Andalucía defiende ante el Gobierno la necesidad de una bajada de impuestos que dé oxígeno al sector agrario ante unos costes desorbitados

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha defendido esta tarde en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios la “necesidad” de una bajada de impuestos que dé “oxígeno” al sector agrario ante la desorbitada subida de costes de producción.

La titular del ramo ha trasladado la posición consensuada previamente con las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, reclamando como una prioridad que el Gobierno destine más fondos del Next Generation al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Crespo ha concluido que la bajada de 20 céntimos en los carburantes es insuficiente y ha reclamado al Ministerio, entre las principales demandas de Andalucía, una bajada fiscal a través de una desgravación especial de la energía, el gasóleo, los piensos, los fertilizantes y los plásticos para el sector agrario. De esta forma, se persigue que los agricultores y los ganaderos compensen parte de una subida generalizada de los costes que pone en serio riesgo la rentabilidad de una actividad que en el caso de la comunidad andaluza supone el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 10% del empleo.

España va a recibir de Europa 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2026 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por ello Crespo ha incidido en que el Ministerio de Agricultura debe recibir mucho más de lo inicialmente fijado. «No puede ser que solo cuente con 1.000 millones de euros del Next Generation, mientras que Transición Ecológica se lleve 14.000 millones de euros», ha enfatizado.

El Gobierno andaluz tiene claro que “no es el momento de establecer más cargas que limitan” a un sector que ha sido un ejemplo durante la pandemia y que en comunidades como Andalucía es uno de los ejes sobre los que pivota la economía. “Consideramos que es necesario adecuar la nueva PAC a la situación de excepcionalidad, de forma especial en la aplicación de los ecoesquemas. Los agricultores y los ganadores andaluces son ejemplo de aplicación de prácticas sostenibles. De hecho, la superficie ecológica ya se encuentra en el 29,7%, pero implantar ahora las estrategias De la granja a la mesa y la Biodiversidad supondría recortar en un 10% la competitividad del sector”, ha añadido.

Perjudicial reparto de las ayudas a la leche

La consejera ha agradecido que se pongan en marcha ayudas “absolutamente imprescindibles” para la subsistencia de agricultores y ganaderos, pero ha exigido un reparto “justo y equitativo”. Es decir, una distribución del fondo de crisis (193 millones de euros), similar al que ha hecho la Unión Europea con los Estados miembros, lo que supone que a Andalucía llegue un 29,5% del presupuesto. “No se trata solo de paliar los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino de dar una respuesta a la crisis por una subida desorbitada de los costes de producción y por la sequía que castiga de forma especial a Andalucía”.

En este mismo sentido, Crespo ha expuesto la preocupación del sector de la leche. “El sistema fijado por el Gobierno para el reparto de 160 millones de euros en ayudas nos perjudica al no tener en cuenta el modelo productivo de leche de Andalucía. El reparto que hace el Ministerio, sin previa negociación, penalizará en 3.900 euros de media a las explotaciones de leche de vacuno y en 1.000 euros a las de caprino de leche”, ha explicado.

Desde Andalucía, por último, se insiste en la conveniencia de recuperar la doble tarifa eléctrica para regadíos, como se acordase en 2018, al tiempo que se insiste en proteger la soberanía alimentaria a través del concepto de preferencia comunitaria y la aplicación de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal de terceros países.

Ayudas de la Junta

La consejera ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz para responder a una situación límite como la que vive el sector agrario. Así, el próximo lunes se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto-ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno y que incluye medidas de emergencia y urgencia para paliar la sequía y la crisis de costes de producción en los sectores agrícola, ganadero y pesquero. “Invertimos hasta 125 millones de euros más en infraestructuras hidráulicas, que se suman a los 18 millones que ya se ejecutan, y que permitirán ampliar los recursos hídricos disponibles en 120 hm³ gracias a las aguas regeneradas, desaladas y subterráneas”.

Además, según ha destacado Crespo, con esta ampliación del decreto “aplicamos bonificaciones y exenciones de tasas a agricultores y pescadores hasta alcanzar un total de 141,5 millones de euros” para ayudar al sector primario “a salir adelante ante una situación que requiere del apoyo máximo de todas las administraciones”.

