UPA y AREDA presentan sus alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir

Catorce bloques para lograr una planificación de la Cuenca del Guadalquivir que incentive el ahorro, que modernice el cien por cien de los regadíos y que consolide todas las demandas de riego existentes. Esa es la propuesta que UPA-Andalucía y AREDA han sido registrado hoy en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Unas alegaciones a la revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir que tanto el Secretario General de UPA, Agustín Rodríguez; como el portavoz de la Asociación de Regantes de Andalucía, Fernando Pallarés, han defendido por la importancia que tiene el regadío en nuestra región, del que depende más del 65% de la producción final agraria, genera el 70% del empleo en la agricultura y es absolutamente clave en las exportaciones, que siguen creciendo cada año.

 La propuesta presentada hoy se basa fundamentalmente en la eficiencia y en el ahorro. La Cuenca del Guadalquivir tiene aún margen para seguir ahorrando recursos y para buscar, con ese ahorro producido, dar respuesta a los regadíos existentes, de los que una parte siguen pendientes de regular su situación. Por lo tanto, UPA-Andalucía y AREDA se centran en 14 bloques, entre los que destaca la modernización de regadíos. Ambas organizaciones recuerdan que ha habido un avance muy importante en los últimos años, con unos regadíos con un alto nivel de eficiencia, de los que el 80% están modernizados, pero aún queda un 20% con margen para ahorrar. De ahí que planteemos culminar la modernización del 100% en los próximos cinco años, cuyo máximo exponente lo centramos en el plan de modernización del arroz, que permita ahorrar 100 hectómetros cúbicos bajo los criterios de unificación de tomas y de recirculación del recurso mediante la reordenación de las zonas regables. Algo que para nosotros es fundamental y sin grandes inversiones que tendría una repercusión directa en la cuenca.

 UPA-Andalucía y AREDA abogan igualmente por la reutilización de las aguas regeneradas, destinando parte de las mismas también a la consolidación de regadíos. Otro de los objetivos incluidos en las alegaciones es nuevas obras de regulación, basadas fundamentalmente en el recrecimiento de los embalses, como el caso de El Agrio, que puede duplicar su capacidad, pasando de 20 a 40 hectómetros cúbicos, así como el estudio de nuevos embalses en cerradas existentes, retomando proyectos como es el caso de la Cuenca del Guadiana Menor. Además, hay que incluir en el sistema de regulación general el subsistema Bembézar-Reportillo, así como la ejecución de la red de distribución de la balsa del Cadimo.

 Otro punto es la culminación de los procesos de ordenación y consolidación de regadíos en el río Guadajoz (Córdoba), en el acuífero de La Loma de Úbeda (Jaén) y en la Corona Forestal de Doñana del cultivo de la fresa (Huelva). También hay que culminar otros procesos como el levantamiento del perímetro de protección del triángulo Pilas-Aznalcázar-Villamanrique de la Condesa, que permitiría la regularización de un buen número de pequeños aprovechamientos que refuerzan toda la economía que se genera en torno al olivar de aceituna de mesa.

 Por otro lado, las alegaciones contemplan igualmente la ejecución de la segunda fase del proyecto de transformación de regadíos, como la Presa de Siles (Jaén), manteniendo la dotación de 15 hectómetros cúbicos prevista inicialmente para la puesta en riego de 10.000 hectáreas de olivar en la Sierra de Segura. Y entendemos que es fundamental el aumento del trasvase Negratín-Almanzora, de 50 a 75 hectómetros cúbicos, puesto que la actual dotación, que ha supuesto buena parte del desarrollo de la zona, sigue siendo insuficiente para dar respuesta a las demandas existentes y a las expectativas de crecimiento económico de la agricultura. Este incremento del recurso es asumible, ya que tan solo representa el 0,36% de los recursos totales disponibles. Las alegaciones contemplan también la apuesta por proyectos dirigidos al ahorro energético, mediante la unificación de zonas regables.

 UPA-Andalucía y AREDA plantean directamente la retirada del anteproyecto de revisión del Plan Hidrológico del dragado del Guadalquivir, por entender que es contrario a la política de aguas de la Unión Europea y a la propia lógica recogida en el plan. “No tiene sentido mantener vivo el dragado sin que antes se produzca una recuperación total de este tramo del río, máxime cuando incluso se han producido pronunciamientos recientes de los tribunales contrarios al dragado del Guadalquivir, así como el rechazo generalizado que se está produciendo, puesto que el dragado supondría seguir poniendo en peligro sectores económicos como el arroz y la pesca del cangrejo”, plantea Agustín Rodríguez.

 Otra parte importante de las alegaciones presentadas por UPA-Andalucía y AREDA incluye una mayor apuesta en la reforestación con planes que eviten la pérdida de suelo mediante cubierta vegetal, sobre todo en los territorios con pendientes más acentuadas. Al respecto, hay que recordar que solo en amplias zonas de olivar se pierde una media de 80 toneladas de suelo por año, lo que origina la colmatación de embalses y cauces y graves daños en todo tipo de infraestructuras, especialmente en las viarias. Y, sobre todo, no permite la filtración del agua de lluvia y la recarga adecuada de los acuíferos, por lo que consideramos fundamental que la planificación aborde este asunto de forma decidida.

 Las propuestas de UPA y AREDA recogen combatir las especies exóticas invasoras, como el caso de los briozoos, que generan múltiples problemas en las instalaciones de riego y que son especialmente resistentes y difíciles de erradicar según los recientes estudios realizados sobre estos organismos; así como el mejillón cebra, que ya está presente en la Cuenca del Guadalquivir.

 Igualmente, se considera desde UPA y AREDA que en el Plan Hidrológico se debe recoger una definición de un procedimiento de otorgamiento de nuevos regadíos, procedentes del ahorro, atendiendo al interés social, económico y medioambiental, y no por unos criterios predeterminados como ya se contempla en el proyecto del plan, al que se están haciendo las presentes alegaciones. Y, por lo tanto, que se tenga en cuenta para el otorgamiento el interés general y que se realicen con concurrencia pública.

 También, el estudio de los caudales ecológicos con el fin de implantar un sistema que los cuantifique por tramos de río para dar seguridad jurídica a los usuarios.

 Por último, una cuestión clave para UPA y AREDA es que el régimen tarifario debe basarse en dos criterios fundamentales: el pago en función de la dotación recogida en el título concesional, y de otra parte, en función del consumo real de agua. Esto conllevaría un sistema que incentivaría el ahorro, que tiene que ser el principal objetivo para dar una mayor respuesta a las demandas existentes.