ES Andalucía exige una revisión en profundidad de la Ley de Cadena Alimentaria y que se defienda una renta digna para los agricultores
Tras el análisis pormenorizado de los datos del mercado agroalimentario, la Organización de Entidades de la Economía Social Agroalimentaria de Andalucía – ES Andalucía- exige una revisión en profundidad de la Ley de Cadena Alimentaria y que se defienda una renta digna para los agricultores.
Y es que, según el análisis de esta organización, los bajos precios de los productos agrícolas vienen derivados del poder de las grandes cadenas de distribución, que controlan el reparto de la renta y los beneficios, destacando un dato significativo: las seis primeras cadenas de distribución concentran el 55% de la cuota de mercado en España, copando la primera de ellas el 25,8% de esta cuota.
ES Andalucía ha tenido en cuenta diferentes valores. Según los datos de Eurostat, la Renta Agraria en la Unión Europea para 2019, en su primera estimación, se sitúa en 171.000 millones de euros (M€), un 2,4% más que en 2018. En cambio, en España, según el primer avance del Ministerio de Agricultura, se produce un descenso del 8,6%, frente al año anterior alcanzando los 26.180 M€.
Esto supone un descenso de más de 2.400 M€ en términos corrientes. Este descenso nacional se debe, por un lado, a la caída del 3% del valor de la Producción Agraria, fundamentalmente a la evolución de los precios que han experimentado una caída del (-3,0%), mientras que el volumen total producido ha experimentado un ligero aumento del (+0,1%); y, por otro lado, al aumento de los costes intermedios en un 3,6%, debido a un incremento del (+2,2%) en precios, acompañado por un incremento del (+1,3%) en cantidades consumidas.
Es decir, en los últimos años los productores han sufrido una caída de los precios en términos reales y, sin embargo, la gran industria procesadora y las cadenas de distribución han reducido los costes intermedios y han elevado los de las ventas.
De manera que es más que evidente que el sector productor, nuestros agricultores y ganaderos, se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado, el incremento de los costes de producción y, por otro, el descenso de los precios en origen que perciben por sus productos, en muchos casos, por debajo del umbral de rentabilidad.
De forma que el consumidor llega a pagar hasta ocho veces más de lo que percibe el productor en algunos productos, como es el caso de la patata, siete veces más en naranjas y mandarinas, o cuatro veces más como en el tomate, entre otros muchos ejemplos. Una situación límite de miles de familias de agricultores y ganaderos que no cesarán de reivindicar a lo largo de todo nuestro país mientras la administración no tome cartas en el asunto y haga de este asunto una cuestión de Estado.
Según el estudio elaborado por MERCASA ¿Por qué difieren los precios de los alimentos en Europa? Efectos de la distribución comercial (Distribución y Consumo 2019 nº 160), realizado con datos de 25 Estados Miembros de la Unión Europea desde 2008 a 2018, los precios de los alimentos en España se mantienen por debajo del nivel que correspondería de acuerdo con los ingresos por habitantes (relación precios de alimentos y PIB por habitante), según la media europea.
Precisamente, el modelo de distribución español es muy competitivo y genera una alta rivalidad en precios y promociones entre las campañas con una alta eficiencia del establecimiento distribuidor. A estos datos debemos unir que según cifras de KantarWorldpanel para junio de 2019, las seis primeras cadenas de distribución concentran el 55% de la cuota de mercado en España, copando la primera cadena de distribución el 25,8% de esta cuota. Un modelo comercial en el que los principales fabricantes continúan cediendo terreno frente a las marcas del distribuidor, que ha logrado en 2019 su mayor ganancia de cuota en 4 años, hasta alcanzar el 38,9% de ésta, en un entorno en el que el 73,6% del gasto en alimentación en los hogares españoles proviene del canal de supermercado e hipermercado, según los datos del Ministerio de Agricultura.
En este sentido, es necesario que la distribución ponga más el foco en la calidad de nuestros productos, la prestación de servicios adicionales al consumidor o la creación de verdaderas alianzas con sus proveedores “win to win”, que en el precio de los productos.
Y, por otro lado, es necesario que desde las distintas administraciones competentes se pongan en marcha planes para mejorar los controles, la transparencia, la trazabilidad, el control de la competencia desleal en las prácticas comerciales y aplicar sanciones más contundentes o incluso penales, en favor de una cadena alimentaria más segura y más equilibrada en todos sus eslabones.
No cabe duda, que el sector primario ha perdido la capacidad para influir en la formación de precios y se encuentra en manos de comercializadores y distribuidores. De manera que existe una cierta ineficiencia en el mercado del sector agroalimentario, en el que la formación de precios apenas responde a la evolución de la demanda y los costes de producción, sino que se mueve en función de un sector muy eficiente y concentrado en las grandes cadenas que controlan el reparto de la renta y los beneficios, haciendo al mismo tiempo más ineficiente los esfuerzos de las administraciones por sostener las maltrechas rentas del sector productor.
Por ello, es imprescindible una revisión en profundidad de la Ley de Cadena Alimentaria donde verdaderamente se garantice una renta digna del eslabón más débil, los agricultores y ganaderos, y en la que se establezca una vinculación de los costes de producción con el precio percibido a través de los contratos, así como el impulso del papel de las cooperativas agrarias para el desarrollo de nuestra economía social, el mantenimiento del empleo y un mayor reparto de la riqueza en nuestro territorio rural.
Tampoco podemos olvidar la voraz necesidad de importación de productos procedentes de otros países de todos estos grandes grupos, para influir en los niveles de precios e incorporar en su oferta productos más baratos. Precisamente, en los 10 últimos años el volumen de importaciones de alimentos y bebidas en nuestro país ha crecido un 29% hasta superar los 41,6 millones de toneladas (en Andalucía ha crecido el 37% superando los 5,35 millones de toneladas), y el valor de estas importaciones ha crecido un 32% hasta superar los 33.900 millones de euros (en Andalucía ha crecido el 60% superando los 4.000 millones de euros).
Por último, hay que añadir a las preocupaciones de nuestro sector productor la incidencia de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, Mercosur, o las incertidumbres que está generando tanto el Brexit, como los aranceles impuestos por el gobierno norteamericano, así como las inminentes negociaciones del presupuesto de la PAC, previsiblemente con una importante reducción que nuestro sector primario no está dispuesto a aceptar. Un escenario que se asemeja cada vez más a la tormenta perfecta.
Desde la Organización de Entidades de la Economía Social Agroalimentaria de Andalucía, mantenemos un diálogo constante con las instituciones para promover iniciativas encaminadas a la mejora social, laboral y económica de sus asociados, además de ofrecer asesoramiento sobre novedades en los distintos sectores agroalimentarios.
Fuente: ES Andalucía