UPA celebra que se impulse el Registro de Titularidad Compartida y el REAFA
Este Decreto desarrolla una de las principales previsiones del proyecto de la nueva ley de agricultura y ganadería, y avanza en la simplificación administrativa, en reforzar la lucha contra los robos en el campo, mejorar la seguridad alimentaria y garantizar la trazabilidad en la primera fase de la comercialización.
En el REAFA se inscribirán las alrededor de 300.000 explotaciones agrarias y forestales que actualmente existen en la comunidad autónoma, bien de oficio por la Administración o a instancia de los titulares mediante declaraciones responsables. Su creación supondrá la unificación de distintos censos y registros gestionados por la Junta, entre ellos el Registro de Titularidad Compartida. Este registro impulsará el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres que, al figurar como «ayuda familiar» en las explotaciones de sus cónyuges, realizan su trabajo como una extensión de labores domésticas. Desde UPA Andalucía consideran que la titularidad compartida elimina esta discriminación al considerar la explotación como una unidad económica donde la aportación de cada persona que la conforma tiene igual valor. Entre otras ventajas, las personas titulares pueden beneficiarse de un descuento del 30 % en las cuotas de la Seguridad Social, el reparto al 50 % tanto de los rendimientos como de las ayudas agrarias y del acceso a pensiones contributivas por la cotización.
El DAT ya se exige actualmente en algunos sectores (ganadería, viveros y organismos modificados genéticamente), si bien a partir de ahora se extenderá a todos los productos agrarios y forestales de carácter alimentario para organizar y controlar el transporte; mejorar la seguridad y la trazabilidad, y acreditar el origen y destino dificultando la sustracción y posterior venta ilegal.
Este documento de acompañamiento deberá estar disponible y ser aportado en cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la autoridad, en el traslado de los productos agrarios sin transformar.
La implantación se realizará de forma progresiva, con un periodo de adaptación de un año en el que tendrá carácter voluntario, e incluirá el desarrollo de una herramienta telemática fácilmente utilizable a través del teléfono móvil.
La generalización del DAT reforzará en Andalucía las exigencias legales de trazabilidad, que permiten hacer el seguimiento de un alimento en las distintas fases de producción, transformación y distribución. Estos controles son fundamentales para, en caso de detección de riesgos y de contaminación, localizar el origen de las partidas y facilitar una rápida respuesta.