La Consejería de Agricultura concede más de 1,4 millones para mejorar cerca de 30 kilómetros de caminos rurales de Huelva
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha concedido subvenciones a 12 entidades de la provincia de Huelva dirigidas a respaldar inversiones para la mejora de caminos rurales de titularidad pública en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020. En concreto, la Junta de Andalucía ha entregado resoluciones de ayudas relativas a la convocatoria 2017 de estos incentivos públicos que, en total, superan los 1,4 millones de euros.
En cuanto a los beneficiarios de estas ayudas, entre ellos se encuentran la Diputación Provincial de Huelva, que ejecutará labores de mejora en una vía ubicada en el término municipal de Paterna del Campo, y once ayuntamientos onubenses. Concretamente, perciben las subvenciones los consistorios de Valverde del Camino, Aroche, Lucena del Puerto, Villablanca, El Almendro, Aljaraque, Gibraleón, Almonte, Villarrasa, Lepe y Bonares. Entre los conceptos subvencionables de estos incentivos, cofinanciados por la Junta de Andalucía (60%) y los ayuntamientos (40%), se encuentran tanto las tareas de reparación como la redacción del proyecto y la dirección de la obra.
La consejera Carmen Crespo ha resaltado la “apuesta por las infraestructuras rurales” del Gobierno andaluz, que destinará a la mejora de los caminos de la Comunidad Autónoma un total de más de 100 millones de euros entre 2019 y 2020 sumando los pagos de subvenciones pendientes, las que se desbloquean y las nuevas órdenes simplificadas.
Además, la titular de Agricultura ha apuntado que las próximas subvenciones contemplan la financiación al 100% por parte del Gobierno autonómico, y no una cofinanciación a las entidades locales como estaba establecido anteriormente. Esta modificación responde, como ha afirmado Crespo, a las demandas de los ayuntamientos, “que necesitan este tipo de subvenciones”.
“Apoyar la agricultura, la mejora de los caminos rurales y la modernización del campo es apostar por la economía andaluza”, ha subrayado la consejera, ya que el buen estado de este tipo de vías incide en la competitividad de las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias. “Por tanto, -ha añadido- contribuye a potenciar las zonas rurales en las que se ubican las infraestructuras al ser en muchos casos los principales sistemas de comunicación de los productores o comercializadores de los alimentos”.
La mejora de las vías puede facilitar, por ejemplo, el acceso de transportes de mayor tamaño hasta las fincas o industrias donde comienza la cadena de comercialización de los alimentos, aumentando así la capacidad de venta de los productores.
La Junta de Andalucía reclama un reparto más equitativo de la cuota de pesca de sardina entre España y Portugal
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la revisión de las condiciones del reparto entre España y Portugal de la cuota de pesca de esta especie en la costa atlántica, una distribución que se enmarca en el Plan de Gestión de la Sardina en las Aguas Ibéricas actualmente en vigor. Concretamente, el Total Admisible de Capturas (TAC) anual aprobado por la Unión Europea tras el acuerdo de los territorios afectados, asciende al 33,5% para el Estado español y al 66,5% para el país vecino.
En una misiva remitida al Ejecutivo central, el Gobierno andaluz recuerda que el sector de cerco del Golfo de Cádiz ha manifestado su disconformidad con esta distribución desde su aprobación y lamenta que la flota española arrastre una desventaja histórica con respecto a la portuguesa, ya que la regulación de esta pesca en ambos países antes de la aplicación de la actual normativa (2014) no es equiparable. Por esta razón, desde la Junta de Andalucía se pide al Ejecutivo nacional que lleve a cabo las gestiones y negociaciones al más alto nivel que sean necesarias para lograr una distribución más equitativa de las posibilidades de pesca de sardina en la costa atlántica de la península ibérica.
En cuanto a la situación histórica de la pesquería, la Orden de 2010 por la que se regulaba esta actividad en el caladero andaluz establecía una serie de exigencias para la captura de sardina entre las que se encontraba la limitación de los días de pesca (no superior a 180 anuales); la imposición de un máximo de cinco jornadas semanales para el ejercicio de esta pesca y un descanso de al menos 58 horas continuadas a la semana; y un período de veda temporal de 60 días de duración (diciembre y enero). Asimismo, la normativa recogía también un objetivo de reducción de la flota del 6% y establecía que los buques de cerco únicamente podía efectuar un desembarque al diario cuyo volumen no podía superar los 3.000 kilogramos.
Por el contrario, las embarcaciones de Portugal dedicadas a la pesca de sardina contaba hasta 2014 con una regulación más favorable que, por ejemplo, permitía efectuar más de un desembarque de pescado al día.
Fuente: Consejería de Agricultura