesgos.
Por su parte, el responsable del área Suroeste de BASF Soluciones Agrícolas, Miguel Ángel Sánchez, recordó que la CE mantiene su plan verde que en el sector agrario obligará a reducir al 50% la utilización de fitosanitarios, por lo que BASF trabaja en investigación en sanidad vegetal para conseguir fungicidas eficaces que con menos tratamientos puedan para hacer frente a las enfermedades de los cultivos. Así, en la jornada presentó Revycare, un fungicida cuyaformulación combina Revysol® con F500® y estrobirulina, lo que le proporciona una extraordinaria eficacia para el control sostenible de las enfermedades de los cereales.
Finalmente, el responsable técnico de herbicidas en Syngenta España y Portugal, Álvaro Ruiz, informó sobre distintas herramientas sostenibles para la protección vegetal en los cultivos extensivos en las que trabaja Syngenta en su apuesta por una agricultura sostenible. Ruiz presentó las nuevas variedades de fungicidas, como Elatus Era o los herbicidas Axial Pro para cebada, centeno, trigo y triticale, o Camix 560SE, contra las malas hierbas en maíz. También presentó a NutribioN un fertilizante capaz de fijar nitrógeno en las plantas y reducir la cantidad de abono, y Quantis, un conjunto de fermentados con efecto probiótico que prepara la planta para el estrés y mitiga los daños, entre otras soluciones novedosas.
ASAJA Sevilla valora los avances para seguir integrando a las comunidades de bienes y sociedades civiles dentro de la nueva PAC
Estas entidades agrarias son figuras muy extendidas en muchas zonas de España, especialmente en Andalucía, donde generan un alto porcentaje del empleo agrario y gozan de una gran implantación
La nueva PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, es uno de los asuntos que mayor preocupación genera en el campo andaluz y ha sido el detonante de las sonadas movilizaciones que en unidad de acción han convocado las organizaciones agrarias y cooperativas de la región en los dos últimos años.
Cuando quedan pocos días para que el Ministerio de Agricultura remita a la Comisión Europea el Plan Estratégico Nacional de la PAC con las correcciones que Bruselas planteó a la versión anterior, parece que está en vías de solución una de las cuestiones que más alarma ha generado en las últimas semanas y que muy importante para Andalucía, la de la articulación en la nueva PAC de las entidades en régimen de atribución de rentas, explotaciones familiares gestionadas en común.
Y es que, la interpretación de la definición para el cumplimiento de la figura de agricultor activo para las entidades en régimen de atribución de rentas que incluyó el Ministerio de Agricultura en el último documento de trabajo ponía en serio peligro a este tipo de sociedades, que en la mayoría de los casos quedaban fuera de la PAC.
Se trata de figuras muy extendidas en muchas zonas de España, especialmente en Andalucía, donde gozan de una gran implantación. Son empresas familiares, en su mayoría de tamaño pequeño o mediano, que tienen como origen y objeto el funcionamiento de un bien común familiar (explotación agraria) y que son fundamentales en la generación de empleo y la articulación económica de muchas comarcas.
Desde ASAJA-Sevilla trasladamos al Ministerio de Agricultura nuestra inquietud por el impacto que tendría esta modificación en miles de explotaciones y elaboramos una batería de observaciones y argumentaciones que se han incorporado al documento general que ASAJA Nacional ha presentado al Ministerio de Agricultura, así como al documento que desde ASAJA-Andalucía se ha presentado ante la Consejería de Agricultura de Andalucía, para que apoye y traslade estas peticiones al Ministerio.
Desde ASAJA Sevilla, si bien mantenemos quela comprobación de la definición de agricultor activo en este tipo de entidades a través del modelo fiscal 184 (que se presenta por este tipo de sociedades y comunidades) es la más adecuada para comprobar la coherencia de los ingresos, consideramos un gran avance que el Ministerio de Agricultura esté barajando que, para que estas figuras asociativas puedan seguir dentro de la nueva PAC, se requiera que al menos un comunero o socio cumpla con los criterios requeridos a las personas físicas, o sea, que esté dado de alta o inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), o que cumpla la regla de que al menos el 25% o más de sus ingresos totales sean ingresos agrarios.
Un criterio que tiene su fundamento jurídico en la Política de Desarrollo Rural (anterior política de Estructuras Agrarias), política en la que se ha incidido en requisitos específicos sobre los titulares de la explotación frente a los criterios estrictamente productivos que siempre han caracterizado, y así debería seguir siendo, al primer pilar de la PAC.
Además, y en todo caso, el Ministerio también está contemplando la posibilidad de que si hubiera que transformar estas entidades en régimen de atribución de rentas (por no poder cumplir ni tan siquiera, alguno de los dos requisitos anteriores), a sociedades mercantiles u otra denominación jurídica, no se consideraría creación de condiciones artificiales.
Desde ASAJA Sevilla y en aras a zanjar las dudas e incertidumbres generadas actualmente en el sector respecto a esta cuestión, esperamos que cuanto antes, estos avances se vean reflejados en los documentos en los que actualmente está trabajando el Ministerio de Agricultura, de cara a la próxima Reforma de la PAC.
Fuente: Asaja Sevilla