Ecologistas en Acción: «El Tratado Mundial de los Océanos: una victoria histórica»
Ecologistas en Acción celebra la aprobación del Tratado Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas tras dos décadas de intensas negociaciones. Con este acuerdo vinculante todos los Estados se comprometen, entre otras medidas, a proteger a biodiversidad de altamar y a limitar las actividades extractivas en estos ecosistemas. Sin embargo, el Tratado tiene algunas carencias —como su falta de carácter retroactivo— y todavía quedan pendientes muchas negociaciones para sacarlo adelante.
Para Ecologistas en Acción, la firma del Tratado Global de los Océanos es una victoria histórica de cara a proteger los ecosistemas y la biodiversidad marinas. Se trata de un acuerdo vinculante en el que todos los países se han comprometido a proteger la biodiversidad en altamar—es decir, lo que está más allá de las 200 millas náuticas desde costa (alrededor de 370 km) que supone dos tercios de los océanos—, a repartir los beneficios de los recursos genéticos marinos entre los Estados, y a limitar las actividades extractivas en la altamar, como la minería submarina.
No obstante, aún queda mucho trabajo de negociación entre Estados. Primero, el Tratado debe ser ratificado por 40 países para entrar en vigor lo antes posible. Después, los Estados tendrán que desarrollar el funcionamiento de los mecanismos que este establece en las Conferencias de las Partes del mismo. Además, para que el Tratado sea efectivo, los Estados tienen que presentar ambición política y aportar suficientes recursos económicos en la implementación de los mecanismos que establece.
Antecedentes del Tratado
El acuerdo internacional sobre los océanos se firmó en 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este acuerdo estableció una zonificación jurídica del océano: en las aguas territoriales (desde la costa hasta las 20 millas náuticas) tienen total soberanía los Estados costeros.
En la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que se extiende desde las 20 hasta las 200 millas náuticas, los Estados costeros tienen derechos soberanos y jurisdicción sobre las actividades económicas y los recursos. En altamar solo el Estado bajo cuyo pabellón navega un buque es responsable de hacer cumplir la Ley Internacional del Mar, aunque actualmente todos los países pueden navegar, pescar (o sobrepescar) y realizar investigaciones científicas en altamar a su antojo.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada bajo la Ley Internacional del Mar, tiene como objetivo por un lado regular la exploración y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos que se encuentran en altamar, y por otro lado, proteger los fondos oceánicos.
Sin embargo, esta ha aprobado planes de exploración de minería submarina, vulnerando así su mandato de protección y pudiendo provocar daños irreversibles sobre la biodiversidad de los fondos marinos.
Existen las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), que regulan las actividades pesqueras regionales en altamar: pueden establecer límites de capturas y esfuerzo pesquero, medidas técnicas y obligaciones de control.
En la actualidad, las OROP cubren la mayor parte de los mares del mundo. Sin embargo, las regulaciones que aprueban no tienen carácter vinculante y, en consecuencia, estas organizaciones no están equipadas para hacer frente a las prácticas pesqueras destructivas u otros impactos como los derivados del cambio climático (aumento de temperatura, acidificación, etc.).
Por todo ello, resultaba fundamental la creación de un acuerdo internacional para proteger el medio marino y la biodiversidad de dos tercios del océano.
A pesar de la importancia del océano para la supervivencia humana en el planeta, la contaminación por vertidos, las basuras marinas, la actividad pesquera o el cambio climático amenazan su biodiversidad y ecosistemas.
En solo una década (entre 2009 y 2018) se ha acabado con cerca del 14 % de los arrecifes de coral, debido al aumento de temperatura y casi dos tercios de las 134 especies de tiburones que viven en los arrecifes de coral están en elevado riesgo de extinción. A causa del cambio climático y la degradación de su hábitat, pero sobre todo debido a la sobrepesca.
La sobrepesca sigue aumentando mientras se produce, se consume y se depende de los alimentos acuáticos más que nunca: más del 35 % de los stocks pesqueros se encuentran sobreexplotados.
El segundo mar más sobreexplotado del mundo es el Mediterráneo (más del 60 % de las poblaciones de peces evaluadas están sobreexplotadas). En palabras de la UNESCO, “si no se actúa, más de la mitad de las especies marinas del mundo podrían estar al borde de la extinción en el año 2100”.
