La Consejería de Agricultura reducirá a seis meses las gestiones administrativas que se dilataban un año y medio
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado durante el Pleno del Parlamento celebrado que la intención de su Consejería es reducir a seis meses las gestiones administrativas que con el anterior Gobierno se dilataban un año y medio, principalmente en lo referente a la convocatoria de ayudas procedentes de fondos europeos.
La titular del ramo ha explicado que el Gobierno andaluz trabaja en la agilización de plazos y reducción de trabas desde el primer día. De hecho, como parte del Plan Estratégico para la mejora de la competitividad en el sector agrícola, ganadero, pesquero y del desarrollo rural se ha iniciado la constitución de una mesa de simplificación de trámites administrativos con el sector. “Como diagnóstico y conclusión, cabe asegurar que hay muchísimas trabas y muchísimos pagos retrasados. Vamos, por tanto, a modificarlo”, ha explicado.
En este sentido, la consejera ha recordado que desde su llegada se han desbloqueado 31 millones de euros correspondientes a ayudas incluso de 2015 y 2016. “Se aportaban muchísimos documentos que nada tienen que ver con la normativa europea. Se va a poder poner una aportación menor de documentación, plazos más cortos, menor certificación y más declaraciones responsables”, ha añadido.
“Vamos a pulir las órdenes para eliminar contradicciones entre la normativa nacional y la normativa estatal; intentar que lo que se hacía en año y medio, se haga en seis meses -ha continuado-. El dinero procedentes de fondos europeos ha de estar en manos del sector”. Crespo ha concluido diciendo que su obligación a lo largo del mandato será “dinamizar el empleo dentro de estos sectores” que se engloban en su Consejería.
La Consejería aborda con Cesur la eliminación de trámites burocráticos y la eficiencia en la ejecución de fondos
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido recientemente una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), Ricardo Pumar, en la que se han abordado asuntos de actualidad, y en la que también ha participado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo.
La titular de Agricultura, que estuvo acompañada por el Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Francisco J. Gutiérrez, ha trasladado a la asociación de empresarios los proyectos que desde la Consejería se pretenden ejecutar en relación con el sector y, del mismo modo, ha profundizado en el trabajo que se viene desarrollando por parte de las diferentes direcciones generales para que se agilicen los trámites en materia de medio ambiente y se modifiquen las órdenes para la máxima ejecución de fondos. Una más rápida tramitación de las autorizaciones medioambientales que se sume al desarrollo de la futura Ley de Economía Circular, un proyecto normativo que permitirá grandes avances respetando siempre la sostenibilidad.
El Plan Estratégico para la Mejora de la Competitividad incluye entre sus puntos principales la eliminación de trabas burocráticas y la agilización de ayudas. De hecho, en la primera reunión del grupo de trabajo se acordó modificar las bases reguladoras de las órdenes que permitirán reducir la carga burocrática.
Junto a Ricardo Pumar, también han participado el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, el presidente de la comisión de Agua, Jaime Palop, y los miembros de la junta directiva Manuel Contreras y Gonzalo Guillén.
Cesur es una asociación de empresarios y altos directivos, sin ánimo de lucro, privada e independiente, que persigue mejorar las condiciones económicas, sociales y educativas del sur de España. En la actualidad, aglutina a más de un centenar de empresas de todos los sectores de actividad cuya facturación agregada suma cerca del 20% del PIB andaluz. Entre sus objetivos principales están aumentar el tejido empresarial y la actividad económica, generando más empleo de calidad, apostando por la innovación, como herramienta para incrementar la competitividad, y la educación obligatoria y FP de calidad, verdadero motor del crecimiento del empleo y de la riqueza económica.