El borrador del nuevo `paquete lácteo´, a debate

Besana

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha analizado con el sector ganadero de leche, a través de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, el contenido del borrador del nuevo «paquete lácteo», que será aprobado próximamente mediante Real Decreto.

Fuentes de las organizaciones agrarias han asegurado que entre las principales novedades del texto -que sustituirá al Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre- figura un mayor control para que los contratos entre productores e industria tengan, como mínimo, la duración de un año. Han detallado que los ganaderos, si renuncian a pactar un año de contrato con la industria, tendrán que comunicarlo a la administración competente de cada región, en coordinación con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Las mismas fuentes han señalado que el borrador del paquete lácteo -que está siendo estudiado actualmente por el Consejo de Estado- también recoge que la industria tendrá que presentar su oferta contractual a los ganaderos con dos meses de antelación para que el productor pueda estudiarla.

El Magrama ha informado  de que en la reunión también se le ha facilitado a los representantes sectoriales los parámetros de producción, obtenidos del informe de monitorización que elabora y publica el Departamento desde hace siete meses.

En base a los datos actuales de entregas de leche y a las proyecciones de producción realizadas, la cuota láctea -que finaliza el 31 de marzo- se rebasaría entre un 0,3 % (17.000 toneladas) y un 0,7 % (43.000 toneladas). Además, según este informe, se aprecia una reducción de la cabaña, que se traduce en una contención del nivel de entregas y en unos datos más optimistas respecto a las estimaciones de sobrepasamiento de cuota de los meses anteriores. En este contexto, el Ministerio ha optado por no poner en marcha las retenciones a cuenta a los ganaderos, previstas en la normativa comunitaria.

Tras la reunión, la secretaria general de Asaja Asturias y miembro de la sectorial láctea, Geli González, ha señalado  que los contratos de un año «dan estabilidad» al sector, que depende «mucho» de la «predisposición de la industria» a la hora de establecer las cantidades y el precio que se fije en el contrato. Los contratos se cerrarán sujetos a precios fijos o referenciados, algo que ya se refleja en el paquete lácteo anterior, ha señalado. Ha apuntado que «es una negociación entre las partes y quien pone el contrato encima de la mesa -la industria- será el que haga referencia a que índices» de precios se acogen, siendo el ganadero «quien decidirá si los quiere».

Según González, «queda camino todavía por recorrer y habrá que hacer un esfuerzo de información» al sector productor para que conozca las posibilidades que le ofrece el nuevo «paquete lácteo». Por su parte, el responsable de acción sindical de COAG, Andoni García, ha valorado los nuevos controles para que los contratos duren como mínimo un año, ya que, aunque la anterior normativa del «paquete lácteo» contenía ese requisito, en su opinión «no se ha cumplido».

García ha considerado que no se ha cumplido porque una parte de la industria láctea «ha utilizado» que los ganaderos no tuvieran que comunicar su renuncia a los contratos de un año como un instrumento «para imponer sus condiciones». «Lo que nos ha estado planteando hasta ahora la industria y la realidad de lo que hemos visto es que los contratos no han sido de un año», ha insistido. García espera que el Gobierno publique «cuanto antes» la nueva normativa sobre el «paquete lácteo» y «no haya más retrasos».

Desde UPA, su secretario de Ganadería, Román Santalla, ha afirmado que lo «normal» es que los contratos tengan una duración de un año, porque «si se deja a los vaivenes del mercado, nos podemos quedar sin producción». Por lo tanto, ha calificado de «muy importantes» los acuerdos entre productores e industria para «fortalecer» la cadena alimentaria en sus primeros eslabones, «frente a una distribución que impone los precios».En la reunión mantenida, Santalla ha propuesto que sea el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el organismo encargado de publicar la indexación de los precios a través de criterios objetivos.Según Santalla, el Ministerio tiene previsto enviar este Real Decreto para su aprobación en Consejo de Ministros a mediados de febrero.