La Junta inicia el proceso de elaboración de una nueva Ley de Montes pensada para adaptar Andalucía al cambio climático

La Junta va a cambiar el modelo de gestión forestal en Andalucía. Con una ley que tiene más de treinta años de vigencia, la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha iniciado un proceso de participación pública para elaborar una nueva Ley de Montes, un texto normativo que pretende abordar los retos a los que se enfrentan las zonas forestales andaluzas.

Así lo ha explicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco en la primera jornada de la Ley de Montes que se ha celebrado este miércoles en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, en Sevilla, dentro de un proceso de participación que va más allá de lo establecido en las normas para la redacción de las nuevas leyes. “Queremos que esta norma sea una guía para las nuevas políticas forestales que debemos desarrollar para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, para enfrentarnos a los grandes incendios forestales tratando de ponérselo difícil al fuego.

Debemos tener en cuenta, además, la escasez de agua y el paulatino aumento de las temperaturas. Y también aprovechar los efectos positivos que tienen las masas forestales como sumideros de CO2”.

La mitad del territorio es forestal

Andalucía reúne condiciones particulares en lo que se refiere a sus características forestales en España y en la Unión Europea. El 50% de su territorio es superficie forestal con una gran variedad de ecosistemas que albergan una enorme biodiversidad.

También hay que tener en cuenta que la mayor parte de los montes andaluces, exactamente dos terceras partes, es de propiedad privada. A pesar de eso, la superficie forestal andaluza es tan extensa que el patrimonio público alcanza casi 1,3 millones de hectáreas, extensión que suman los montes que son propiedad de la Junta, de los ayuntamientos o de otras entidades públicas.

El consejero ha explicado que la Junta considera que la única forma de mantener el medio natural es logrando que sea sostenible también desde el punto de vista social y económico. Fijar la población al entorno rural y hacer posible que los más jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida en el mismo, es una de las claves para tener éxito. “En este escenario, la rapidez e intensidad de los cambios sociales, económicos
y ambientales nos muestran carencias y disfunciones, pero también oportunidades futuras”.

Fernández-Pacheco ha insistido en que la obligación de la Junta es elaborar una ley con el horizonte 2030, una norma que prevea los cambios futuros y sea lo suficientemente ambiciosa para resolver problemas a largo plazo.

Así, la nueva Ley de Montes se fija los siguientes objetivos: asignar a los montes el valor y la posición estratégica que les corresponde en la Andalucía del siglo XXI; otorgar un mayor protagonismo a los montes andaluces de propiedad privada; consolidar el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía como el instrumento de defensa del patrimonio forestal público andaluz; y convertir una norma sectorial autonómica en una ley de vocación universal y estratégica para el conjunto de España y de Europa.

Fuente: Consejería de Sostenibilidad