La Fundación Savia propone mejoras en el sistema y la cadena de valor agroalimentaria

La Fundación Savia ha dirigido una propuesta a todos los Grupos Parlamentarios andaluces considerando las desavenencias existentes en el sistema y la cadena de valor agroalimentaria.

En Andalucía, el sector agroalimentario, junto al turismo, es una pieza fundamental de nuestro tejido económico y social, además de una seña de identidad en todo el mundo y una referencia en Europa. Pese a todo ello, la cadena de valor agroalimentaria requiere de mejoras que, la Fundación Savia considera, deben ser abordadas desde el Parlamento de Andalucía. Ellos proponen “una ley que optimice y mejore el funcionamiento de nuestra cadena de valor agroalimentario, que fortalezca nuestra gobernanza, que garantice el relevo generacional en el sector primario, la gestión del territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales, a la vez que los andaluces, las andaluzas tengan acceso en condiciones adecuadas a alimentos de calidad, de cercanía, de temporada, ecológicos”.

La organización propone abordar diversos temas de la cadena de valor:

  • Garantizar la viabilidad de las pequeñas explotaciones familiares, a las que es necesario reducir las cargas burocráticas a la vez que conseguir que reciban unas rentas dignas por sus productos; Considerar jurídicamente las singularidades y características de las pequeñas explotaciones con incentivos y políticas fiscales, económicas y de formación específicas;
  • La industria de transformación agroalimentaria familiar, en Andalucía tiene que cumplir los mismos requisitos, licencias, documentación, permisos que una gran industria. A la vez, la puesta en marcha y la regulación de los mataderos móviles supondría un gran avance para el sector ganadero;
  • En el sector de la intermediación y comercialización de alimentos, según datos del propio Ministerio de Consumo, más del 80% de la compra en alimentación de las familias se realiza en las grandes cadenas de distribución (hipermercados, supermercados y discount), en detrimento de los mercados tradicionales y las tiendas de barrio. Recuperar y potenciar los mercados tradicionales y las tiendas de barrio que generan empleo y riqueza asociado al territorio, La fórmula más eficaz de poner esta idea en práctica es mediante el ejemplo. La administración pública debe realizar sus compras de alimentos para los diversos centros de servicio público (comedores escolares, universidades, hospitales, centros administrativos, residencias, etc.) con criterios de proximidad y sostenibilidad.
  • Los consumidores, el último gran eslabón de la cadena agroalimentaria. Datos para la preocupación: una población cada vez peor alimentada y cada vez más familias que cuentan con escasos ingresos y a los que les cuesta acceder a una alimentación adecuada y equilibrada, situación que sigue agravándose por la crisis económica motivada por el COVID19.

Además, según datos de la Comisión Europea “el 28% de la superficie agrícola mundial (1.400 millones de hectáreas) se usan habitualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician, con un volumen total de agua utilizada para este fin de 250 Km3 y una huella de carbono de 3.300 millones de toneladas de equivalente a CO2 de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera al año. Entre el 30% y el 50% de los alimentos aptos para el consumo humano, son desechados por no cumplir con las exigencias de los contratos de las grandes cadenas distribuidoras”.

“Los criterios de economía circulan abordarían gran parte del desaprovechamiento alimentario, dotando de valor a productos, materiales y recursos para mantenerlos económicamente productivos durante el mayor tiempo posible y generando la mínima cantidad de residuos. Apostar por el consumo de productos de temporada y cercanía, con la labor ejemplarizante de la administracion pública andaluza, creando vínculos y canales”, dicen desde la Fundación Savia.

Según el 9º Informe de la EAPN (Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social) sobre “El Estado de la Pobreza” (2008-2018), Andalucía se encuentra en el segundo puesto con mayores índices de pobreza en España. Cuenta con un 38,2 % de la población en situación de vulnerabilidad o grave vulnerabilidad. Eso supone que más de 3 millones de los andaluces se encuentran en pobreza o riesgo de pobreza. “Debemos ser capaces de establecer medidas, acciones que permitan que alimentos aptos para el consumo, aunque no sean admitidos por los canales principales de distribución, lleguen a los hogares que más lo necesitan”.

Savia insta a los Grupos Parlamentarios a que se mejore el sector socioeconómico de los alimentos en Andalucía para garantizar la viabilidad y relevo generacional en el sector primario, que se arraigue la gente en el territorio, que se frene el cambio climático, que se fortalezca la gobernanza alimentaria, que los agricultores y ganaderos reciban rentas dignas y justas, que se genere un tejido empresarial de transformación agroalimentaria que genere empleo y riqueza, que todos los andaluces tengan acceso a una alimentación de calidad, de cercanía, de temporada, ecológica.

En su carta, esta entidad pone de ejemplo a la experiencia de los “Espigoladors” en Cataluña, que de manera voluntaria y altruista y con la colaboración de entidades públicas y privadas recogen productos en el campo que no iban a ser cosechados, después lo distribuyen y donan a entidades sociales, disminuyendo el despilfarro de alimentos, las emisiones de C02 y ahorrando millones de litros de agua, además de repartir casi 3 millones de raciones de comida a familias en situación de necesidad.

El 4 de Marzo de 2019, el Parlamento de Andalucía, aprobó por unanimidad una proposición no de ley (11-19/PNLC-000026) con el objetivo de poner en marcha una Estrategia Andaluza para la Recuperación Alimentaria, pero todavía no se han puesto en marcha las medidas y acciones de esta estrategia.

La Fundación solicita a los distintos grupos parlamentarios que estudien las propuestas de mejora del sistema y la cadena de valor agroalimentaria, beneficiosas para los andaluces y Andalucía.

Fuente: Fundación Savia