La Ley de Agricultura se marca como objetivo la simplificación administrativa para agilizar todo el sector agroalimentario
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado durante su intervención en el desayuno-coloquio de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla que la Ley de Agricultura y Ganadería introduce aspectos de importancia como «el apoyo a la internacionalización, la promoción y la innovación, así como medidas para mejorar el equilibrio de valor y sostenibilidad de la cadena alimentaria», a lo que ha unido una reclamación permanente de agricultores y ganaderos: la simplificación administrativa. Esto, a su juicio, permitirá agilizar todo el sector agroalimentario, lo que a su vez redundará en mejorar su competitividad.
Durante su intervención en la conferencia titulada ‘La Ley de Agricultura. Equilibrio y sostenibilidad en la cadena alimentaria’, Sánchez Haro ha señalado que para afrontar esta cuestión de «enorme importancia» se activarán mecanismos como el sistema de información de la cadena alimentaria, que integrará la relación entre el beneficiario y la Administración, y «el establecimiento de trámites de comunicación previa que agilizará la operativa». De esta manera, para iniciar un nuevo proyecto industrial bastará con una comunicación previa del inicio de su actividad, realizándose más adelante los controles pertinentes. Además, «la información que ya se haya aportado estará integrada en el mismo sistema, sin tener que aportarla de nuevo».
La simplificación administrativa es uno de los desafíos que afronta la Ley de Agricultura y Ganadería, que también «potenciará la innovación tecnológica y la digitalización, así como la internacionalización y la promoción del sector». Para el representante del Gobierno andaluz, «dada la importancia estratégica de nuestro sector agroalimentario y para que siga siendo un motor de crecimiento en el futuro es necesario impulsarlo con el establecimiento de un marco normativo como éste, que aporta ventajas y garantías a productores, transformadores y comercializadores, y defiende los intereses de los consumidores y la sociedad andaluza en su conjunto».
El consejero ha subrayado que «desde la Consejería hemos trabajado con empeño para dar respuesta a retos como: la mejora de la competitividad y el crecimiento sostenible, de la comercialización e internacionalización, de la cooperación entre los operadores de la cadena alimentaria y de la interlocución, avanzando también para la transformación del sector en un espacio más igualitario entre hombres y mujeres».
Con el objetivo de impulsar las ventas al exterior, el consejero ha explicado que se creará la Comisión para la Internacionalización del sector agroalimentario para «seguir avanzando en el camino de éxito de las exportaciones y aumentar el número de empresas que exportan regularmente, ya que de las más de 3.500 firmas andaluzas que venden al extranjero alimentos y bebidas solo el 45% lo hacen regularmente». En este sentido, se prevén actuaciones coordinadas para mejorar la implantación en el exterior, mejorar la formación y asesoramiento o posicionar mejor los productos andaluces.
Impulso a la promoción
Asimismo, ha informado de que la norma eleva a rango de ley la promoción, mejorando actuaciones enfocadas a productos amparados en un régimen de calidad diferenciada, el desarrollo de marcas colectivas y de garantía, la promoción de cadenas de distribución cortas o de mercados locales, así como el desarrollo de proyectos conjuntos de comercialización, promoción y distribución.
La ley contempla también la creación de la Estrategia para el Conocimiento, Investigación, Desarrollo e Innovación y del Foro Andaluz de Innovación Agroalimentaria, ya que uno de los fines es precisamente potenciar la innovación tecnológica y la digitalización, así como lograr la máxima difusión e implantación de sus resultados. Para Rodrigo Sánchez Haro, «el sector agroalimentario andaluz no debe limitarse a sobrevivir en la era digital, sino que debe liderarla y revolucionarla».
En cuanto a la necesidad de garantizar unas relaciones justas en toda la cadena de valor, ha resaltado que «las sociedades modernas y avanzadas se preocupan por disponer de una cadena de valor responsable, ética y sostenible. Se trata, por tanto, de fomentar un compromiso recíproco en la cadena de valor para alcanzar un crecimiento conjunto y sostenible». Por ello, ha incidido, con este texto se apuesta por la transparencia en los acuerdos comerciales a través de instrumentos como el Observatorio de Precios o los sistemas de autorregulación mediante contratos tipo o el arbitraje. También, en busca de un mayor equilibrio entre todos los eslabones, se aumentará el control sobre los alimentos con precios anormalmente bajos (para comprobar que no suponen un fraude de calidad) y se establecerá la corresponsabilidad de aquellos operadores que no denuncien estos productos sospechosos.
Sanciones disuasorias
A su juicio, no se trata sólo de evitar prácticas desleales, sino también de proteger los intereses de los consumidores y la sociedad, un punto en el que el consejero ha anotado la novedad de unas sanciones con un marcado carácter disuasorio, ya que pueden llegar a ser mayores que el beneficio ilícito obtenido. Asimismo, en los casos más graves, se podrá hacer pública la empresa sancionada y el producto. Junto a todo ello, el texto normativo impulsará la recuperación y gestión de los excedentes alimentarios, «dando prioridad al consumo humano con fines solidarios que ya realizan muchas empresas en el marco de su compromiso social, ético y ambiental».
En definitiva, ha resaltado el consejero, estamos ante «una ley que adquiere compromisos éticos centrándose en el beneficio de las personas y la sociedad andaluza, en la que tanto el sector como la Administración debemos anticiparnos y marcar el camino». «Una ley de futuro para una sociedad que mira al futuro», ha apostillado.