Andalucía pide al Gobierno central consensuar con las CCAA las medidas de ahorro y eficiencia energética
La Junta reclama diálogo y rechaza la imposición de medidas que no han sido previamente discutidas ni con las comunidades ni con los sectores afectados
El Gobierno andaluz ha expresado su apoyo “sin fisuras” a la reducción de consumo de
energía y a la adopción de medidas de eficiencia, en línea con el compromiso adquirido
con Europa para reducir la dependencia de materias primas procedentes de Rusia.
Sin embargo, se ha mostrado contrario a la imposición de actuaciones específicas por parte del Ejecutivo central sin un debate previo con las comunidades.
En este sentido, el Ejecutivo andaluz ha solicitado la retirada del Capítulo 1 del Título 5 del Real Decretoley 14/2022 aprobado en Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto e insta a abrir el diálogo para consensuar las actuaciones desde la lealtad institucional.
Los consejeros de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal; y de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, han participado en la reunión de las Conferencias Sectoriales de Energía y de Comercio y Turismo, con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes
Maroto.
Los consejeros andaluces lamentaron que, mientras la Unión Europea ha trabajado desde el diálogo y no ha impuesto medidas a los Estados miembros, el Gobierno de España sí impone a las comunidades autónomas un plan de ahorro energético sin haberlo discutido previamente ni con las Administraciones competentes ni con los sectores afectados.
El responsable de Políticas Industriales y Energía ha lamentado que no haya tenido lugar “un proceso consultivo y dialogado en el que acordáramos el qué, es decir, cuánto tenemos que ahorrar, y que las comunidades autónomas fuéramos las que eligiéramos el cómo en el ejercicio de nuestras competencias.
Esto es, cómo adaptamos las medidas a la idiosincrasia y a las características de cada una de nuestras regiones”. El consejero de Política Industrial y Energía ha apuntado que las actuaciones que recoge el Real Decreto-ley en materia de ahorro y eficiencia energética “no atacan además la raíz del problema, que es el precio de la energía”.
En su opinión, ya se está produciendo un ajuste en el consumo de gas tanto en los hogares como en los sectores productivos. Solo en el sector industrial, el consumo de gas ha descendido en lo que va de año un 10% y en los hogares, un 4%. “Las familias y las empresas están ajustando
su consumo porque tenemos la factura de la luz más cara de la historia, un 194% más alta que hace un año”, ha precisado
En este sentido, el consejero ha defendido las dos líneas de trabajo que propone Andalucía. Una de ellas, a medio y largo plazo, con medidas que permitan a la comunidad andaluza desarrollar todo el potencial en el ámbito de las renovables.
“Estamos volcados en ese desarrollo, pero nos siguen faltando infraestructuras de transporte y de evacuación para esas energías limpias”, ha recordado Jorge Paradela.
El consejero ha propugnado, en el corto plazo, trabajar en la vía de los incentivos aprovechando los abundantes recursos procedentes de Europa, tanto en los marcos comunitarios 2014-2020, 2021-2027 y los fondos Next Generation.
“Desde Andalucía pensamos que es mucho más práctico y eficaz trabajar desde un plano positivo de recomendación en lugar de hacerlo desde un plano impositivo y de sanciones”, ha señalado.
Además, Paradela ha destacado el papel ejemplarizante que deben desempeñar las administraciones públicas, y en esta línea ha recordado que Andalucía ya tiene en marcha numerosas iniciativas que persiguen el ahorro energético y la mejora en la eficiencia.
Entre ellas, ha mencionado el contrato centralizado para atender unos 5.000
puntos de suministro eléctrico de institutos de enseñanza secundaria, oficinas
administrativas, hospitales, instalaciones deportivas y universidades andaluzas.
Por primera vez, la Administración regional cuenta con un contrato de suministro eléctrico procedente 100% de energías renovables (que gestiona la Agencia Andaluza de la Energía), así como un Plan de Inversiones para proyectos de mejora energética en edificios públicos como sedes judiciales y hospitales, entre otros.
Fuente: Junta de Andalucía