El 40% de los solicitantes de la PAC están en edad de jubilación
Los datos del FEGA sobre la PAC revelan que el 40% de los solicitantes tienen más de 65 años, es decir que tienen la edad de jubilación y por tanto no deberían tener el trabajo agrario como primera actividad laboral. A pesar de ello, estos agricultores y ganaderos cobran el 30% de los fondos destinados a estas ayudas, lo que equivaldría a unos 5.500 millones de euros. Las organizaciones agrarias, según recoge Vidal Maté en elpais.com, atribuyen esta situación a las normas impuestas por la Comisión Europea para ser reconocido como agricultor activo y que no han servido para frenar que muchos agricultores cuya principal actividad no sea la agraria sigan cobrando estas ayudas. De hecho, la reducción de un 4% en los solicitantes este 2015 se atribuye no a las exigencias reclamadas para poder cobrarlas sino a que personas que iban a perder los pagos han vendido o transferido los derechos, y a pequeños perceptores han unido sus peticiones.
Recientemente, la propia ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha visto inmersa en una polémica con la CE por las condiciones establecidas para designar las condiciones necesarias para ser agricultor activo. La titular del Magrama defendió primero el hecho de que cerca de 35.000 agricultores y ganaderos hubieran tenido que dejar de cobrar estas ayudas, lo que implicaba en su opinión que se habían hecho bien las cosas, pero luego se encontró con que el propio comisario europeo, Paul Hogan, aseguraba que España había optado por las condiciones menos restrictivas que mandaba la norma europea.
Pese al enfado de la ministra, que aseguró que iba a reclamar una explicación al comisario europeo, al final no se ha sabido nada más del asunto, dejando el asunto en un impasse y con la sospecha de que la «imposición» de normas por parte de la CE que siempre ha asegurado el Ministerio tal vez no fuera tanta.
Con este panorama, desde la UPA se insiste en que Agricultura nunca tuvo voluntad de imponer más exigencias para cambiar la distribución de los pagos en beneficio de la mayoría de los profesionales, como lo prueba el hecho de no haber establecido un tope de por petición y limitarse solo a aplicar una rebaja del 5% a partir de los 150.000 euros.
Asimismo, lamentan que haya aceptado que un peticionario que no llegue a ese 20%, tenga la tierra en buen estado y justifique una serie de acciones de laboreo sobre esa superficie sea considerado como agricultor activo.
Por si parte, desde la Unión de Uniones se destaca que no se pueden eliminar de un plumazo como perceptores de fondos a los mayores de 65 años o jubilados, pero también pide que se busquen fórmulas para que, de forma progresiva, el grueso de recursos recaiga sobre profesionales del campo, colectivo estimado en unas 300.000 personas, a los que se suman, además, agricultores a tiempo parcial.