Amigos de la Tierra reclama más democracia energética y menos medidas asistencialistas
Amigos de la Tierra lanza un informe donde analiza la precariedad energética y propone medidas más allá del asistencialismo, la energía comunitaria como herramienta de cambio
En la Semana contra la pobreza energética, Amigos de la Tierra publica el informe «Sin dejar a nadie atrás, las comunidades energéticas como herramienta frente a la pobreza energética». En dicho informe analiza cómo las medidas actuales son insuficientes y realiza una serie de propuestas para hacer frente a esta situación basadas en la energía comunitaria y, más concretamente, en las comunidades energéticas.
La crisis climática y la crisis energética, dos caras de la misma moneda, son cada vez más acuciantes y dejan a millones de personas en todo el mundo sin acceso a la energía y, por tanto, sin acceso a unos recursos básicos y necesarios para poder desarrollar vidas dignas. Esto aumenta la desigualdad social y la precarización energética.
El modelo energético actual concentrado en pocas manos, unido a que los precios de la energía han subido de manera ininterrumpida desde inicios de 2021, debido a la escasez de recursos fósiles, a cuestiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, así como a la fijación de precios basados en el poder de decisión del oligopolio energético, pone en riesgo el bienestar y la salud de la población.
La pobreza energética amenaza, por tanto, con dispararse y aunque los abusos del sistema energético pueden afectar a toda la ciudadanía, son las personas que se encuentran en una situación de precariedad energética las que tienen que situarse en el centro de las políticas públicas.
Unas políticas que ahonden en la problemática de manera estructural y no se limiten a un enfoque asistencialista. La sociedad civil reclama, teniendo en cuenta los beneficios multimillonarios de las empresas energéticas, que sean éstas quiénes asuman los costes de la pobreza energética que generan.
En esta línea, desde la organización ecologista y otros colectivos sociales proponen sustituir el término “pobreza energética” por “precariedad energética”, para combatir la estigmatización y culpabilización de los hogares, así como para señalar las causas estructurales como es el abuso y apropiación de un bien de alta necesidad como es la energía por parte de grandes empresas.
Amigos de la Tierra defiende que para acabar con la precariedad energética es indispensable un cambio en el modelo energético y, para ello, la ciudadanía tiene que tener un papel central en la generación, distribución, gestión y uso de su propia energía.
Una democratización del sistema que pasa por apostar e impulsar y facilitar la energía comunitaria desde las administraciones. En este sentido, la energía comunitaria es una oportunidad sin precedentes para potenciar un modelo basado en la participación democrática, que dé respuesta a la precariedad energética y que no deje a nadie atrás.
Para ello, es necesario que las comunidades energéticas asuman también la tarea de erradicar la pobreza energética con la implementación de medidas apropiadas y creadas desde una perspectiva de derecho universal de la energía. Pero también es necesario que incorporen una perspectiva feminista e interseccional que tenga en cuenta a las mujeres, quienes sufren en mayor medida la pobreza energética y han estado infrarrepresentadas históricamente en la toma de decisiones, así como a otros colectivos invisibilizados y en situación de vulnerabilidad.
La inclusión y participación de personas afectadas por la precariedad energética en las comunidades energéticas es clave para que estos proyectos vayan más allá del autoconsumo compartido y conlleven procesos sociales realmente transformadores.
Entre las medidas propuestas para hacer frente a la precariedad energética desde las comunidades energéticas, Amigos de la Tierra destaca:
– La exención total o parcial del pago de las cuotas de inversión para las personas afectadas por precariedad energética y que éstas estén cubiertas por la administración, sin que esto merme la participación en las decisiones de la comunidad.
– Trabajar en las redes vecinales y sociales de su territorio, promoviendo la posibilidad de una participación e inclusión horizontal.
– La participación en las comunidades energéticas no puede supoenr la pérdida de acceso a las ayudas públicas. No se debe restringir el tipo de comercializadora contratada.
– Evitar formas o medidas asistencialistas que reproducen los esquemas de mercantilización de la energía.
– Agrupaciones para la rehabilitación energética: las comunidades energéticas pueden erigirse como cooperativas o agrupaciones ciudadanas para la rehabilitación energética.
– La necesidad de ir más allá de la formación unidireccional de personas “expertas” a personas “pasivas” o “víctimas” y hablar de empoderamiento colectivo.
“Así, las administraciones y autoridades públicas deben asumir como propios los objetivos para lograr una transición ecosocial equitativa y que realmente no deje a nadie atrás, apoyando, acompañando e impulsando la creación de comunidades energéticas renovables en manos de la ciudadanía”, ha señalado Vanessa Álvarez, responsable de Justicia climática de Amigos de la Tierra.
Fuente: Amigos de la Tierra