Andalucía pide a la UE la ampliación de las cantidades asignadas para los cítricos ante el veto ruso
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha defendido en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos comunitarios celebrado en Madrid que la Unión Europea (UE) amplíe las cantidades asignadas para los cítricos en las medidas adoptadas ante el veto ruso.
La titular andaluza ha hecho hincapié en la necesidad de que la UE tome medidas adicionales, entre ellas, la ampliación de las cantidades asignadas para los cítricos ya que son “claramente insuficientes” y sólo pueden asignarse a las notificaciones presentadas hasta el pasado 11 de enero. En este sentido, Andalucía ha utilizado sólo el 16 por ciento del cupo asignado a España.
La consejera de Agricultura ha comentado que también ha pedido establecer medidas adicionales en las frutas y hortalizas contempladas, como una mayor flexibilidad en las cantidades asignadas, seguimiento de los mercados, promoción y actuaciones ágiles en caso de crisis de precios en algunos de los productos.
Por último, la titular andaluza ha indicado que “es indispensable” incluir de nuevo el melocotón y la nectarina en estas medidas adicionales, ya que aquellas directrices en las que estaban incluidos finalizaron el pasado 31 de diciembre. También se pide desde Andalucía incluir otros dos productos que nunca han llegado a contemplarse: la berenjena y el calabacín.
El futuro del sector del azúcar
En el Consejo Consultivo de Política Agrícola también se ha abordado el futuro del sector del azúcar en Andalucía. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha explicado que este futuro está determinado “por el duro ajuste” en cuanto al área cultivada, número de fábricas, superficie y producción, una vez finalizado el programa de reestructuración de la reforma de 2006. Víboras ha recalcado que este ajuste está siendo en Andalucía “muy superior” a la media de España.
El Acuerdo Marco Interprofesional de ámbito nacional para las campañas 2015/2016 a 2019/2020, ha explicado la consejera, supone “un intento de dar estabilidad al sector una vez que desaparezcan las cuotas al final de la campaña 2016/2017”. Pero, la zona sur ha quedado tan reducida tras la reestructuración que “resulta muy vulnerable ante cualquier cambio del equilibrio”.
Por ello, ha comentado Elena Víboras, “el riesgo de desaparición del sector en Andalucía es muy elevado”, en el caso de que se produzcan estas circunstancias.
Asimismo, en el “pago asociado” aplicado en España para el sector remolachero, no se ha calibrado de forma conveniente los riesgos de desaparición del cultivo en la comunidad autónoma. La zona de siembra otoñal se ha quedado con un límite cuantitativo de 2,36 millones de euros para 7.600 hectáreas, y en clara desventaja con la zona de siembra primaveral.
No hay que olvidar, ha indicado Víboras, que el cultivo de la remolacha de siembra otoñal constituye un cultivo sostenible, por sus menores necesidades hídricas. Por lo tanto, ha explicado la consejera, la UE no solo “debe explorar todos los mecanismos dentro de la Organización Común de Mercados (OCM), sino que en el ámbito nacional, el apoyo al cultivo de remolacha de siembra otoñal debe ser revisado ante la desaparición de las cuotas de azúcar”.
Consultivo de Pesca
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “el rechazo” del sector pesquero andaluz a la obligación de desembarque y a los planes de descarte propuestos por el Parlamento y el Consejo Europeo, que entró en vigor el pasado 1 de enero, “con un vacío legal al no disponer de las adecuadas medidas de gestión y control”.
Según ha explicado la consejera durante su participación en el Consejo Consultivo de Pesca para Asuntos Comunitarios, uno de los objetivos principales de la reforma de la actual Política Pesquera Común (PPC) es la progresiva eliminación de los descartes en todas las pesquerías de la Unión Europea, a través de la introducción de la obligación del desembarque. Con ello, se pretende hacer un mejor uso de los recursos disponibles y poner fin a la práctica de devolver al mar peces comercializables.
Al respecto, Víboras ha recordado que “llevar a puerto una pesca no deseada genera dificultades técnicas y costes de manipulación, selección y almacenaje a bordo, en particular para la flota de arrastre, cuyas redes suben a bordo una amplia variedad de especies”.
Además, el hecho de almacenar en las bodegas del barco especies no deseadas repercute en la rentabilidad de la embarcación y supone un peso adicional que el patrón deberá tener en cuenta para preservar la seguridad del barco durante la navegación.
A pesar de que la obligación de desembarques es efectiva desde el 1de enero de 2015, aún persisten dificultades técnicas que hacen necesario clarificar muchos de los aspectos que los armadores vienen demandando e introducir criterios de flexibilización en su aplicación. A ello se suma que los fondos europeos destinados a apoyar esta obligación y el conjunto de medidas establecidas con la nueva Política Pesquera Común (PPC) –a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el período 2014-2020- no están operativos y, previsiblemente, podrán estarlo a final de 2015.
En definitiva, “el sector se encuentra ante una situación muy complicada y debemos insistir ante la Unión Europea en una mayor clarificación en las cuestiones técnicas y una mayor flexibilización en la aplicación de la obligación de desembarque”, ha reiterado la consejera.