Crespo urge a la aplicación del nuevo artículo 167 bis de la OCM desde el inicio de la campaña como mecanismo de regulación del aceite
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido al Gobierno central que defienda los intereses del sector del aceite de oliva español reclamando para octubre la aplicación del nuevo artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 de la OCM. De esta forma, estaría a disposición de los profesionales del olivar desde el inicio de la campaña.
Durante su intervención en la reunión de la Mesa de Interlocución Agraria, Crespo ha comentado a los representantes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias que “es muy importante que podamos disponer de esta medida que hemos demandado todos desde Andalucía y que es una magnífica herramienta para el sector. Tenemos que dar un paso más y tenerlo a disposición con el inicio de la campaña, de manera que se permita regular la oferta como ocurre en el sector vitivinícola”.
Estas declaraciones de Crespo hacen referencia al Reglamento que servirá de transición hasta la entrada en vigor de la nueva Política Agrícola Común (PAC) tras el acuerdo político provisional y parcial para 2021 y 2022 alcanzado recientemente por el Parlamento Europeo y el Consejo. Entre otras cuestiones, este acuerdo implica el mantenimiento de las condiciones actuales de las ayudas de esta política europea hasta la entrada en vigor de los Planes Estratégicos de la nueva PAC.
Además, incluye la aplicación del nuevo artículo 167 bis para el sector del aceite de oliva que, como se viene demandando desde Andalucía, servirá para mejorar la gestión de la oferta por parte del propio sector, afectado en los últimos meses por los bajos precios del mercado. De ahí la importancia de aplicarlo en esta campaña.
La consejera, además, ha recalcado que a esta medida habría que añadir una modificación de Ley de la Cadena Alimentaria, “con la que coincidimos en el objetivo de asegurar al agricultor unos ingresos justos, pero que sea realista y aplicable, ya que tal y como está planteada su aplicación resulta difícil”.
Según la consejera, resulta necesario y fundamental disponer de una normativa nacional ambiciosa, fuerte y eficaz. “Hasta la fecha, las medidas adoptadas por el Ministerio al respecto resultan claramente insuficientes, de ahí que el problema no solo persista, sino que incluso se haya acrecentado en los últimos años.
La fijación de los precios en los distintos eslabones de la cadena a partir de los costes de producción parece la clave para lograr el tan ansiado y necesario equilibrio”. Por esta vía están avanzando otros países de la UE, como Francia, y “esperamos que España no se quede atrás”.
Crespo ha añadido que es muy importante disponer de información y capacidad para determinar si la cadena no genera el suficiente valor para satisfacer a todos sus eslabones o, en su defecto, si el valor generado no se reparte equitativamente entre estos eslabones.
“Hay numerosos ejemplos de que determinadas medidas son de difícil aplicación. Todos queremos que el agricultor perciba un precio justo por su producto y su trabajo, pero deben explicarse algunos aspectos y aclarar su aplicación en todas las situaciones que se dan en el mercado”, ha concluido.
Andalucía reclama igualdad de condiciones para todas las flotas de arrastre mediterráneas
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible reclama al Gobierno central igualdad de condiciones para las flotas de arrastre de todas las comunidades autónomas mediterráneas en el establecimiento de los criterios de aplicación del plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales.
La consejera Carmen Crespo ha trasladado su apoyo a los representantes de este sector andaluz, que han acudido a la sede del Departamento de Pesca de la Junta de Andalucía para mantener un encuentro telemático con pescadores, armadores y sindicatos, así como con personal de las administraciones regionales de la cuenca mediterránea y del ministerio
El Ejecutivo andaluz no considera justa la propuesta de la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alicia Villauriz, de premiar con un 8% de cuota a las flotas que realizaron paradas biológicas entre 2014 y 2018, ya que las embarcaciones de las demás comunidades autónomas tuvieron la oportunidad de percibir ayudas por este tiempo sin faenar, mientras que los barcos andaluces carecían de apoyo público para ello.
Por otro lado, desde la Consejería no se comprende que el Gobierno central no tenga en cuenta las paradas definitivas de numerosos arrastreros andaluces que desarrollaban su actividad en el Mediterráneo y que ha llevado a esta flota a una reducción de más de la mitad (de 204 a 96 en la actualidad con puertos bases en todo el mediterráneo andaluz).
Además, la Junta discrepa de la teoría planteada desde el Ministerio consistente en que la alternativa a la imposición del modelo marcado por la orden sería la pesca olímpica; es decir, una actividad sin reglas que ordenen la forma de proceder de los profesionales del mar. Por el contrario, Andalucía defiende que el sector ha demostrado “madurez y responsabilidad en el pasado” y, por tanto, no merece esa desconfianza por parte de las autoridad nacional.
Más apoyo al sector y nuevo cálculo de días de pesca
En su intervención en la videoconferencia, el director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez, ha reiterado la postura defendida anteriormente por Carmen Crespo en relación a esta Orden, que emana de un Reglamento europeo ya de por sí negativo para los profesionales de esta actividad. Martínez ha hecho hincapié en que, si bien la normativa debe ir encaminada a preservar la pesquería como se indica desde la Unión Europea, debe hacerlo de forma compatible con el mantenimiento de una actividad que sea rentable para los profesionales que la desarrollan.
Para ello, es preciso que existan medidas de acompañamiento que amortigüen el impacto de las restricciones impuestas y eviten que se produzcan más desguaces de barcos de esta flota mediterránea.
El representante de la Consejería ha lamentado que no se haya considerado ninguna de las propuestas realizadas desde Andalucía en relación a la Orden y ha solicitado al Gobierno central que tenga en cuenta las implicaciones sociales de una actividad que desempeñan empresas y trabajadores que, a día de hoy, no cuentan con las garantías necesarias para enfrentar con seguridad la compleja situación económica tras el estado de alarma por Covid-19.
Asimismo, ya que la Orden ministerial se va a modificar para corregir los errores detectados en el cálculo del esfuerzo pesquero en la gamba roja, desde la Junta se solicita también la revisión del Reglamento y un nuevo cálculo global de los días de pesca. El director general ha recalcado que, a pesar de que el Mediterráneo es un mar compartido por diversos países, este Reglamento solo vincula a tres (Francia, Italia y España) y que, para mayor injusticia, la única flota que experimenta un perjuicio destacable es la española.
Fuente: Consejería de Agricultura