La Mesa Social del Agua de Andalucía exige condiciones para la legitimidad del acuerdo sobre Doñana del Gobierno Central y la Junta de Andalucía
Tras décadas de errores y fracasos, con desigual pero compartida responsabilidad, de las Administraciones central, autonómica y local, el Espacio Natural de Doñana ha vuelto a estar en el centro del conflicto social y político.
Se trata de un territorio de excepcional valor ecológico, muy tensionado por las actividades productivas de la agricultura de los frutos rojos y el turismo, para el que las administraciones han acordado medidas, también excepcionales, destinadas a resolver las tensiones ambientales, sociales y de quiebra del marco jurídico en la explotación de los recursos hídricos.
Se trata de un proceso que parte de la irregularidad de determinados usos del agua, cuyos actores tienen muy diversa capacidad económica, que pretende desembocar en una menor presión sobre el acuífero que redundaría en un alivio para los ecosistemas de Doñana, reduciendo a su vez los impactos económicos y sociales sobre el territorio.
Para que estos acuerdos alcancen legitimidad social, además de respetar la legislación que le sea de aplicación, considerando que lo que está pasando en Doñana es la punta del iceberg de fenómenos que se repiten en otras comarcas, en donde no habrá la misma lluvia de millones, y que la solución adoptada no se convierta en una oportunidad perdida para una verdadera transición hídrica ecológica y justa, deberían aplicarse los siguientes principios:
Definición y ejecución de las medidas contenidas en el Acuerdo
- El objetivo ambiental es indisociable del objetivo social
- La transparencia de los objetivos, medidas, beneficiarios y adecuación a su capacidad económica es imprescindible
- La rendición de cuentas de las administraciones sobre todo el proceso es básica.
- La participación social proactiva y amplia de todos los sectores sociales comprometidos con la sostenibilidad es crucial.
Principales medidas del Acuerdo
- Retirada del cultivo, reforestación, retorno al secano o dedicación a la agricultura ecológica: es imprescindible conocer las situaciones respecto al uso legal o ilegal del agua y a la ubicación de los posibles beneficiarios.
- Modulación de las ayudas: el reparto de las ayudas debe hacerse con criterios sociales, en función de los cultivos actuales y del tamaño de las explotaciones. Para ello proponemos una regresividad, de forma que las explotaciones de hasta 5 hectáreas puedan acceder al 100% del importe, entre 5 y 10 hectáreas al 80%, de 10 a 20 hectáreas un 60% y de 20 en adelante, puedan recibir como máximo un 40% de la ayuda establecida por hectárea.
- No es razonable que usuarios ilegales del agua o del suelo se beneficien de ayudas públicas. Además, en ningún caso, con la excusa de ayudas, se debe practicar una amnistía o proceder a eximir a dichas explotaciones del pago de multas administrativas o de la asunción de responsabilidades penales, en caso de que las hubiera.
- Transparencia y participación pública. La condición básica para que las actuaciones propuestas en el marco del Acuerdo se desarrollen positivamente es la eliminación de la opacidad que ha rodeado hasta la actualidad el contenido concreto y la identificación de beneficiarios de la Proposición de Ley, que en la situación actual se traslada a la identificación de los beneficiarios de la actuación “reconversión de tierras”.
- Es imprescindible que se elabore un censo de
explotaciones agrarias con situaciones anómalas en el uso del agua, al igual
que se ha realizado para la constitución de las Comunidades de Usuarios del
acuífero Almonte-Marismas (CUMAS).
- Se evitaría así que puedan reproducirse en el futuro situaciones análogas.
- Las CUMAS tienen que asumir su corresponsabilidad, junto con la CHG y la Junta de Andalucía, para que se reduzca paulatinamente la presión por extracciones excesivas y la contaminación por nitratos en el acuífero sobre el que se asientan gran parte de los ecosistemas de Doñana.
- La mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros debe ser una de las medidas más importantes para avanzar hacia la sostenibilidad del Marco de Actuaciones en el espacio natural de Doñana y debe contar con el apoyo decidido de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos y de los sectores económicos, La inhumana situación en la que viven estas personas es una responsabilidad social e institucional. Su situación de vulnerabilidad está condicionada por la falta de regulación, por lo que las instituciones deben asumir la solución del problema real.
- Desde la Mesa social del agua vemos como prioritario que se produzca una consolidación y aumento de explotaciones forestales. Para ello vemos necesario que sean incluidas este tipo de explotaciones en el proceso de catalogación y convenios entre propietarios y administraciones previsto en el Acuerdo sobre Doñana.
- La gestión del ciclo urbano del agua en el sector turístico, corrigiendo extracciones de agua del acuífero y depurando adecuadamente sus aguas
residuales, debe resolver el fuerte impacto que tiene sobre Doñana. El sector deberá acometer cambios profundos en el modelo de turismo y su estacionalidad para compatibilizarlo con el territorio de Doñana. Además se deben de garantizar una gestión pública eficaz que garantice una reducción de las pérdidas de la red en los municipios.
- Supervisión y seguimiento. El seguimiento de la aplicación y la evaluación de los resultados de las medidas, ya planteado aunque de una manera genérica en el documento del Marco de Actuaciones del Ministerio, es un factor clave. En este sentido, es imprescindible activar y abrir a la participación y escrutinio público la Oficina técnica de aplicación del Plan de Ordenación de Cultivos de la Corona Forestal.
Únicamente un proceso de regulación del uso del agua y reestructuración productiva, con las características enunciadas, conseguirá la legitimidad social y los objetivos ambientales que permita resolver el conflicto a cuya resolución aboga el Acuerdo sobre Doñana entre ambas administraciones del pasado 27 de noviembre.
Fuente: Mesa Social del Agua de Andalucía