El Gobierno mantendrá el modelo de ayudas implantado en 2022 para compensar por el nuevo recorte de días de pesca en el Mediterráneo
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha celebrado hoy una reunión por videoconferencia con el grupo de trabajo del Mediterráneo, en la que ha anunciado que el Gobierno mantendrá durante 2023 el sistema de ayudas aplicado en 2022 para compensar a la flota pesquera por la reducción de los días de pesca acordada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, con el voto en contra de España. Este sistema ha permitido el mantenimiento de las rentas durante el periodo de recuperación del recurso.
En la reunión de hoy, Villauriz ha analizado con el grupo de trabajo del Mediterráneo los resultados del Consejo de Ministros de Pesca celebrado entre el 11 y el 13 de diciembre, en el que España defendió que las medidas para el plan de gestión pesquera se orienten a la mejora de la selectividad de los artes de pesca, y no exclusivamente a la reducción de días de pesca, como entiende la Comisión Europea.
En el Consejo se logró una mejora sobre la propuesta inicial de la Comisión, que planteaba una reducción del 7,5 % en los días de pesca, y que finalmente se estableció en el 3,5% neta si se aplica el denominado mecanismo de compensación, que requiere el cumplimiento de algunas condiciones, como el establecimiento de una veda para los reproductores de merluza de al menos 4 semanas en determinadas épocas del año, o el incremento de la selectividad de los artes de pesca.
La secretaría general de Pesca ha informado de que, además de la compensación conseguida en el Consejo de Ministros, se compensará con cargo a la reserva de días de España, hasta un 5%, a aquellos buques que cumplan con las medidas exigidas en materia de selectividad.
El cargo asociado a financiar el cambio de mallas puede afrontarse a través del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura.
En el Consejo también se adoptó la continuidad de dos medidas iniciadas en el presente 2022: el régimen de esfuerzo para los buques que faenan con anzuelos a la merluza, y un nivel máximo de capturas para la gamba roja.
Para el primero se mantienen los días asignados, pero para el segundo la cifra disponible en 2023 será de 828 toneladas para España, un 5% inferior a la cantidad asignada en 2022. Ambas medidas están recurridas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de España tras su adopción el pasado año.
El grupo de trabajo del Mediterráneo, formado por representantes del sector pesquero español de arrastre y las comunidades autónomas y creado por acuerdo de Conferencia Sectorial, continúa todos los trabajos coordinados desde el año 2019 en España para la aplicación del Reglamento 2019/1022, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.
La secretaria general ha reiterado el compromiso ineludible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con una gestión pesquera sostenible en el Mediterráneo, mediante la defensa de un enfoque integral y equilibrado en la aplicación del plan plurianual para los recursos demersales. España se apoya en los informes científicos que demuestran que la consecución del Rendimiento Máximo Sostenible se debe basar en una gestión pesquera que apueste por la mejora de la selectividad de los artes de pesca, y no en una reducción adicional de los días de pesca.
Así lo reconoce el propio Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF por su denominación en inglés) en sus últimos informes, en los que, además de indicar la mejora en general de los parámetros biológicos de las diferentes poblaciones pesqueras, predice que a través de la selectividad y sin reducción de días de pesca se podría conseguir el objetivo en el año 2025 para varias especies, entre ellas las poblaciones de gamba roja en las aguas españolas.
El Gobierno pone en marcha el registro de contratos alimentarios
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que desarrolla el registro de contratos alimentarios de carácter digital en el que se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones, en cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada en diciembre de 2021.
El Registro de Contratos Alimentarios incrementa la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, ya que facilitará las funciones de inspección y control de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y de las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas, encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de cadena alimentaria en el ámbito de sus competencias. De esta forma, se logra una mayor seguridad jurídica de las relaciones comerciales y una estructuración más eficiente de la cadena de valor.
En este marco, el real decreto aclara quienes son los sujetos obligados a la inscripción de los contratos alimentarios que, según la ley de la cadena, corresponde a los compradores que formalicen los contratos con los productores primarios y sus agrupaciones.
También precisa el procedimiento de inscripción, que será de forma intuitiva y sencilla, y que debe realizarse antes de la entrega de los productos objeto del contrato, así como cuando se produzcan modificaciones del contrato pactadas por ambas partes.
Asimismo, la norma aclara que los obligados a inscribir el contrato serán los primeros compradores cuando adquieran leche cruda a los ganaderos. Para aquellos contratos alimentarios formalizados como contratos de integración, como en el caso de producciones de engorde del sector avícola, será el integrador el obligado a inscribirlo en el registro electrónico.
El registro dependerá orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estará adscrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios.
El acceso se realizará a través de la página web de AICA (www.aica.gob.es) desde el enlace que se habilitará para su acceso cuando el real decreto entre en vigor, al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, y con la finalidad de garantizar la operatividad de la aplicación electrónica del registro y asegurar que los operadores tengan margen para disponer de los recursos necesarios, la norma aclara que se podrá realizar la inscripción de los contratos alimentarios desde el próximo 31 de enero de 2023, si bien no tendrá carácter obligatorio hasta el 30 de junio de 2023.
Fuente: Ministerio de Agricultura