UPA Granada vende frutas y verduras a precios justos y exige una ley que obligue a que el 90% de los alimentos en los supermercados sea de origen España
El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, lamenta que los precios que reciben los agricultores en origen no cubren ni siquiera los costes de producción, mientras que los consumidores tienen que pagar unos precios muy elevados en los supermercados y que esa crítica situación está abocando a la ruina a muchas explotaciones familiares.
Venta de productos a precios justos. UPA Granada vuelve a salir a la calle para denunciar la crítica situación que atraviesan los agricultores, con unos precios en origen que ni siquiera cubren los costes de producción mientras que los consumidores tienen que pagar mucho más en los supermercados. El secretario general de la Organización, Nicolás Chica, expone una cruda realidad de la agricultura granadina: muchas explotaciones familiares están abocadas a la ruina.
Pimientos, cebollas, calabacines, sandías, ajos y patatas se han vendido hoy a unos precios justos en la Acera del Darro, frente a una gran superficie. Un acto con el que UPA Granada denuncia el abuso de los especuladores porque los agricultores reciben unas retribuciones que no cubren los costes de producción y los consumidores pagan hasta tres veces más en la tienda que en origen. “No podemos seguir sufriendo este expolio de rentabilidad. Las explotaciones agrarias granadinas son viables, pero a unos precios justos como a los que estamos vendiendo hoy aquí. Lo que no es normal es que el precio en tienda triplique y hasta quintuplique en algunos casos el que recibimos los agricultores en origen”, denuncia Nicolás Chica.
Los pimientos se han vendido a 0,90 cuando el agricultor recibe 0,50 y en los supermercados oscilan entre 1,35 y 1,69 euros. Las cebollas han tenido un precio de 0,40 céntimos cuando a los agricultores les pagan 0,09 y en las tiendas los precios oscilas entre 1,15 y 1,60 euros. En cuanto a las sandías, se han vendido a 0,25 céntimos el kilo frente a los 0,15 que reciben los agricultores y los 0,49 a 0,65 euros que se venden en las tiendas.
Los calabacines han tenido un precio justo de 0,45 cuando a los agricultores les pagan 0,12 céntimos por kilo y en los supermercados los consumidores las compran a 0,74 o 1,09 euros. Los ajos se han vendido a 1,30 euros frente a los 0,85 céntimos que cobran los agricultores en origen y los precios en los supermercados que alcanzan hasta los 7,80 euros. Por último, las patatas han tenido un precio de venta de 0,45 céntimos frente a los 0,09 que les pagan a los agricultores y los 1,55 euros que se llegan a pagar en los supermercados.
Desde UPA Granada exigimos una ley que obligue a los supermercados a vender el 90% de sus alimentos de origen España y que si no se cumple tengan que hacer frente a una multa o al cierre de la tienda. Además, reclamamos que se ponga en marcha una etiqueta alimentaria más transparente sobre la procedencia de los productos; que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria de forma inmediata; que los supermercados vendan por encima de los costes de producción; y, por último, implantar una legislación que obligue a los proveedores a cobrar en un plazo máximo de 10 días frente a lo habitual que ocurre ahora mismo que se pagan a los 180 días.
“Es lamentable comprobar cómo nos engañan no solo a los agricultores, sino también a los consumidores. A nosotros nos pagan precios de ruina de los que luego la gente en los supermercados no se beneficia. La especulación está haciendo un daño tremendo a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias familiares de Granada. Y no podemos consentirlo por más tiempo. Las administraciones tienen que tomar cartas en el asunto de forma urgente, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con un problema muy serio y es la desaparición de la agricultura en nuestra provincia”, denuncia Nicolás Chica.
UPA Granada no descarta continuar con esta venta directa de productos y con más actos de protesta y reivindicación si las administraciones no adoptan medidas valientes que cambien radicalmente la situación. “La Ley de la Cadena Alimentaria, que ya se ha modificado a instancias de UPA, tiene que cumplirse a rajatabla. Los contratos tienen que cubrir los costes de producción cuando menos porque de esta manera nos garantizamos la rentabilidad de los agricultores y permitimos que se sigan produciendo alimentos de la máxima calidad y se puedan vender a precios razonables para que ganemos todos los eslabones de la cadena, no siempre los mismos”, concluye el secretario general de UPA Granada.
Fuente: UPA Granada