Retraso y bajo nivel de ejecución en las ayudas a la modernización de la Junta de Andalucía

Si el año pasado ya nos lamentábamos del retraso de las ayudas a la modernización de la Junta de Andalucía con cargo a los fondos FEADER del período marco comunitario 2014-2020, en este nuevo balance tenemos que lamentar el bajo nivel de ejecución de las diferentes líneas de ayudas: en caminos, donde apenas se ha otorgado el 10% del presupuesto, sino también en nuevos regadíos y mejora de regadíos, y en autoproducción y eficiencia energética, donde el nivel de ejecución es ahora mismo cero. Todo ello es fruto del retraso en la resolución de las ayudas que denunciábamos el año pasado y que ha sido en gran medida provocado por una tramitación engorrosa y cuajada de trabas burocráticas. La Junta de Andalucía debería replantearse este engorroso sistema de tramitación, y también su preocupante tendencia a poner trabas administrativas con criterios arbitrarios y no ajustados a derecho, porque corremos el riesgo de que se pierda este dinero procedente de Europa. Si no se resuelven ayudas, no se ejecutan obras, si no se ejecutan obras, no se justifican las ayudas, por tanto, no se paga, por tanto, no se justifica ante Europa, y por tanto, se pierden los fondos FEADER. En conclusión, o la Consejería de Agricultura deja de poner absurdas trabas burocráticas y a su vez, modifica su complejo sistema de tramitación de ayudas en concurrencia competitiva ideado por la Consejería de Hacienda, o millones de fondos FEADER del periodo marco comunitario 2014-2020 se van a desaprovechar por no haberse ejecutado.

Especies invasoras: no se la toman en serio. Nuevamente parálisis y retraso. Con más de un año de retraso por fin se reunió el grupo de seguimiento de la Consejería para esta cuestión, donde la administración presentó un borrador de plan de actuación que sería para reír si no fuera para llorar, sin anexo de inversiones ni medidas concretas de ningún tipo. Una faena de aliño para salir del paso y salvar la cara. Pilar Navarro no se ha tomado en serio el tema y se le nota a leguas. Y sin embargo es un tema muy serio. Las especies invasoras representan una amenaza potencial de daños anuales estimados en 72 millones de euros, repartidos entre sobrecostes energéticos (30 millones), de mano de obra (38 millones), y tratamientos (3,6 millones). No es una cuestión para despacharla con un documento de copia y pega.

Breña II y Arenoso. La explotación directa de las presas Breña II y Arenoso sigue en manos de Acuaes, lo que hace que estos embalses nos cuesten 1.5 millones más. La explotación por parte de la Confederación nos permitiría ahorrar justo esta cantidad, que saldría tanto de la exención del IVA como de las economías de escala que se producirían con la gestión por parte del organismo de cuenca que ya gestiona el resto de embalses en el Guadalquivir. El traspaso de la gestión de estas dos presas a la CHG estaba en la agenda del anterior Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero nunca llegó a concretarse, razón por la que hemos pedido al nuevo equipo al frente del Ministerio de Transición Ecológica que “retome este asunto” e imponga “la racionalidad” en la gestión de la Breña II y Arenoso. A ver si es posible de una vez.

Registro de Aguas: el cuento de la buena pipa. Ya lo dijo nuestro presidente en una tribuna de ABC. Que no digo que sí o que no, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Nos lo siguen contando. La situación de lentitud se mantiene, aunque hay ligeros avances. Como en el caso de la explotación de Breña II y Arenoso, esperemos que con la nueva administración el cuento acabe de alguna forma edificante, es decir, con los funcionarios haciendo su trabajo e inscribiendo de oficio a las comunidades de regantes con derechos de agua reconocidos en los Estatutos aprobados por la propia administración hidráulica y con reserva de agua en los Planes Hidrológicos vigentes.

El Pacto Nacional del Agua, ¿al cajón de las utopías? El anterior Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente inició los trabajos para diseñar un Pacto Nacional del Agua que con el cambio de gobierno parece que irá a parar al cajón de las utopías y de las iniciativas que no llegan a nada. Las competencias hidráulicas han pasado a un nuevo Ministerio de Transición Energética cuya titular, de entrada, ya se ha pronunciado en contra de los trasvases. Y la situación política, con un gobierno en minoría, tampoco invita a pensar que pueda afrontar esta hercúlea tarea de poner a todos de acuerdo en relación con las políticas hidráulica. Una lástima porque ese Pacto sería necesario para objetivos como satisfacer la garantía de las demandas existentes mediante modernización de regadíos –y la consiguiente mejora de la eficiencia hídrica- y el aumento de la regulación, la mejora de la gestión y la gobernanza del agua, sin olvidar las medidas no convencionales de reutilización de aguas regeneradas y de desalación, allí donde no haya otras alternativas.