La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo da luz verde al Reglamento Transitorio de la PAC que se aplicará en 2021 y 2022

Los eurodiputados han dado el visto bueno ayer al Reglamento Transitorio de la PAC que se aplicará en los próximos dos años, pero antes, el Parlamento Europeo tiene que dar su espaldarazo definitivo al texto en el Pleno de diciembre.

En dicho Pleno se culminará el proceso que dará el refrendo al texto que entre en vigor en enero del próximo año. Para ello, hay que esperar primero a la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 10 y 11 de diciembre y que se alcance un acuerdo sobre el presupuesto plurianual para poder dar luz verde a este Reglamento Transitorio.

Gracias a la aprobación de esta normativa, los agricultores y ganaderos tendrán la garantía jurídica para contar con las subvenciones agrícolas y la financiación al desarrollo rural de la UE los dos próximos años hasta la entrada en vigor de la nueva PAC en enero de 2023. Lo que permitirá una transición sin alteraciones entre la PAC actual y la futura (2023-2027).

Según la eurodiputada socialista y portavoz de la comisión de Agricultura, Clara Aguilera, “a día de hoy seguimos a la espera del gran acuerdo presupuestario”. Este Reglamento transitorio incluye, además, el acuerdo que permite mantener los fondos del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) a su actual nivel. Este punto «es fundamental para Canarias», ha dicho Aguilera, porque así se evitará el recorte del 3,9% propuesto por la Comisión Europea.

Además, los eurodiputados votaron a favor que los Estados Miembros faciliten faciliten a los agricultores la obtención de una compensación por las graves caídas de ingresos y las pérdidas causadas por eventos climáticos adversos, brotes de enfermedades animales o vegetales o infestaciones de plagas.

Asimismo, el Reglamento transitorio amplía a seis meses el plazo para resolver las solicitudes de apoyo temporal de las medidas de desarrollo rural (Feader), habilitado como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

También incorpora los fondos del Plan de recuperación destinados al Desarrollo Rural, con aplicación a partir de enero de 2021. Estos recursos adicionales se distribuirán en dos anualidades y a España le corresponderán cerca de 726 millones de euros.