Las claves del Tratado
Una de las grandes victorias del Tratado es que por fin se establece el mecanismo que permitirá declarar zonas marinas protegidas en altamar. Esto es fundamental para alcanzar el objetivo mundial de proteger el 30 % de los océanos del mundo —fijado en el Convenio de la ONU sobre biodiversidad— ya que el altamar constituye dos tercios del océano y, sin este mecanismo vinculante, era inviable llegar a dicho objetivo.
Sea cual sea la forma de protección que se acuerde (que se desarrollará en los próximos años) Ecologistas en Acción espera restricciones ambiciosas a la pesca industrial, las rutas marítimas y el establecimiento de una moratoria global de la minería submarina.
La biodiversidad marina contiene la mayor diversidad filogenética y genómica de la Tierra. Uno de los puntos que más controversia ha generado durante las negociaciones entre Estados ha sido el acuerdo para compartir los recursos genéticos marinos: material genético patentable de especies de animales, plantas o microorganismos marinos ya descubiertos o por descubrir, que pueden tener beneficios para la sociedad, como usos farmacéuticos, industriales o alimentarios.
Hasta ahora, la mayoría de las secuencias genéticas patentadas están asociadas a especies microbianas (73 %), pero también se han registrado secuencias de especies como el cachalote (Physeter macrocephalus), la manta raya oceánica (Manta birostris) o especies que componen el plancton.
De acuerdo con la Ley Internacional del Mar estos recursos son “Patrimonio Común de la Humanidad” (artículo 136). Sin embargo, desde el inicio de las negociaciones del Tratado, el principio de Patrimonio Común de la Humanidad ha provocado una fractura entre los gobiernos del Sur Global (que promueven el principio) y los representantes de las potencias marítimas tradicionales del Norte Global como Japón o Estados Unidos, que han defendido el principio de “Libertad de la altamar” (artículo 87).
En la actualidad, casi el total de los recursos genéticos marinos pertenecen al oligopolio empresarial de 10 países (el 74 % de todas las secuencias patentadas están registradas en empresas con sede en Alemania, EE UU y Japón). Una sola empresa —BASF, la principal empresa química del mundo con sede en Alemania—, registra casi la mitad de todas las patentes genéticas marinas (el 47 %).
Las universidades y sus socios comerciales solo han registrado el 12 %, y más de la mitad de todas las patentes universitarias han sido registradas por la rama comercial del Instituto Weizmann de Ciencia de Israel.
Afortunadamente, hay que celebrar por fin la creación de un mecanismo de benefit-sharing en el que se repartirán estos beneficios, ya que hasta ahora primaba el principio de “quién llegue antes, es decir, las naciones más poderosas, se lo quedan”.
No obstante, todavía quedan muchas negociaciones por delante. Los detalles de cómo se aplicará este mecanismo entre los Estados se irán desarrollando en las Conferencias de las Partes del Tratado. Por ejemplo, no parece que este mecanismo vaya a tener carácter retroactivo, ni explica qué pasará con el monopolio de las patentes ya registradas.
Otra de las claves del Tratado es el establecer como requisito la evaluación del impacto ambiental en las actividades que se realicen en aguas profundas y los fondos marinos potencialmente dañinas. La inclusión de este requisito también supone una gran victoria, aunque lamentablemente no sea de aplicación directa a la minería submarina, puesto que depende de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos, a pesar de la amenaza del inicio de la extracción de recursos geológicos del fondo marino.
Tal y como afirma Cecilia del Castillo Moro, portavoz de Ecologistas en Acción, “el océano impulsa los sistemas planetarios que hacen de la Tierra un lugar habitable para el ser humano. Nuestra lluvia, el agua potable, el clima, gran parte de nuestra comida e incluso el oxígeno del aire que respiramos, los proporciona y regula el océano. Sin embargo, solo el 1,2 % del mismo se encuentra protegido.
La aprobación de este acuerdo supone un gran paso para salvaguardar la biodiversidad del planeta. Pero es necesario que los Estados tengan la suficiente ambición e inviertan recursos económicos necesarios para hacer realidad este Tratado”.
Fuente: Ecologistas en Acción