UPA Andalucía no comparte las afirmaciones de ciertos “expertos”, operadores y especuladores respecto a la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria
UPA Andalucía responde a las afirmaciones tendenciosas vertidas por determinados expertos, industriales, envasadores y especuladores, en las que vienen a concluir que la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria “presenta una cara negativa”, que la misma “complica a todos y beneficia a muy pocos”, metiendo miedo a los agricultores diciendo “que viene Hacienda”, vaticinando que “el olivar tradicional no tiene futuro con la nueva ley” o expresando afirmaciones tan vergonzosas como que “vender por encima de costes de producción no es la solución para el aceite de oliva”.
En contraposición a estas declaraciones, la organización agraria, a través de su secretario general, Miguel Cobos, ha querido manifestar todo lo contrario, afirmando que “la nueva ley viene a beneficiar a muchísimos dentro del sector productor, y no favorecerá a los especuladores, esos que se oponen lógicamente y de manera interesada a los cambios de la ley para seguir haciendo su agosto a costa del sector primario, apropiándose de todo el margen de beneficios y pagando al agricultor precios ruinosos. Además, denotamos un amplio y preocupante desconocimiento del Real Decreto Ley ya que este no obliga a vender por encima de costes, lo que obliga es a no comprar por debajo de los mismos, que es muy diferente.”
Ni más ni menos, prosiguen desde UPA Andalucía, “la nueva modificación legislativa ampara al 70% del olivar de Andalucía, el olivar tradicional, que percibe a día de hoy por su aceite 1,89 € por kilo de media, lo que no da ni para cubrir costes de producción, costes que se asientan según el Consejo Oleícola Internacional en torno a los 2,70 € para este sistema de producción mayoritario (a la vez que indispensable por cuanto produce un volumen de aceite absolutamente determinante en la producción nacional) y sin el cual no se podrían abastecer, ni de lejos, las necesidades del mercado. Estos son datos objetivos que se pueden cotejar y que evidencian sí o sí la necesidad de la ley”.
Ni que decir tiene que el sector olivarero es estratégico social y económicamente para nuestra comunidad, y es un cultivo que define nuestra economía, nuestro paisaje y la cultura de nuestra tierra, que fija la población en nuestros pueblos y que aporta alrededor de un tercio del empleo agrario de la región, “por lo que es un sector que no podemos permitir que se siga ultrajando”, argumenta el secretario general de la organización.
Y es intolerable, añade Cobos, “que en una situación de mercado del olivar como la actual, en la que se están batiendo todos los records de salidas tanto en exportaciones como en consumo nacional, con menos aceite en bodegas que la pasada campaña, y luchando contra la insolidaridad de los industriales que ya han importado un 42% más de aceite que la campaña anterior, los olivareros tengan que seguir percibiendo unos precios ruinosos que en este momento son un 38% menores que el año pasado por estas mismas fechas, lo cual es paradójico e inadmisible”.
Contra los voceros que afirman que cubriendo los costes de producción nuestro olivar tradicional deja de ser competitivo en los mercados internacionales, podemos echar la vista atrás y hace no mucho tiempo, por ejemplo, a las campañas 2015/16 o 2016/17 donde esos precios al productor estuvieron por encima de los costes de producción, y no se produjo ninguna “hecatombe” en los mercados, solo que algunos dejaron de ganar más dinero.
Hay que recordar que las principales novedades que incorpora la modificación reciente de la ley son cuestiones trascendentales como la obligatoriedad de la existencia de relaciones contractuales en las que se indique de manera expresa en contrato que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción del eslabón inmediatamente anterior. Además, se incluye como nueva práctica comercial abusiva la destrucción de valor en la cadena, donde además de tener que respetarse ese coste efectivo, en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados.
Por lo tanto, explica Miguel Cobos, “es una ley esencial que, por supuesto, viene a equilibrar las fuerzas dentro de la cadena, y es precisamente por ese reequilibrio por lo que resuenan las voces discordantes y se escenifican las pataletas de los que no quieren que nada se mueva. Pero la ley no debe dar ni dará un paso atrás, al menos, con el beneplácito de UPA Andalucía, e intentaremos así, evitar la especulación que campa a sus anchas en el sector agrario”.
Sí que es cierto, concluye Cobos, “que la nueva ley de la cadena trae consigo algún cambio, como que ahora se construyen los precios de abajo a arriba en vez de al contrario como ha sido siempre, y que cada una de las partes tendrán que hacer un pequeño esfuerzo adicional y justificar documentalmente los costes de cada eslabón. Esto realmente es lo que no interesa a algunos, porque obligará a pagar a agricultores y ganaderos un precio justo, digno y razonable por su trabajo, teniendo que ceder parte de sus márgenes abusivos”.
Está claro que además de la nueva Ley hacen falta otras medidas, que tenemos un problema que no se va a resolver con una única herramienta y, por lo tanto, debe ponerse en marcha un amplio paquete de medidas que resuelva de una forma estructural la crisis de precios en origen en el sector del aceite de oliva.
Entre ellas, podemos destacar la mejora y revisión de los instrumentos de la OCM única: el sistema de almacenamiento privado debe tener un presupuesto garantizado y transparente, así como revisar los precios de desencadenamiento del mismo; la incorporación del aceite de oliva en el artículo 167 del Reglamento de la OCM única, que actualmente es solo de aplicación para el sector del vino, lo que permitiría, ya desde la próxima campaña, la adopción de una norma de comercialización de carácter obligatorio para todos los operadores del sector, con el fin de adecuar oferta y demanda mediante actuaciones de retirada y/o almacenamiento de producto. La supresión de los aranceles del 25% impuestos por EEUU al aceite de oliva envasado.
No permitir el almacenamiento de aceite procedente de terceros países en el Patrimonio Comunal Olivarero, y un control más férreo de las importaciones de aceites de terceros países que están en cifras de record y que vienen a interferir en la comercialización de nuestras producciones. La mejora de los canales de comercialización y la promoción de estructuras que permitan la concentración de la oferta y refuercen la postura negociadora de los productores, frente al reducido número de agentes de compra, así como la diferenciación del producto, asegurando su trazabilidad y pureza. Apuesta decidida por la promoción para abrir nuevos mercados y aumentar el consumo.
Para finalizar, desde UPA Andalucía subrayan que “estamos plenamente convencidos de que la publicación de la nueva Ley de Cadena Alimentaria, es una de las “últimas balas” con las que contamos el sector productor para poder seguir produciendo aceite de oliva de calidad y tener una justa retribución por ello. El futuro de nuestro sector, tal y como lo conocemos hasta ahora, esta en juego, y todos tenemos que actuar con la mayor de las responsabilidades para asegurar la viabilidad de nuestro olivar tradicional, un cultivo sostenible desde el punto de vista ambiental y que también debe serlo social y económicamente.
Fuente: UPA Andalucía