Las Organizaciones Agrarias Andaluzas COAG y ASAJA rechazan el proyecto de real decreto de transición de la PAC presentado por Luis Planas
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía, junto con los demás integrantes de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, ha manifestado su rechazo unánime al último borrador del Real Decreto de Transición presentado por el ministro Luis Planas, por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023.
Este borrador de decreto, que será revisado en el Consejo de Ministros del próximo martes, 26 de enero, y se espera que sea aprobado y publicado en el BOE a lo largo de la semana que viene, ha encendido todas las alarmas en el campo andaluz, ya que si finalmente entra en vigor, va a ser letal para el modelo de agricultura social que prevalece en Andalucía.
En este sentido se ha manifestado Miguel López, secretario general de COAG Andalucía-, quien afirma que “la convergencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, terminará por cargarse el modelo profesional de agricultura andaluz”.
Para Miguel López, el ministro Planas es un “vendepatria”, porque traiciona al modelo social y profesional que debe defender, y asegura que con su decreto de convergencia arremete contra la economía agraria de Andalucía, contra un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario y que es el que fija población.
“Es inadmisible –dice- que esta reforma vaya en contra de aquellas explotaciones que han hecho un mayor esfuerzo en inversiones para adaptar sus estructuras, ser más productivos y crear más empleo”.
El decreto plantea una reforma brutal del actual sistema de convergencia, una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores.
Según el análisis de COAG Andalucía, la aplicación de esta propuesta conllevaría que, de un día para otro, aquellos agricultores con derechos de pago básico más elevados, por proceder de derechos especiales de ganadería (los que tienen menos base territorial) o por su mayor productividad al proceder de regadío frente a los que proceden del secano, sufrirían elevadas reducciones para acercar el valor de sus derechos a la media de su región, ignorando la diversidad productiva, la tipología de explotaciones, dimensión, y sin valorar la renta de cada uno de ellos.
En Andalucía, sólo el 3,5% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas y ocupan el 50% de la superficie agraria útil. El otro 50% está en manos del 96,5% de los agricultores andaluces, cuyas explotaciones tienen una extensión menor a 100 hectáreas. Son precisamente estas explotaciones donde se desarrolla el regadío andaluz y la agricultura más profesional, más productiva, inversora y que da empleo a más del 90% de los trabajadores ocupados en el sector.
Por tanto, la propuesta del ministro supone transferir fondos públicos desde esa agricultura profesional, productiva y generadora de empleo, hacia el otro modelo poco productivo, extensivo, latifundista y que no genera empleo ni dinamiza el medio rural.
“Aunque el ministro afirme que Andalucía no va a perder recursos –comenta Miguel López-, queriendo llevar el debate a un enfrentamiento político y debate entre comunidades, oculta lo que realmente va a hacer: que las ayudas se repartan entre los que más hectáreas tienen, entre los fondos de inversión y los mercados financieros, perjudicando así a los agricultores profesionales que son el verdadero motor socioeconómico del medio rural andaluz”.
“No damos crédito –añade- a lo que pretende hacer con la agricultura andaluza este ministro, con una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico incluida, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita (sin obligación por parte de la UE), que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues plantea una tasa plana que primará la superficie sobre la producción, provocando un efecto llamada a más fondos de inversión que acudirán a la caza de los bienes públicos: tierra, agua y apoyos de la PAC”.
ASAJA-ANDALUCÍA DENUNCIA QUE EL MAPA ROMPE EL CONSENSO Y LA COGOBERNANZA Y SE SALTA A LA TORERA LAS ORIENTACIONES DE LA CE PARA EL PERIODO TRANSITORIO
El Reglamento de transición de la PAC que el Ministerio de Agricultura pretende llevar al Consejo de Ministros el próximo martes carece de legitimidad, no cuenta con el consenso de los agricultores y las organizaciones agrarias, se salta los tiempos y no respeta las directrices planteadas por la Comisión Europea para este periodo de transición.
La Junta de Andalucía y el sector agrario andaluz han remitido esta mañana un escrito al Ministerio de Agricultura (MAPA) en el que muestran su rechazo unánime al texto definitivo del real decreto de transición de la PAC remitido ayer a las comunidades autónomas, minutos antes de la celebración del Consejo Consultivo de Política Agraria, y que podría llevarse al Consejo de Ministros del próximo martes 26 de enero para su aprobación.
De esta forma, la Mesa de Interlocución Agraria Andaluza, formada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha trasladado al Ministerio su desaprobación al proyecto de real decreto por el que se regularán las ayudas de la PAC para las compañas de 2021 y 2022, ya que plantea “una aceleración brusca de la convergencia, que tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces”.
Tal como explica el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, uno de los firmantes de esta declaración de rechazo, en el escrito se acusa al Ministerio de Agricultura de romper el clima de diálogo y consenso y “se rechaza de manera contundente la decisión unilateral adoptada por el MAPA para adelantar la reforma de la PAC y promover una reforma de la reforma que ahora no toca -un periodo de transición de dos años-, y que carece del beneplácito de los afectados, los agricultores y ganaderos, y de las propias comunidades autónomas que negocian con el Ministerio de Agricultura la futura reforma.
El presidente de ASAJA-Andalucía se pregunta: ”¿Dónde queda el diálogo del que tanto presume el Gobierno de Sánchez? ¿Dónde queda la cogobernanza con las comunidades autónomas en cuestiones agrarias, que ha sido seña de identidad del MAPA desde la llegada de la democracia?”
El sector agrario andaluz exige al Ministerio de Agricultura que no adelante los tiempos, que cumpla con las directrices de Bruselas y que modifique el último borrador del real decreto para garantizar que, en este periodo transitorio de dos años se siga aplicando el modelo de convergencia aún vigente, hasta que se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas. En definitiva, piden que se actúe tal y como se hizo en 2015, cuando se consensuó un sistema de convergencia parcial y progresivo para permitir una adaptación paulatina de las explotaciones.
En este sentido, las organizaciones y cooperativas agrarias y la Consejería de Agricultura recuerdan que en septiembre del año pasado manifestaron su disconformidad a este “drástico cambio en el modelo de convergencia”, que ya se recogía en el primer borrador del real decreto, al tiempo que desde Andalucía se plantearon modelos alternativos que evitasen perjuicios a los agricultores y ganaderos de la comunidad. En cambio, el texto final enviado a las comunidades mantiene “inalterado” la convergencia “acelerada y profunda” de los derechos de pago básico.
A este respecto, la Mesa de Interlocución pone el acento en que el Ministerio plantea una convergencia del 25%, lo que supone multiplicar por cuatro la convergencia del marco anterior, que fue del 6%. “La velocidad de convergencia se incrementa por un factor superior a cuatro y se eliminan las restricciones frente a pérdidas”, subraya el documento, que hace hincapié en que habrá muchas explotaciones “que verían sus niveles de renta muy comprometidos”.
Junta y sector agrario consideran, además, que este cambio brusco en el modelo de convergencia para un periodo que “debe ser de simple transición”, altera el punto de partida sobre el que se aplicará la nueva PAC, al condicionar los debates sobre el plan estratégico nacional.
En esta línea, la consejería, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía insisten en que las recomendaciones y el reglamento transitorio de la propia Unión Europea indican simplemente que se siga avanzando en la convergencia e, incluso, permite a los estados miembros mantener los derechos en su valor de 2020.
Fuente: COAG Andalucía / Asaja Andalucía