El Gobierno contribuye con cerca de 154.000 euros a organizaciones y programas internacionales de carácter agrícola y ganadero
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar siete contribuciones, por un valor total de 153.907 euros, a distintos organismos y programas internacionales de carácter agrícola, ganadero y de lucha contra el cambio climático, considerados de interés para España.
De esta cantidad, 69.622 euros irán destinados al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Este tratado, adoptado por Naciones Unidas en 2001 y firmado por España en 2002, tiene entre sus objetivos la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
Asimismo, el ministerio destinará otros 28.750 euros al Programa Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos (ECPGR), establecido para facilitar que los programas nacionales, regionales y subregionales en Europa conserven los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, brinden acceso y aumenten la utilización de manera colaborativa, racional y efectiva.
Otros 20.200 euros financiarán la iniciativa “4 por 1000”, establecida en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de París (COP 21), con el objetivo de aumentar el contenido de carbono orgánico de los suelos para que éstos se conviertan en sumideros de carbono, mitiguen el cambio climático y mejoren su resiliencia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ostenta la representación española en esta iniciativa, cuya participación es asumida voluntariamente por instituciones y países.
También se ha autorizado una aportación de 14.641 euros a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP), organización científica auspiciada por Naciones Unidas que promueve las mejores condiciones económicas y estructurales para la producción animal. España es uno de los miembros fundadores de la EAAP
De igual manera, se van a destinar 10.000 euros al Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS), cuya finalidad principal es aumentar la transparencia de los mercados y, por consiguiente, reducir la volatilidad de los precios, al tiempo que promueve una acción política en favor de la seguridad alimentaria.
El ministerio aportará otros 5.894 euros a la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID). Establecida en 1950, esta organización internacional científico-técnica, sin fines de lucro y no gubernamental, trabaja para conformar una red profesional de expertos de todo el mundo en el campo del riego, el drenaje y la gestión de inundaciones.
Por último, se ha autorizado una aportación de 4.800 euros al Punto Focal Europeo para Recursos Genéticos Animales (ERFP). Los Puntos Focales Regionales para los Recursos Genéticos Animales se han establecido en varias regiones para facilitar la cooperación regional, proveer asistencia técnica y liderazgo, coordinar actividades de capacitación, investigación y desarrollo de proyectos en esta materia.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros, de la alimentación, que son de interés para España, ya que constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior.
El Gobierno aprueba un real decreto para regular el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales
El Gobierno ha aprobado hoy, en Consejo de Ministros, un real decreto por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales peninsulares, con lo que se da cumplimiento a uno de los elementos incluidos como hito en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al unificar la ordenación en la materia, que hasta ahora estaba muy dispersa en diferentes normas.
Hasta el momento existía una acusada fragmentación de la regulación de los caladeros en los que se dividen las aguas del caladero nacional (Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz y Mediterráneo), en siete reales decretos publicados entre 1993 y 2006. El caladero de Canarias continuará rigiéndose por sus normas vigentes, salvo algunas disposiciones de carácter transversal que le serán también de aplicación en lo relativo a cambios temporales de modalidad y los intercambios de censo.
Con la aprobación de este real decreto se lleva a cabo un ejercicio notable de simplificación normativa y de actualización, y se regulan aspectos transversales de las pesquerías, como son un conjunto de definiciones ahora unitarias, la compatibilidad de los artes, los cambios temporales de modalidad o los intercambios de censos. Estos dos últimos mecanismos cobran una importante dimensión a la hora de la ordenación y gestión de los diferentes censos por modalidad y caladero en los que se ubican los buques pesqueros de bandera española, bajo el principio de contingentación de los caladeros, vigente desde hace décadas en nuestro país.
Además, se regulan los tiempos de actividad pesquera en las aguas españolas, y en algunos casos de las comunitarias, así como se detallan las características técnicas del arte de arrastre de fondo o las condiciones para el ejercicio de la pesca con pincho-caña en el Cantábrico y Noroeste. Igualmente, se lleva a cabo una modificación puntual del reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca en aguas exteriores en relación a las fianzas o garantías financieras.
Con este nuevo real decreto, el Gobierno reafirma su compromiso con una pesca sostenible y contribuye a la gestión y conservación de los recursos pesqueros bajo el marco general de la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea. Esta sostenibilidad tiene una dimensión integral que abarca los pilares medioambiental, social y económico de las actividades pesqueras en beneficio de las comunidades costeras que dependen de ellas.
Fuente: Ministerio de Agricultura