La Junta concederá avales a los agricultores para facilitar los anticipos de fondos Feader

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del acuerdo alcanzado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con la Sociedad de Avales Garantia para la concesión de anticipos de ayudas Feader con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que será rubricado en los próximos días.

La Junta considera necesario adoptar medidas que faciliten la constitución de garantías previas a la concesión del anticipo del pago de estas ayudas, algo que ya se determinó en el Consejo de Gobierno del pasado 30 de junio, por entender que permiten inyectar liquidez a partir de las ayudas de este fondo.

Esto se debe a que, para facilitar la ejecución de los proyectos de inversión, la Unión Europea permite que los Estados miembros puedan abonar anticipos con la limitación de que no podrá superar el 50% de la ayuda, si bien establece que este pago estará supeditado a la constitución de una garantía bancaria o de una garantía equivalente que corresponda a la totalidad del importe anticipado.

La Junta de Andalucía es consciente de que esta exigencia puede suponer para las empresas un impedimento para la solicitud en los actuales momentos marcados por los efectos del Covid-19. Las pequeñas empresas y los autónomos son los que con mayor intensidad soportarán esta situación por el impacto de la pandemia.

La entidad Garantia SGR es una sociedad de garantía recíproca andaluza con presencia estable y permanente en todo el conjunto del territorio andaluz, cuya actividad principal consiste en facilitar el acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces mediante la prestación de avales y servicios de asesoramiento financiero a los mismos y el establecimiento de una línea de avales para los posibles beneficiarios de estas ayudas en condiciones ventajosas.

La Junta prevé la creación de 11.000 puestos de trabajo con la nueva Ley de Puertos

La modificación de la Ley 21/2007 de Puertos de Andalucía, aprobada el 5 noviembre de 2020 en el Parlamento de Andalucía con los votos favorables del PP, PSOE, Ciudadanos y VOX, posibilitará nuevas inversiones y líneas de negocio que generarán cerca de 11.000 nuevos puestos de trabajo en la comunidad.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha elevado un informe al Consejo de Gobierno en el que se constatan los beneficios de una nueva ley que otorga seguridad jurídica a las empresas concesionarias, que pueden ampliar el plazo siempre que realicen inversiones de mejora en las instalaciones portuarias. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) estima que esta modificación de la ley tendrá un impacto económico próximo a los 600 millones de euros en la comunidad autónoma, con una previsión de 10.900 empleos entre las inversiones previstas y futuros proyectos portuarios.

Sólo las obligaciones para realizar inversiones en los puertos están cifradas en 44 millones de euros, lo que supondrá la creación de 1.000 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras de mejoras de las instalaciones portuarias. El resultado de estas obras dibujará un nuevo escenario en estos puertos que posibilitará la generación de 600 empleos más.

Asimismo, la modificación de la ley ha otorgado la tranquilidad a algunos concesionarios para retomar su interés por ampliar las instalaciones. Puertos de Andalucía estima que estos proyectos podrían generar un impacto económico de 300 millones de euros, con una creación de empleo de 3.500 personas sólo en mano de obra.

Una vez realizadas las ampliaciones, se calcula 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos fruto de las nuevas instalaciones creadas. Además, el hecho de que se garantice la seguridad jurídica también contribuye a animar a algunos empresarios privados a la construcción de nuevos puertos en Andalucía.

En ese sentido, se encuentran en diversas fases administrativas los expedientes para la construcción de nuevos puertos en Torrox (Málaga), Almuñécar (Granada) y Motril (Granada). Estas instalaciones supondrán una inversión cercana a los 240 millones de euros, con una previsión de nuevos 300 empleos durante el desarrollo de las obras y, una vez concluidas, de la contratación de 2.500 personas entre empleos directos e indirectos.

La modificación aprobada en el Parlamento ha acabado con una situación de inseguridad jurídica que afectaba gravemente al sector, ya que no podía hacer previsiones a corto y largo plazo porque desconocía la vigencia de las concesiones de unos puertos que cuentan con una plantilla de 500 empleados directos y más de 7.000 atraques.

El origen del problema residía en que las concesiones portuarias andaluzas se asientan sobre porciones de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos que han llevado a diversas interpretaciones de cara a su aplicación.

Tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas a la Administración central –la última de enero de 2019–, el Estado no se había pronunciado salvo para indicar que cada comunidad debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias. Esa situación se había resuelto en otras comunidades mediante regulación propia, no así en Andalucía, que desde ahora sí cuenta con el soporte legal para dar tranquilidad.

La proposición de ley no solo tiene por objeto regular de forma concreta, ordenada y desarrollada el problema existente, sino que adopta medidas de carácter social para la regeneración y consolidación del empleo, promover el acceso de todos los ciudadanos a los puertos y al ejercicio de los deportes náuticos.

Aprovechar suelos vacíos Además de las posibilidades de creación de empleo que se abren con la modificación de la ley, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado una nueva línea de negocio para promover la implantación de empresas en los 150.000 metros cuadrados de parcelas existentes en desuso en los puertos de gestión directa de APPA.

Las estimaciones de la agencia apuntan a que se podrían generar 6.000 empleos, entre mano de obra y personal contratado por las empresas instaladas, que se sumarán a los 10.900 trabajos que se prevén como consecuencia del cambio normativo en la Ley de Puertos. Se calcula que la inversión en estas parcelas ronde los 200 millones de euros.

Andalucía abre el plazo para solicitar las ayudas dirigidas a compensar las pérdidas por la Covid-19 en el sector acuícola

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible abre desde mañana, miércoles 11 de noviembre, el plazo de diez días para presentar las solicitudes de ayuda destinadas al sector de la acuicultura marina y continental para compensar las pérdidas económicas producidas por la reducción de las ventas de productos acuícolas debido a la Covid-19.

Con estos incentivos se pretende paliar el impacto económico de la pandemia en estas empresas para evitar el cese definitivo de actividad de los negocios y, de esta forma, lograr que se mantenga el empleo ligado a estas labores.

El presupuesto total de esta línea de subvenciones asciende a 1,5 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020)   y dirigidos a respaldar a unos productores que se han visto especialmente afectados por la caída de las ventas derivada de las medidas adoptadas durante el estado de alarma decretado en España para hacer frente a la pandemia por coronavirus. En concreto, las subvenciones pueden ascender hasta un máximo de 150.000 euros por explotación en función de las caídas de ventas y la repercusión en el empleo.

La consejera de Pesca, Carmen Crespo, ha lamentado que tanto el precio como el volumen de la comercialización de productos acuícolas andaluces haya experimentado en 2020 “una reducción sustancial” con respecto a la media de los años anteriores a causa del cierre de los diferentes canales de distribución de este sector (puntos de venta, mercados de abastos y canal Horeca).

Este impacto ha provocado incluso que algunas producciones de pescado y marisco hayan resultado deficitarias durante la crisis. “Ante esta situación, desde el Gobierno andaluz queremos ofrecer todo nuestro apoyo a estos profesionales que se han visto afectados de forma especialmente negativa por la Covid-19 y hacer todo lo que está en nuestra mano por ayudarles a salir adelante”, ha aseverado la consejera.

Además de estas medidas extraordinarias relativas a la pandemia, el Gobierno andaluz respalda al sector de la acuicultura de forma permanente a través de otras actuaciones como, por ejemplo, las convocatorias anuales de ayudas a inversiones productivas de esta actividad y a los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores acuícolas. Además, la Consejería de Pesca está actualmente trabajando en la adopción de una nueva Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina 2021-2027 que, como ha resaltado Carmen Crespo, “persigue impulsar el aumento de la riqueza y el empleo que esta actividad genera en Andalucía».

Datos del sector acuícola

La Comunidad Autónoma andaluza cuenta actualmente con cerca un centenar de empresas dedicada a la cría de peces, moluscos, crustáceos y algas, cuya producción superó en 2019 los diez millones de kilogramos valorados en más de 73 millones de euros. En cuanto a puestos de trabajo, el sector acuícola andaluz genera más 1.000 empleos directos.

Las instalaciones en mar abierto genera el 75% de la producción acuícola de la Comunidad Autónoma andaluza y se concentran, mayoritariamente, en la zona mediterránea. El otro 25% se obtiene en piscifactorías, que ocupan más de 7.500 hectáreas y que se encuentran, principalmente, en marismas y esteros de la Bahía de Cádiz, en la desembocadura del río Guadalquivir y en la costa occidental de Huelva (entre los ríos Piedras y Carreras).

Fuente: Junta de Andalucía / Consejería de Agricultura