Diálogo entre Junta y sector para garantizar que la planificación acuícola responde a sus necesidades

La Consejería de Pesca acoge la reunión del Comité de Acuicultura de Andalucía, región con más de 7.200 hectáreas dedicadas a esta actividad

Comité de Acuicultura de Andalucía

El director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez, ha presidido la reunión del Comité de Acuicultura de Andalucía celebrada recientemente en la sede de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Durante el encuentro, los representantes del Gobierno andaluz y del sector han abordado, entre otras cuestiones de interés, los logros alcanzados durante el pasado año y las perspectivas para 2024 en el ámbito de la Estrategia de la Acuicultura.

“Estamos inmersos en un diálogo cercano y productivo que nos permita recopilar las propuestas del sector y comenzar a dar forma a la próxima planificación para 2025-2026”, ha explicado José Manuel Martínez, subrayando su apuesta por el consenso para acordar también detalles del Proyecto Regional de I+D+i que atañe a esta actividad.

En su intervención, el director general ha recalcado la importancia de que “las medidas que se apliquen en el territorio andaluz para continuar impulsando la acuicultura sostenible respondan a las necesidades de los dos tipos de actividad que se desarrollan en la Comunidad Autónoma centradas, por un lado, en el aspecto más artesanal; y por otro lado, en cuestiones más empresariales”. Para Martínez, es imprescindible que “ambos sistemas coexistan y sigan avanzando” porque “su contribución al entramado socioeconómico es complementaria”.

“La acuicultura artesanal tiene un importante papel en el mantenimiento de los valores naturales y culturales de los espacios donde se ubican los establecimientos y en la dinamización de estas áreas”, ha afirmado el representante del Gobierno andaluz, apuntando también que “la acuicultura empresarial, por su parte, es protagonista en el abastecimiento continuo del mercado con productos de gran calidad”.

Los integrantes del comité han abordado también la programación prevista por la Consejería con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) y relativa a líneas de ayudas ambientales a las que pueden acceder los titulares de los establecimientos acuícolas.

Al respecto, José Manuel Martínez ha animado a los profesionales del sector a “solicitar las subvenciones que más se ajusten a sus necesidades para aprovechar al máximo las posibilidades de apoyo que existentes”. “Desde la Junta, vamos a respaldar a los andaluces en todo aquello que esté en el marco de nuestras competencias, pero es vital que no dejen pasar las oportunidades que brindan todas las instituciones públicas”, ha aseverado.

El director general ha hecho hincapié en que “es fundamental que las distintas administraciones trabajen en la simplificación y agilización de los trámites; avancen en el ajuste de los requerimientos que se solicitan a las empresas acuícolas; y tengan en consideración las necesidades de espacio e infraestructuras que conlleva el desarrollo de este sector estratégico para Andalucía”.

Acuicultura andaluza

Las más de 7.200 hectáreas autorizadas en Andalucía para el desarrollo de la actividad acuícola acogen a un centenar de establecimientos que, en su amplia mayoría (89%), se encuentran en tierra; y de forma más excepcional (11%), se refieren a acuicultura marina. La producción de este tejido empresarial puede variar entre 7.000 y 9.000 toneladas; y su valor ronda los 70 millones de euros.

El destino principal de los productos acuícolas andaluces es el mercado nacional (93%). Por su parte, las exportaciones a países de la Unión Europea apenas concentran el 5,5% de la producción; y las ventas a terceros países suponen poco más del 1%.

Inspección Pesquera de la Junta evita la puesta en el mercado de más de 1.000 kilogramos de productos pesqueros en la provincia de Córdoba

Las operaciones se han realizado en la segunda quincena del mes de enero en colaboración con agentes del Seprona de la Guardia Civil

Pescado y pulpo decomisado

La Junta de Andalucía, a través de efectivos de la Inspección Pesquera en Granada de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), perteneciente a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y en colaboración con Agentes del Seproha de la Guardia Civil, en cumplimiento del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), dentro del ámbito de la línea de comercialización-mayoristas, incautaron los pasados días 16 y 30 de Enero en Mercacórdoba, un total de 630 kilos de pulpo de roca (Octopus vulgaris) ilegales, así como 480 kilos de pescado caducado sin trazabilidad, principalmente lubina (Dicentrarchus labrax), salmón (Salmo salar) y atún (Thunnus thynnus) en menor medida. 

Las actuaciones citadas han tenido más consecuencias, ya que, tras la investigación realizada sobre la procedencia del pulpo mencionado, se han derivado otras inspecciones con el objetivo de actuar sobre los canales de comercialización, de manera que la captura de ejemplares de talla no reglamentaria no sea rentable por carecer de salida comercial.

El pulpo decomisado se entregó al Banco de Alimentos para su consumo, puesto que la mercancía era apta para el consumo, mientras que el pescado caducado fue destruido en la nave destinada a tal efecto existente en Mercacórdoba.

La especie decomisada (Octopus vulgaris) presenta, según establece la normativa vigente, una talla mínima de un kilogramo, la cual, no se alcanzaba en el caso de las partidas de inmaduros incautadas, que no superaban los 700 gramos de peso medio.

Estas restricciones de talla mínima para la captura de la especie pretenden garantizar, entre otras, una explotación sostenible de la misma, haciendo posible la reproducción y el mantenimiento de ésta en niveles que procuren su continuidad y existencia.  

Para el caso del salmón, la lubina y el atún, éstos se encontraban sin ningún tipo de identificación, resultando imposible verificar la trazabilidad de los mismos, infringiéndose los cauces legales para su comercialización y excluyendo los controles higiénico-sanitarios establecidos de protección para la salud, debido a que su consumo no se encontraba certificado. De esta manera, por tanto, se impidió que estos productos pasaran a la cadena de comercialización. 

Estos hechos pueden considerarse, según la normativa que les aplica, infracciones tipificadas como graves, con las sanciones correspondientes que conllevan. Por estos motivos, la actuación llevada a cabo pone de manifiesto la importancia del trabajo realizado por parte de la Inspección Pesquera para garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente, una explotación racional y responsable de los recursos pesqueros, y luchar contra actividades ilícitas en el ámbito de la pesca que proporcionen una protección medioambiental y conservación de la biodiversidad marina. 

Fuente: Consejería de Agricultura