La Fundación Savia presenta alegaciones a la planta fotovoltaica Bucare de Alcalá de Guadaira
La contribución de la energía solar fotovoltaica supone una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la consolidación de un tejido productivo descarbonizado. Pese a ello, produce efectos negativos en el territorio que no pueden ser ignorados.
La Fundación Savia considera que “urge disponer de una normativa para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones solares, de forma que se puedan evaluar los efectos ambientales de manera racional y poder asociar la consideración de los impactos a una referencia común”. Así lo expresan en las Alegaciones presentadas a la Dirección General de Política Territorial y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Retro Demográfico a la planta fotovoltaica Bucare en Alcalá de Guadaíra.
La organización manifiesta que las administraciones deben establecer su intervención para evitar burbujas especulativas, orientar su ordenada distribución y corregir los impactos ambientales que pueden provocar una pérdida de diversidad en los usos del suelo y una disminución de la calidad paisajística. Además, atienden a las 13 recomendaciones de la UNEF.
Reclaman como meta la “seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para las inversiones fotovoltaicas ya ejecutadas y futuras; un mercado estable de fotovoltaica con una planificación de la generación distribuida en un mix descarbonizado a largo plazo; vincular la energía fotovoltaica a la eficiencia energética y a la eliminación del CO2 en el urbanismo y el transporte; y asociar el mercado fotovoltaico con el impulso de la industria y la tecnología nacional, como fundamento de una economía moderna e innovadora.
En el extenso documento de alegaciones a la planta fotovoltaica Bucare afirman que es “imposible asegurar la viabilidad ambiental de esta instalación si no se une al efecto combinado y sinérgico que proyectos paralelos van a tener en el territorio” y añaden que “la ausencia de planificación y ordenación puede dar al traste el apoyo a esta energía limpia y genera un sentimiento de rechazo en las poblaciones afectadas”.
Atienden, de manera directa a la ocupación o fragmentación del paisaje, entendido como un bien público esencial para el bienestar individual y social, componente fundamental del patrimonio natural y cultural, y que, como tal, contribuye a la identidad europea. Este proyecto acumula resultados adversos “como pérdida de belleza, banalización, uniformización, cambios del carácter y deterioro de la funcionalidad ecológica”.
Savia afirma que este proyecto responde a intereses exclusivamente económicos sin valorar la pérdida de suelo, paisaje y biodiversidad. “Si se permite la utilización de más de 400 ha para la planta fotovoltaica que sumada a los proyectos ya aprobados en la zona, el declive será inevitable y la recuperación de la zona una quimera a todos los efectos, causándose un irreparable daño de carácter medioambiental”. Indican, además, que el proyecto no estaría dentro de la normativa vigente en materia de protección de aguas subterráneas y no se ha valorado suficientemente el recuso edáfico donde se asientan las instalaciones.
También, hacen referencia a cuestiones que no se han tenido en cuenta en la Evaluación de Impacto Ambiental como son la obra civil, la fase de funcionamiento, el convenio europeo del paisaje, la consideración del paisaje en el Estatuto de AutonSsomía de Andalucía y la incidencia paisajística de las plantas fotovoltaicas y su percepción social.
Otro déficit observado es la casi nula participación social, donde “El 90% de los 3.000 Megavatios fotovoltaicos de la última subasta se repartieron entre menos de 30 empresas, y se estima que un más de un 25% estaría ya en manos de fondos internacionales; mientras que de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas, que concentran dichos beneficios y, en muchos casos, también transmiten la propiedad a fondos internacionales”.
Por ello, sostienen que es necesario garantizar el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción. Piden que la Administración exija “que todos los proyectos tengan como mínimo acuerdos con los propietarios de los terrenos en los que van a poner en marcha su instalación” y que, si el suministro de agua sostenible no está garantizado, no puedan ser considerados viables.
Además, la planta fotovoltaica Bucare no ha acreditado la utilidad o interés públicos para invadir zonas de especial protección o de carácter rural o natural; la evaluación de las alternativas elegida no es correcta; está a escasa distancia del ámbito de aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias y de la Zona Importante para las Aves Esteparias; el estudio del paisaje no es completo ni utiliza metodología para evaluar el impacto visual; no se ha presentado el resultado de la prospección arqueológica independiente en el ámbito de actuación y de su entorno; se ubican a corta distancia del espacio protegido Red Natural 2000 “Río Guadaíra”; no se ha aportado estudio independiente basado en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables; y está dentro del área de actuación del Programa Coordinado de Recuperación del Río Guadaíra;
Para terminar, la Fundación Savia manifiesta que “el promotor deberá establecer unas medidas para la correcta integración del proyecto de la planta solar en el paisaje en cualquiera de las alternativas que puedan surgir en el documento de Estudio de Impacto Ambiental”.
Fuente: Fundación Savia