A este respecto, la consejera ha puesto el acento en las ayudas que se van a convocar destinadas a inversiones para reducir las consecuencias de la sequía en la ganadería a través de balsas, cubas de agua y construcción de abrevaderos. La dotación presupuestaria inicial es de 2 millones de euros y permitirá subvencionar hasta el 80% de la inversión, dando prioridad a la ganadería extensiva, con una cuantía máxima por beneficiario de 40.000 euros.

Andalucía pide al Gobierno medidas específicas que den liquidez a la flota pesquera y compensen el elevado precio del combustible y suministros

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha apuntado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola de Asuntos Comunitarios celebrado esta misma tarde la necesidad de apostar por “medidas que den realmente liquidez al sector pesquero y ayuden a afrontar los elevados costes que está sufriendo”, especialmente en lo referente al combustible, la energía y los suministros.

Carmen Crespo ha explicado que el sistema elegido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el reparto de las ayudas “no tiene en cuenta la estructura de la flota pesquera andaluza, que cuenta con un 60% que es artesanal”. En este sentido, ha detallado que la Unión Europea da margen a los Estados miembros para que arbitren ayudas directas de hasta 65.000 euros por barco, mientras que el Gobierno de España solo ha destinado 35.000 euros “a pesar de que es el país con mayor flota pesquera de toda la Unión”.

A ello se suma que las ayudas directas se reparten por barco en función de su tamaño y volumen (GT), quedando reducida la ayuda que reciben a 1.550 euros por embarcación de menos de 25 GT, la menor cuantía de las contempladas por el Ministerio. Ya que el 60 por ciento de la flota pesquera andaluza es artesanal, la consejera ha reclamado que “se tenga en cuenta la estructura de la flota de nuestra comunidad autónoma”, por lo que considera “insuficientes” las ayudas estipuladas.

Crespo ha defendido ante el Gobierno una postura consensuada previamente al Consejo Cultivo en una reunión con los representantes de las organizaciones pesqueras. Un encuentro telemático que ha contado con el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández; el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart; el presidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema), Antonio Concepción; la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes), María Ángeles Cayuela; y el presidente de la Asociación de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), José Ramón Muriel.

0,60 céntimos el litro

Andalucía también ha demandado en el Consejo Consultivo que se establezca un tope de precio de 0,60 euros por litro de gasóleo para el sector pesquero, puesto que por encima no resulta rentable. Al respecto, Carmen Crespo ha explicado que “los 20 céntimos de rebaja aprobados por el estado no son la solución”.

Por otra parte, la consejera ha pedido una bonificación a la Seguridad Social, y no el aplazamiento a tres meses aprobado por el Ministerio, además de lamentar que, como ha asegurado, “están cobrando intereses del 0,5% a un sector que se encuentra ya muy endeudado y al que no le dan ni siquiera la posibilidad de llevar a cabo un aplazamiento si ya tienen solicitado uno previamente”.

Respecto a las tasas portuarias, Andalucía ha pedido al Ministerio que no se limiten exclusivamente a la descarga de pesca fresca y tengan en cuenta, como hace el Gobierno Andaluz, a todos los operadores de sus puertos, desde las tasas por descarga de embarcaciones a las referentes a los cuartos de armadores.

Además, Crespo ha solicitado la puesta en marcha de ayudas para tripulantes, almadrabas y empresas auxiliares, que son, a su juicio, “imprescindibles para la actividad del sector pesquero”. La consejera ha lamentado, asimismo, que “dejan fueran también a las empresas acuícolas”.

El sector viene sufriendo años de recortes en sus posibilidades pesqueras y, como ha subrayado la consejera, “no reciben el apoyo que se merece por parte del Ejecutivo central”. Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por el contrario, “lo tenemos claro, la pesca es una actividad estratégica, esencial e imprescindible para la economía y el empleo en Andalucía”, como ha especificado Crespo. Y es que, como ha remarcado, “de ella dependen 20.000 familias de la Comunidad”.

La posición de Andalucía en el Consejo Consultivo ha sido muy clara: “sostenemos que hay que poner encima de la mesa todas las posibilidades para ayudar a nuestro sector primario a salir adelante, a hacer frente a la situación excepcional que está viviendo y contribuir a que no pierdan competitividad”. Para la consejera, “es crucial darles liquidez, arroparlos y defender sus intereses”.

Fuente: Consejería de Agricultura