El Gobierno actualiza los baremos para establecer las ayudas por paradas obligatorias de la flota pesquera
Se introducen una prima por coste fijo y otra por lucro cesante para que las ayudas compensen de forma más actualizada las consecuencias de las paradas temporales
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se actualizan los baremos para el establecimiento de las ayudas para compensar la paralización temporal de la actividad de la flota pesquera con financiación del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA)
El anterior baremo se aprobó en 2015 y se ha aplicado en el periodo 2014-2020 de ejecución de este fondo europeo. Ahora se considera necesaria su actualización, dado el tiempo transcurrido y los cambios habidos en el entorno económico.
La revisión del sistema de cálculo de las ayudas se modifica con la inclusión de dos componentes, una prima por coste fijo y otra prima por lucro cesante. De esta manera, se pretende que la ayuda compense de una forma más fiel y actual las consecuencias que tiene para los armadores la paralización de la actividad pesquera.
La modificación permitirá mejorar la capacidad de adaptación y sostenibilidad a medio plazo de la flota, en un contexto de incremento de precios de los insumos. La actualización de los importes percibidos por los pescadores y armadores podrá mejorar sus posibilidades de mantener la actividad económica, al compensar de modo más adecuado el lucro cesante ocasionado por las paralizaciones, lo que redundará en la capacidad de supervivencia del sector y de los puestos de trabajo.
En la mayoría de los casos la paralización pesquera obedece a cuestiones biológicas, y se realiza con el objeto de garantizar la recuperación o el mantenimiento adecuado de las poblaciones afectadas. Esta garantía de mantenimiento de los recursos biológicos marinos es un bien social con beneficios generales, y son los pescadores y armadores uno de los actores más directamente implicados.
Esta actualización, junto con la ya realizada en julio de 2022, en el marco de la aplicación del Plan de gestión del Mediterráneo, supone el equilibrio entre la aportación del sector extractivo al mantenimiento de los recursos pesqueros y el esfuerzo económico directo que supone para ellos.
Fuente: Ministerio de Agricultura