La directora de la AICA, Gema Hernández, valora la importante labor inspectora desplegada en el conjunto del sector lácteo

Gema Hernández en una jornada técnica sobre el sector lácteo

La directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, ha señalado que la agencia, desde su creación, ha diseñado diferentes planes de control específico para el sector lácteo y ha llevado a cabo cerca de 1.000 inspecciones (el segundo sector en inspecciones tras el de frutas y hortalizas en su conjunto), en todos los eslabones de la cadena de valor, desde el ganadero a la distribución minorista. También ha recalcado que durante los próximos meses, la AICA continuará desplegando un elevado nivel de control sobre este sector.

De manera paralela, ha recordado que desde 2015 la AICA elabora el Plan nacional de coordinación de controles de las declaraciones y la contratación láctea de las comunidades autónomas, en su ámbito territorial.

Gema Hernández ha participado en una jornada técnica sobre el sector lácteo, organizada por Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), donde ha destacado la importante protección que ofrece a los productores la normativa sobre la cadena alimentaria y los organismos encargados de velar por su cumplimiento.

En concreto, ha explicado el papel de la AICA como referente en el control de la Ley de la Cadena, papel que comparte con las comunidades autónomas, según el reparto competencial que establece la propia ley. 

VIGILANCIA OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Asimismo, ha recordado las obligaciones contractuales que se deben cumplir en el sector lácteo y ha detallado la labor de vigilancia que realiza la AICA sobre las prácticas comerciales entre ganaderos y los primeros compradores.

También ha puesto en valor la normativa del sector lácteo sobre la cadena alimentaria, como una herramienta puesta al servicio de los ganaderos para mejorar su capacidad de negociación de los contratos, para obtener así mejores condiciones.

La directora ha hecho hincapié en la oportunidad de las denuncias. Según ha apuntado, si la ley no se cumple, el ganadero puede denunciar los hechos ante la AICA o ante el organismo competente de la comunidad autónoma; en el caso de Cataluña, ante CadeCAT (Cadena Alimentaria de Cataluña).

Según ha indicado, las denuncias tienen que contener la identificación del denunciante y del denunciado, detallar el objeto de la denuncia y aportar la documentación que acredite los hechos denunciados. La AICA no podrá considerar una denuncia si no contiene estas premisas, y pasará a tratarla como indicio.

A este respecto, Gema Hernández ha destacado el papel de las organizaciones de productores en su labor de divulgación de todos los aspectos que regulan la Ley de la Cadena y el respaldo que pueden dar a los productores, ya que pueden presentar denuncias en nombre de sus socios. Para la directora, la colaboración del sector en este aspecto redunda en un mejor seguimiento y erradicación de los incumplimientos contractuales y de las prácticas comerciales desleales.

Para facilitar la presentación de una denuncia, la AICA cuenta en su página web con un sencillo formulario para llevarla a cabo:

https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias

El Gobierno aprueba una nueva ordenación de granjas avícolas que mejora las condiciones ambientales y de sanidad animal

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas, que supone una mejora en las condiciones de sanidad animal y medioambiental.

Se trata de una profunda revisión de la normativa vigente hasta la fecha para el sector avícola de carne, que databa del año 2005, y de la incorporación a la misma del sector avícola de puesta, que hasta el momento no contaba con una norma de ordenación específica.

La elaboración de este nuevo real decreto por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha abordado en estrecha colaboración con el sector, comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto. El objeto es la adaptación de la norma a los nuevos retos sociales, económicos, productivos y medioambientales de la producción avícola.

El sector avícola es un sector de gran importancia en nuestro país y altamente tecnificado, que en los últimos años ha ido evolucionando y diversificando su producción ante las demandas de la sociedad y la evolución de la normativa, originándose un sector muy diverso y con múltiples especificidades.

Las principales novedades que recoge la norma se articulan en torno a dos grandes áreas: reforzar los requisitos en materia de sanidad animal y bioseguridad de las granjas, con el fin de mantener un estatus sanitario adecuado en las mismas, y adoptar compromisos en materia de medio ambiente, relacionados con la protección del agua, el aire, los suelos y la lucha contra el cambio climático.

En este ámbito, la norma introduce la obligatoriedad de que las granjas dispongan de un plan de gestión en estiércoles, para evitar la contaminación del aire y de los suelos, y que formará parte de un plan de gestión ambiental individualizado para cada granja.

La nueva norma introduce también medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes, en particular de amoniaco, y de efecto invernadero.  Así, cada graja deberá disponer, de manera individualizada, de un registro de emisiones y las técnicas utilizadas para su reducción (“mejores técnicas disponibles”).

Cabe destacar también la consolidación del marco normativo actual en materia de bienestar animal, para lo que se establecen requisitos horizontales en materia de formación, se incorporan recomendaciones de bienestar animal para aquellas especies que no cuentan con normativa específica de la UE y se exige un plan individual para cada granja, que evalúe los potenciales riesgos para el bienestar de los animales.

Todo ello será posible por la introducción de manera obligatoria de la figura del veterinario de explotación, que será el responsable de asesorar sobre los aspectos relacionados con la sanidad y el bienestar de los animales.

Por otra parte, para mejorar y garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, se introduce la obligación de contar con un sistema integral de gestión en la granja, donde queden recogidos los distintos planes y protocolos implantados en la misma en ámbitos sanitarios, de limpieza, mantenimiento de las instalaciones, bienestar animal, gestión de estiércoles o de distintos residuos, y formación y control de antibióticos, entre otros aspectos.

La publicación de este nuevo real decreto permitirá establecer las bases para el desarrollo ordenado de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta el sector, y que definirán en gran medida su posición competitiva tanto en los mercados mundiales como ante la sociedad.

Fuente: Ministerio de Agricultura