La Junta valora positivamente el encuentro mantenido con el comisario de Medio Ambiente de la UE

El Consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius

En la reunión,  que se produce bajo petición del ejecutivo andaluz, Fernández-Pacheco explica al comisario de Medio Ambiente que la proposición  es una norma en tramitación cuyo objetivo es preservar el espacio natural y resolver un grave problema social

El Gobierno andaluz ha mantenido este lunes en Bruselas una reunión con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para explicar los detalles sobre la proposición de ley de la Mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, y transmitirle el compromiso del Ejecutivo andaluz con la preservación de la joya natural que es Doñana. Una reunión que se ha producido a instancias del Ejecutivo autonómico.

Así, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha detallado en qué consiste la propuesta que el Parlamento andaluz está tramitando y que pretende conservar el Parque Nacional y  “solucionar un gravísimo problema social” en los municipios de la Corona Norte de Doñana, situados entre 30 y 40 kilómetros del Parque que coexiste en la comarca desde la aprobación del Plan Especial de Ordenación (PEOCDF) de 2014.

Fernández-Pacheco ha garantizado al comisario europeo que la proposición de ley no supone ninguna amenaza al acuífero de Doñana. “El acuífero de Doñana no se toca. El agua subterránea de Doñana será siempre para el Parque Nacional y nunca para la agricultura. La protección de Doñana es una línea roja infranqueable”.

“Si nunca existe disponibilidad de agua superficial para estos terrenos, nunca podrán ponerse en regadío”, ha insistido, tajante, Fernández-Pacheco. “¿Y cómo se regarán estos terrenos?  Con agua que tiene que venir de otras cuencas siempre que exista esa disponibilidad y a través de una infraestructura no ejecutada y que comprometió el Gobierno de España por ley en 2018, hace cinco años. Ese trasvase es fundamental no sólo para estos terrenos que estamos hablando sino porque por ahí va a venir el agua que permita cambiar el modelo de riego de aguas subterráneas a superficiales”.

En este sentido, con el objetivo de aclarar las informaciones falsas y manipuladas que están llegando hasta la UE por intereses políticos, el consejero portavoz ha dejado claro que la Junta de Andalucía tiene dos compromisos ineludibles con Doñana: la conservación del espacio natural y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE de 2021 en el asunto C-559/19 por el incumplimiento de las Directivas Marco de Agua y Hábitats por parte del Reino de España.

Dentro de un mes hay en España unas elecciones muy importantes y eso está intoxicando este debate. La voluntad del Gobierno de Andalucía siempre ha sido dialogar y consensuar todos los aspectos de Doñana con el Gobierno de España. Lo venimos pidiendo desde noviembre. El diálogo es enriquecedor y por eso esta proposición está en el Parlamento. Queremos hablar, escuchar y lograr el mejor texto posible”, ha detallado Fernández-Pacheco.

Precisamente una de las principales preocupaciones del comisario europeo es el cumplimiento de la sentencia que recae sobre el Reino de España y sobre la que Fernández-Pacheco ha recordado que el 90% de la misma es competencia del Estado.

Sobre la proposición de ley que ha detallado el Gobierno andaluz en este encuentro, el comisario europeo se ha comprometido a evaluar todos los argumentos  presentados “y le hemos ofrecido colaborar por el cumplimiento de la sentencia en Doñana. La conservación del Parque Nacional es una obligación legal, pero sobre todo moral para todas las administraciones”.

El consejero ha invitado oficialmente al comisario europeo Virginijus Sinkevicius a que visite Andalucía para que conozca de primera mano todas las iniciativas que en materia de Medio Ambiente y Economía Azul está desarrollando el Gobierno andaluz. “Lamento profundamente que pueda tener una imagen de división sobre este tema porque el Gobierno andaluz siempre ha apostado por el diálogo, y aprovecho esta oportunidad para ofrecer una vez más reuniones técnicas con el Gobierno de España y con su equipo si así lo estima oportuno”.

Durante la reunión que ha mantenido en Bruselas, Fernández-Pacheco ha detallado el contenido de la proposición de ley. Así ha explicado que no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos porque no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite un incremento de la extracción de recursos hídricos subterráneos.

Además, la norma no supone la amnistía a ningún infractor. Desde 2019, el Gobierno andaluz ha multiplicado por cuatro los números procesos sancionadores de nuestra competencia en Doñana. “No se amnistía a ningún infractor. Si esta ley se aprueba todos los agricultores que extraigan sigan extrayendo agua del acuífero seguirán siendo ilegales y, por lo tanto, los perseguiremos y sancionaremos”.

Además, la norma incide en los compromisos medioambientales de la Junta ya que establece una serie de obligaciones a la administración, así como la restauración de la naturaleza en aquellas explotaciones agrícolas que cesen su actividad como consecuencia de la aprobación de esta norma, así como la creación de una oficina de seguimiento para el estricto cumplimiento del Plan de la Corona Norte. “Sancionaremos a todos los ilegales y restauraremos la naturaleza de acuerdo con la ley que actualmente está impulsando la Comisión Europea”.

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz ha detallado, además, que la proposición está abierta a enmiendas y modificaciones por parte de los grupos ya que precisamente está en trámite en el Parlamento andaluz. “ La proposición del Grupo Parlamentario Popular pretende precisamente suscitar el debate en un asunto tan sensible como lo es todo lo que pueda afectar a Doñana”.

También señalado las medidas a las que se comprometió el Gobierno de España para ayudar al cumplimiento de la sentencia europea: el cumplimiento de la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hm3 de agua desde la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir. El desarrollo de esta ley, que cinco años después aún no se ha iniciado, contribuirá en gran medida a la preservación del acuífero de Doñana.

Fuente: Consejería de Sostenibilidad