UPA Andalucía traslada a la Junta un conjunto de medidas que complementen las acordadas por Bruselas y el Ministerio con el sector agrario
El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, valora el plan consensuado y aprobado en la Mesa de Interlocución, donde le entregó el documento con nuestras ocho medidas “fundamentales”, y confirma que va en la buena dirección.
Solucionar la crisis del campo andaluz está en manos de tres administraciones. La Unión Europea y el Ministerio de Agricultura ya han dado pasos y ahora es la Junta de Andalucía la que, en el ámbito de sus competencias, debe avanzar para complementar las acciones impulsadas a nivel europeo y nacional y refrendar así el acuerdo firmado por UPA para mejorar la situación actual.
Por ello, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, le entregó a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, un documento que recoge ocho medidas “fundamentales”.
Lo hizo en la Mesa de Interlocución, celebrada anoche en Sevilla, donde también se aprobó un plan consensuado entre la Consejería y las organizaciones profesionales agrarias que va “en la buena dirección”.
Al respecto, Cristóbal Cano valoró dicho paquete de medidas, especialmente “el esfuerzo en aumentar el presupuesto para la incorporación de jóvenes o una línea de ayudas específica para la adquisición de maquinaria en el olivar, al igual que el esfuerzo que se nos ha planteado en industria agroalimentaria o ayudas agroambientales, entre otras. Un paquete, como digo, que va en la buena dirección, pero del que estaremos vigilantes para ver su desarrollo en próximas convocatorias”.
Cristóbal Cano ha destacado, entre las ocho medidas propuestas por UPA, la defensa del modelo de producción mayoritario en nuestra región. “Es fundamental la aprobación de la Ley Andaluza de Agricultura y Ganadería Familiar para garantizar la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones, que son el sustento de la economía y de la vida de nuestro medio rural.
Además, consideramos clave el impulso de la actividad agraria entre los jóvenes, mediante la articulación de soluciones de crédito bonificado y avalado por la Junta a la vez que se debe poner en marcha un programa de incentivos para el cese de la actividad agraria alcanzada la edad de jubilación”, le ha expuesto Cristóbal Cano a la consejera.
Junto a este primer bloque, UPA Andalucía considera que es necesario continuar con la simplificación administrativa y la flexibilización de la PAC. Para ello, en el ámbito de sus competencias, le planteamos a la Junta el “pago inmediato de los expedientes de ayudas PAC pendientes de la campaña 2023 y anteriores; la flexibilización para la campaña 2024 y la ejecución del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, que acaba el 31 de diciembre de 2025”.
En este asunto, según los datos de que dispone UPA Andalucía, “existen muchas partidas no ejecutadas que, si no se pagan antes de la fecha prevista, pueden perderse. La ejecución de estos fondos debe ser una prioridad”, afirma Cristóbal Cano.
El documento incluye también medidas para luchar contra el cambio climático, como establecer una línea de ayudas directas para agricultores de leñosos afectados por la crisis climática y los altos costes de producción; restaurar la línea de ayudas a la producción integrada del olivar; y adaptar el sistema de seguros agrarios al cambio climático dotándolo de presupuesto suficiente entre el Ministerio y la Junta para llegar al apoyo del 70% del coste del seguro para las explotaciones agrarias. Igualmente es importante una campaña de promoción y puesta en valor de la profesión y los productos agrícolas y ganaderos, en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias.
La Ley de la Cadena Alimentaria también juega un papel determinante, a nuestro juicio, en el futuro de las explotaciones. Para ello, desde UPA Andalucía pedimos a la Junta que cree una “Mesa Regional de aplicación de la Ley de la Cadena” que contemple el desarrollo, entre otros, de un aumento de los planes de inspección; la realización de estudios de costes de producción regionales; la penalización, en las ayudas a inversiones del PDR andaluz, a aquellas industrias que tengan alguna sanción por incumplimiento de la Ley; y establezca una campaña divulgativa sobre la Ley, explicando el trabajo realizado y los objetivos de futuro.
Asimismo, la Junta debe poner en marcha una mesa ganadera; planes de sanidad animal que afronten los retos de las enfermedades y el control de la fauna cinegética; ayudas directas al sector para paliar los incrementos de costes de alimentación y energía; indemnizaciones que cubran las pérdidas reales de los ganaderos ocasionadas por las campañas de saneamiento; y un estatus especial para Andalucía, con financiación para acciones de prevención y lucha contra enfermedades que ya tenemos o pueden aparecer, debido a la situación de nuestra región como frontera natural con el Norte de África.
Para UPA Andalucía es fundamental la apuesta decidida por la producción ecológica, con la publicación ya de un Plan Andaluz de la Producción Ecológica; el establecimiento de un presupuesto suficiente para conversión y mantenimiento; la promoción del consumo de productos ecológicos y su uso en los menús escolares, hospitalarios y otras dependencias públicas, incentivándolo en las privadas; y el fomento de estructuras logísticas.
Por último, pero no menos importante, no nos olvidamos del problema del agua. “Entendemos que debe ser fundamental y prioritario conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua, así como equilibrar el desarrollo regional y sectorial incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando y racionalizando su uso y respetando el medio ambiente.
Para ello, se debe gestionar la sequía de forma continua; realizar inversiones para incorporar el 100% de las aguas regeneradas al regadío; aplicar criterios de justicia social en el reparto de las dotaciones; aplicar los Planes Especiales de Sequía y Planes de Emergencia para escalonar medidas de reducción de dotaciones; revisar el inventario de derechos concesionales, la resolución de los expedientes de solicitud; y la incorporación del agua a los trabajos habituales de la Mesa de Interlocución para tratar la puesta en marcha de planes de modernización, inversiones en reforestación o la interconexión de los sistemas de explotación”, concluye Cristóbal Cano.
Fuente: UPA Andalucía