UPA: “2018 a dos velocidades, precios regresivos y costes progresivos”
A pesar de la mejora meteorológica que 2018 ha supuesto respecto a 2017, cuando la Península Ibérica sufrió la peor sequía de su historia, el campo sigue preso de una alta variabilidad de las condiciones climatológicas, del avance del cambio climático y, sobre todo, de las injusticias de la cadena agroalimentaria.
Sobre este último aspecto, UPA ha explicado que el año 2018 se ha caracterizado por un nivel óptimo de muchas producciones, que ha estado acompañado por “cotizaciones desfasadamente bajas de los precios percibidos por los productores”. A su vez, los costes de producción han experimentado una inusitada subida de precios, sobre todo de la energía, los fertilizantes y los piensos. Por último, las ayudas se han mantenido, por lo que no han podido mitigar la mala situación económica que atraviesan los productores y, lo que es peor, en Bruselas se plantea un drástico recorte de la Política Agraria Común (PAC).
En resumen, durante 2018 el campo ha tenido que asumir cifras récord de sus costes de producción a la vez que ha sufrido el hundimiento del valor de sus productos. Desfases que los productores han tenido que soportar “mientras la espada de Damocles pende sobre sus cabezas”, porque un descenso del presupuesto de la PAC desencadenaría un futuro muy oscuro para la agricultura y ganadería familiares de Europa, han señalado desde UPA.
UPA pide subir el precio de retirada de pepino para salvar a los agricultores
La producción de pepino, concentrada en Granada y Almería durante esta época del año, se está incrementando muchísimo debido a las altas temperaturas que se están registrando en la zona. Esto, junto con los problemas de transporte en Francia causados por las protestas, ha tenido como resultado un exceso del 60% del producto, según fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). ¿Las consecuencias? “Terribles para la economía de toda la región”, ha declarado UPA, y ha explicado esto con datos. Si bien los agricultores asumen unos costes de 0,35 € para producir un kilo de pepino, el precio que reciben por esa cantidad es de 0,22€ (según el último registro de la propia Junta de Andalucía).
Para descongestionar el mercado las empresas ya han retirado 450.000 Kg de pepino, pero UPA ha advertido de que esta cantidad no es suficiente. Según la organización agraria, habrá que retirar otro 30% de la producción actual, “como mínimo”. De esta forma, se contribuye a recuperar el mercado y a recibir un precio adecuado por el resto de la producción”, han explicado desde UPA. Pero, para que sea efectiva, “esta medida debe ser ampliamente puesta en práctica y poder solventar este problema puntual”, han concluido.
Por eso, una de las demandas que la organización ha transmitido a las autoridades es que incentive la retirada de producto. Actualmente, solo las cooperativas y Organizaciones de Productores (OPs), las cuales comercializan el 40% del pepino, pueden realizar retiradas de producto con cargo a sus programas operativos. Sin embargo, este precio es extremadamente bajo: 0,9€/Kg. Para agravar la situación, el resto de la producción (en torno al 60%) se comercializa a través de alhóndigas, las cuales no tienen posibilidad de realizar retiradas con cargo a ningún fondo operativo, por lo que estos productores no reciben ni un solo céntimo por la cantidad retirada.
“Las retiradas aisladas no tienen la misma repercusión en el mercado que si se realizan de forma global”, han explicado desde UPA. Por esto, la organización ha pedido que se articulen mecanismos para que todo el sector pueda beneficiarse de la retirada de producto y que esta, además, se realice con un precio mayor. Para ello también sería necesario incrementar el porcentaje que una OP o una cooperativa pueden destinar a la retirada.
UPA también ha pedido activar el fondo de crisis para hacer frente a este problema causado por el cambio climático y las protestas en Francia. Por último, UPA ha insistido, una vez más, en la necesidad de que los productores tengan herramientas que les permitan negociar precios mínimos, reforzar su posición en la cadena agroalimentario y obtener un precio justo que remunere su trabajo.